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El despido improcedente de un trabajador suele acarrear un coste determinado por la indemnización por despido correspondiente. Hasta hace poco, esta indemnización se situaba en 33 días por año trabajado con un máximo de dos anualidades.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña/Barcelona pone en entredicho esta indemnización, siendo susceptible de ser engrosada, si no se compensa suficientemente el daño causado por el despido.

Según la sentencia de este tribunal, se establece para una trabajadora una indemnización que supera los 33 días por año trabajado, al considerar que la indemnización recibida por despido es claramente insignificante y no compensa el daño producido por la pérdida del puesto de trabajo.

Pero, además del coste directo asociado al despido hay una serie de costes indirectos u ocultos que las empresas deberían tener en consideración.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se fija elevar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, hasta los 15.120 euros brutos anuales, tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales CCOO y UGT.

Con esta nueva cuantía, el salario mínimo aumenta un 8% y supone un incremento del 47% en los últimos cinco años.

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la Recomendación número 206 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y se dispone su remisión a las Cortes Generales, a efectos de su conocimiento.

En la 108ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra del 10 al 21 de junio de 2019, se adoptó la Recomendación número 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Su objetivo es complementar las disposiciones del Convenio nº 190 de la OIT, adoptado simultáneamente en la misma Conferencia y ratificado por España el 25 de mayo de 2022.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

La creación de esta Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), adscrita orgánicamente al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, reviste de una gran importancia al perseguir los siguientes fines:

1. La vigilancia, identificación y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes, así como de los problemas, amenazas y riesgos en materia de salud pública, prestando especial atención a las desigualdades sociales en la salud.

El Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, publicado en el BOE y en vigor hoy, modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece, en sus apartados 1 y 2, los supuestos de uso obligatorio de la mascarilla para las personas de 6 años en adelante, así como las excepciones a dicha obligación.

Asimismo, el apartado 2 de la disposición final séptima de la citada ley habilita al Gobierno a modificar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los supuestos previstos en el artículo 6, cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen.

Cada vez eran más las fichas de ajedrez amenazadas sobre el tablero, por lo que el desenlace de la partida se decidiría en los próximos movimientos. Finalmente, la balanza se decantaría sobre el jugador que mejor aguantó la presión y no cometió errores.

«Se busca trabajador con resistencia a la presión», es el anuncio en muchas ofertas de empleo. ¿Será para jugar al ajedrez?

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de enero de 2023.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

El Gobierno ha aprobado el primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024, una hoja de ruta con 200 medidas centradas en políticas de emancipación, vivienda, educación y empleo joven, entre otras, con una dotación de más de 33.330 millones de euros hasta 2024, de los que 15.000 millones incidirán directamente en los jóvenes. Una inversión para mejorar y proteger los derechos de las personas jóvenes en nuestro país.

Este primer plan impulsado desde el Instituto de Juventud (INJUVE) recoge, actualiza y concreta los retos de la Estrategia de Juventud 2022-2030 que aprobó el Gobierno el pasado mes de mayo, incorporando las necesidades planteadas por la actual coyuntura a medidas e inversiones ya puestas en marcha a lo largo del año 2022.