Legislación

El Real Decreto 316/2025, de 15 de abril (BOE de 16 de abril), con efectos económicos desde el 1 de enero de 2025, supone un ajuste necesario en la normativa sobre la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y su revalorización para el ejercicio 2025. Su aprobación viene motivada por la necesidad de adaptar el marco legal tras la no convalidación del anterior Real Decreto-ley 9/2024 y del subsiguiente Real Decreto 35/2025 (que ahora se deroga expresamente) ofreciendo así una nueva base jurídica que se apoya en el Real Decreto-ley 1/2025.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de abril de 2025.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

La Resolución de 4 de abril de 2025, del Instituto Social de la Marina, publicada en el BOE del 11 de abril y en vigor el 12 de abril, responde a la necesidad de adaptar los botiquines sanitarios obligatorios a las condiciones reales de operación de muchos buques pesqueros. Cambios recientes en la normativa marítima permiten a determinadas embarcaciones ampliar su zona de actividad o modificar su clasificación, lo que implica mayores exigencias en cuanto a la asistencia médica disponible a bordo. Además, las campañas prolongadas lejos de la costa y el elevado número de tripulaciones implicadas ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar tanto el contenido como la organización del material sanitario.

La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (BOE de 2 de abril), modifica el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores para incluir las campañas agrarias y agroalimentarias como circunstancias de la producción que generan un desajuste temporal entre el empleo estable y disponible y que justifican la utilización del contrato de duración determinada previsto para hacer frente a estas coyunturas por las empresas de estos sectores hasta un máximo de 120 días, esto es, 30 días por encima de los 90 establecidos con carácter general.

Estos días no pueden utilizarse de forma continuada, y las empresas deben proporcionar una previsión anual de su uso a los representantes legales de los trabajadores en el último trimestre del año.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de marzo de 2025.

• Normativa de las Comunidades Autónomas

La Orden TES/293/2025, de 20 de marzo, publicada en el BOE de 27 de marzo y con entrada en vigor el 28 de marzo, introduce cambios en el procedimiento de reintegro de prestaciones y subsidios por desempleo indebidamente percibidos. Esta norma, en desarrollo del artículo 33.3 bis del Reglamento de desempleo (RD 625/1985, de 2 de abril), establece la cuantía mínima de deuda que exime a la entidad gestora de prestaciones por desempleo de iniciar el procedimiento de recaudación en vía voluntaria.

El principal objetivo de esta orden es optimizar la gestión de los recursos públicos, evitando la tramitación de procedimientos de recaudación cuyo coste supere el importe de la deuda a recuperar. En este sentido, se establecen umbrales mínimos de deuda que justifican el inicio del procedimiento de reintegro, considerando criterios de eficiencia y proporcionalidad.

Las cuantías mínimas que eximen del inicio del procedimiento de recaudación son las siguientes:

En el BOE de 24 de marzo se ha publicado la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo (c/e en BOE de 27 de marzo), que recoge una actualización en el régimen de retribución de los profesionales de la abogacía y la procura que prestan sus servicios en el sistema de asistencia jurídica gratuita.

El Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, publicado en el BOE de 19 de marzo y en vigor el 20 de marzo de 2025, introduce un nuevo marco jurídico para la redistribución de menores extranjeros no acompañados (menas) en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Esta normativa responde al incremento sostenido de llegadas y al impacto desproporcionado en determinadas comunidades y ciudades autónomas, especialmente Canarias y Ceuta.