Legislación Estatal

A través de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, en vigor el 15 de marzo, se adoptaron para un periodo inicial de 3 meses una serie de medidas en materia de recursos humanos, a desarrollar por las comunidades autónomas (CCAA) en su territorio, con el objetivo de garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas por el coronavirus. Esta orden, que ha sido objeto de interpretación (en concreto su apdo. noveno) por la Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, para señalar que las autoridades sanitarias de las CCAA pueden habilitar los establecimientos de alojamiento turístico para uso sanitario, se ve afectada de nuevo por la Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, publicada en el BOE de 30 de marzo (y con efectos el mismo día de su publicación), para dar respuesta a la creciente demanda asistencial provocada por el COVID-19.

Para hacer frente a la situación crítica de los colectivos destinatarios de los servicios sociales, que necesitan una atención ineludible e inaplazable, y ante la grave situación de falta de personal que se está produciendo en los centros y entidades públicos y privados acreditados que proveen de tales servicios sociales esenciales, en la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo (publicada en el BOE del 28 de marzo y con vigencia desde esa fecha hasta el fin del estado de alarma y su/s prórroga/s), se adoptan medidas en relación con el personal de este sector para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de servicios sociales en su conjunto y la continuidad de los mismos.

La Orden SND/295/2020 se aplica a todos los centros y entidades, públicos y privados (estos últimos considerados a estos efectos como operadores de servicios esenciales), que presten cualquiera de los servicios contenidos en el Catálogo de Referencia aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de 2013, y a sus trabajadores y trabajadoras cualquiera que sea la naturaleza de su relación contractual o administrativa.

Las medidas que se establecen son las siguientes:

El Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo (en adelante, RDL), publicado y en vigor el 28 de marzo, recoge en nuestro ámbito las medidas que se exponen a continuación y que complementan las adoptadas en el Real Decreto-Ley 8/2020 con el fin de paliar los devastadores efectos del COVID-19 en nuestro mercado laboral.

La Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados (BOE del 28 de marzo), ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020.

En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, desde el 27 de marzo hasta el final del estado de alarma (prórrogas incluidas), se establece por Orden SND/293/2020, de 25 de marzo (BOE de 27 de marzo), la prohibición para los servicios de farmacia hospitalaria de dispensar medicamentos de dispensación hospitalaria para más de 2 meses de tratamiento, si bien la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá reducir este periodo a 1 mes para medicamentos cuya disponibilidad haya de garantizarse.

El vértigo con el que se suceden las disposiciones en todos los ámbitos como consecuencia del COVID-19 tiene, en el sector del transporte de mercancías –al que desde aquí rendimos un sentido homenaje– un reflejo evidente. La Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, publicada en el BOE de 27 de marzo, es la tercera que aborda la cuestión de exceptuar temporalmente a estos transportistas del cumplimento de las normas de tiempos de conducción y descanso (recuérdese que la primera resolución que recogió esta excepción fue la de 13 de marzo de 2020, dejada sin efecto por la de 16 de marzo de 2020).

En el BOE de hoy de 26 de marzo de 2020, se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.

El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo.