Legislación

A continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés sociolaboral publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 1 al 31 de enero de 2026, sombreando aquella que ha sido objeto de análisis en esta página.

La Orden PJC/44/2026, de 27 de enero (BOE de 30 de enero), en vigor el 31 de enero, se dicta para hacer efectivo el nuevo marco de la Tarjeta azul-UE en España: tras la actualización de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su actualización, para acomodar los estándares europeos de atracción de profesionales altamente cualificados, era necesario concretar de forma objetiva uno de sus requisitos más importantes –el umbral salarial mínimo– y establecer un mecanismo de actualización ligado a una fuente estadística oficial, garantizando seguridad jurídica y homogeneidad en la tramitación.

En este sentido, la orden fija el umbral salarial de referencia exigible para la concesión de la autorización de residencia de profesionales altamente cualificados titulares de una Tarjeta azul-UE, conectándolo con las previsiones de la Ley 14/2013 (en particular, la exigencia de contrato válido u oferta firme de empleo con una retribución mínima determinada –art. 71 bis.1c–).

En el BOE del 28 de enero se publica la Resolución de 27 de enero de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

En el BOE del 27 de enero se publica la Orden ISM/31/2026, de 23 de enero, por la que se establecen para el año 2026 las bases de cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidas en los grupos segundo y tercero.

La prorrogada Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en su artículo 122. Ocho.2 establece que:

El Real Decreto 39/2026, de 21 de enero (publicado en el BOE el 22-01-26), con entrada en vigor el día de su publicación y efectos económicos desde el 1 de enero de 2026, regula la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2026.

A través de esta norma se desarrollan reglamentariamente las previsiones del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, destacándose los siguientes aspectos:

• Límite de la cuantía inicial de las pensiones públicas (2026): el importe inicial máximo queda fijado en 3.359,60 €/mes o 47.034,40 €/año.
• Revalorización general (2026): las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado (causadas antes del 1/1/26 y no concurrentes) se revalorizan en un 2,7 %.
• Complementos por mínimos (contributivas): se fijan reglas y requisitos (incluida la comprobación de ingresos y, para pensiones causadas desde 2013, el requisito de residencia en España) y las cuantías mínimas se recogen en los anexos.
• Complemento para la reducción de la brecha de género: desde 1/1/26, 36,90 €/mes.
• Pensiones no contributivas: cuantía anual de jubilación e incapacidad en modalidad no contributiva 8.803,20 €/año y complemento por alquiler de 525 €/año (con condiciones).
• SOVI: la pensión (no concurrente) queda en 8.394,40 €/año (con reglas específicas y garantías en casos de totalización internacional).
• Otras prestaciones y ayudas: actualización de prestaciones familiares (asignación por hijo/a a cargo, nacimiento/adopción, etc.) y otras ayudas/subsidios; además, revalorización de ciertas prestaciones específicas (p. ej., gran invalidez de regímenes especiales).

En el BOE de 22 de enero de 2026 (con entrada en vigor el 23 de enero de 2026) se publica el Real Decreto 38/2026, de 21 de enero, por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.

La norma establece un marco común de actuación para reforzar la eficacia, la seguridad y la coordinación entre las distintas administraciones y dispositivos operativos implicados en la lucha contra los incendios forestales.