Comunicación a la Seguridad Social de los acuerdos colectivos de empresa en los que se asuman compromisos en materia de jubilación parcial suscritos antes del 25 de mayo de 2010

La disposición transitoria segunda del Real Decreto-Ley 8/2010 establece que, hasta el 31 de diciembre de 2012, podrán acogerse a la modalidad de jubilación parcial establecida en el artículo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que cumplan los requisitos exigidos en las letras b), c), d), e) y f) de dicho precepto, los trabajadores afectados por compromisos adoptados en ERE o por medio de convenios y acuerdos colectivos de empresa, aprobados o suscritos, respectivamente, con anterioridad al 25 de mayo de 2010, a las edades de 60 años si el trabajador relevista es contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida, y 60 años y 6 meses si el trabajador relevista es contratado en otras condiciones.

Incentivos por reducción de la siniestralidad laboral

La Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio (BOE del 4), desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral; real decreto que fue reproducido y presentado en el número 141 de esta publicación ¹.

El desarrollo del real decreto se centra principalmente, aunque no sólo, en aspectos relacionados con la presentación y tramitación de solicitudes (art. 7 RD 404/2010) y con la aplicación y cuantía del incentivo (art. 4.4 en relación con la disp. trans. 1.ª RD 404/2010):

Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura o reanudación de actividades en los centros de trabajo

El artículo 6 del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, sobre comunicación de apertura o reanudación de actividades en los centros de trabajo, fue modificado en un doble sentido por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre («Ley Ómnibus» que procedió –como se sabe– a la modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva «Servicios») con el objetivo de reducir las cargas administrativas a realizar por los sujetos que intervienen en estos procesos. Así, por un lado, se establece la posibilidad de que la preceptiva comunicación de la apertura de un centro de trabajo o de la reanudación de las actividades tras haber efectuado alteraciones, ampliaciones o transformaciones se realice ante la autoridad laboral competente, bien en el plazo de los 30 días siguientes a la apertura o reanudación –como se venía haciendo hasta ese momento– o bien con carácter previo. Por otro lado, y como excepción a esta regla general y en relación con las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se determina la obligación de comunicación de apertura con carácter previo al comienzo de los trabajos, obligación que incumbe al empresario contratista, limitándose la función del promotor al control del cumplimiento de la citada obligación. Se estaría en palabras de la profesora Villar Cañada ¹ ante «un intento de reforzar los controles en este sector de la construcción, caracterizado por una estructura empresarial compleja, que se traslada a todos los ámbitos de las relaciones de trabajo».

Modificación de tipo de cotización en norma sobre sustancias químicas

La Ley 8/2010, de 31 de marzo (BOE de 1 de abril), sobre establecimiento del régimen jurídico sancionador previsto en los reglamentos comunitarios relativos al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, y sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, contempla en su disposición final primera una modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 relativa a la cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de Autónomos. Así, respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, y cuando el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a la mínima (841,80 euros mensuales), se modifica el tipo de cotización aplicable a la cuantía que exceda de la mínima referida que pasa del 28,30 por 100 al 26,50 por 100.

Prorrogada durante dos años la aplicación de bonificaciones de cuotas respecto de empresas y trabajadores por cuenta propia de Ceuta y Melilla

La Orden TIN/530/2010, de 5 de marzo (BOE del 9), prorroga durante dos años la aplicación de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social reguladas en la Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero.

Los empresarios dedicados a las actividades encuadradas en los Sectores de Comercio, Hostelería, Turismo e Industria, excepto Energía y Agua, en las Ciudades de Ceuta y Melilla, respecto de los trabajadores que presten sus servicios en sus centros de trabajo ubicados en el territorio de dichas ciudades, tendrán derecho a una bonificación de hasta el 40 por 100 en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta.

Fijadas determinadas condiciones laborales para los controladores aéreos

El Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero (BOE del 5), convalidado por Resolución de 11 de febrero, del Congreso de los Diputados (BOE del 18), regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, establece las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y fija determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.

Las medidas adoptadas se articulan en torno a dos bloques:

El primero, en la línea de abrir la prestación de servicios de navegación aérea a nuevos proveedores, introduce disposiciones reguladoras en los siguientes aspectos:

Los trabajadores al servicio de las Mutuas no pueden desarrollar actividades en las sociedades de prevención

La Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (BOE de 5 de enero de 2010), reitera la vigencia del Real Decreto 688/2005, en el sentido de que los trabajadores al servicio de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Mutuas), cualquiera que sea su categoría, no podrán desarrollar actividades de ninguna clase en las sociedades de prevención constituidas por aquéllas, con la única excepción relativa a los directores gerentes de éstas durante el periodo transitorio previsto en la disposición transitoria segunda.4 del real decreto mencionado. En consecuencia, con esa única excepción, no se podrá imputar al presupuesto de la Seguridad Social el abono de cualesquiera retribuciones o complementos salariales por la prestación de servicios de personal de la Mutua a la sociedad de prevención, preservándose de este modo la separación de los medios utilizados por estas entidades en su doble actividad como colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social y como servicios de prevención ajenos.

Reforma de la Ley de Extranjería

La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE del 12), en vigor el 13 de diciembre, introduce cambios que afectan a todos los títulos de la norma.

Antes de hacer una breve referencia a las modificaciones más relevantes, que serán objeto de estudio detallado en el trabajo titulado «La enésima regulación de la inmigración extranjera en España: ¿Un "estatuto" para facilitar "mano de obra" o para la "integración de personas" diferentes?», de don Cristóbal Molina Navarrete, que se publicará próximamente en el volumen dedicado a Comentarios y Casos Prácticos de la RTSS. CEF, destáquese que se han sustituido a lo largo del articulado de la Ley de Extranjería –y se recoge tal sustitución como mandato general extensible a todo el Ordenamiento jurídico– todas las referencias a los términos «residencia permanente» o «residente permanente» por «residencia» o «residente de larga duración». Hecha esta consideración, se destacan las siguientes modificaciones: