Artículos legislación

En el BOE de 1 de marzo de 2023 se publica la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, cuya entrada en vigor se producirá al día siguiente.

Esta norma está relacionada con el cumplimiento de la Reforma 5 «Modernización de políticas activas de empleo» del Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y una de las actuaciones contempladas para su implementación es la modificación del texto refundido de la Ley de Empleo (RDLeg. 3/2015, de 23 de octubre) que prácticamente es derogado en su integridad.

El diagnóstico de la situación de partida es que existen deficiencias en nuestro mercado de trabajo y que el cambio tecnológico en las próximas décadas hará que desaparezcan muchas ocupaciones, que surjan otras nuevas y que se transformen el resto. Conseguir solventar las deficiencias y que la transición a esa «nueva manera de trabajar» sea posible y beneficiosa para la población trabajadora pasa por aumentar la inserción laboral en 15 puntos en los próximos 30 años (alcanzando una tasa de empleo similar a la de los países más avanzados de Europa –80 % en 2050–) y reducir progresivamente las brechas de género. Para ello, entre otras cuestiones, se hace necesario reformar las políticas activas de empleo, cuestión a la que quiere responder esta norma.

Sin perjuicio de emplazar a una lectura detenida de la ley, destacamos las siguientes novedades:

• Creación de la Agencia Española de Empleo


• Ampliación de los colectivos de atención prioritaria


• Establecimiento de un catálogo de servicios común en todo el territorio del Estado
  
  
• Reformas deslocalizadas del Estatuto de los Trabajadores
• Reforzamiento de la garantía legal de inembargabilidad del SMI
• Retorno del control público a los despidos colectivos
  
  
• Catálogo de normas afectadas por la Ley de Empleo

En el BOE del 21 de febrero, y con entrada en vigor el 13 de marzo, se publica la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Esta norma incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 (Directiva Whistleblowing), y su finalidades proteger a las personas físicas que informen, a través de alguno de los procedimientos previstos en ella, de infracciones del Derecho de la Unión previstas en la directiva citada y de infracciones penales y administrativas graves y muy graves de nuestro ordenamiento jurídico.

El Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero (BOE de 15 de febrero), por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023, establece las cuantías que deberán regir entre el entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, procediendo su abono, en consecuencia, con efectos del 1 de enero de 2023.

Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 8% respecto de las previstas en el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fijó el SMI para 2022, y cuyos efectos fueron prorrogados mediante el artículo 100 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, quedan fijadas en:

En el BOE del 17 de enero se publica la Orden ISM/25/2023, de 13 de enero, por la que se establecen para el año 2023 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (RETMAR) incluidos en los grupos segundo y tercero.

Como ya se tuvo oportunidad de indicar el pasado del 11 de enero, en el BOE de ese día se publicó el Real Decreto-Ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, primera norma de extraordinaria y urgente necesidad del año que prevé una demora de su entrada en vigor hasta el 1 de septiembre de 2023.

No obstante, esa vacatio legis no opera para todo su contenido, recogiéndose en una primera «entrada» las modificaciones cuya entrada en vigor era inmediata, para, en esta, dar cuenta de aquellas que lo harán el 1 de abril y el 1 de julio de este año y, en una posterior, las que serán efectivas el 1 de septiembre.

El pasado 5 de enero se dio noticia en esta página de la publicación del Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que, a partir del próximo 1 de abril, se suprime la obligación de los facultativos médicos de entregar a los trabajadores una copia en papel de sus partes médicos de baja, confirmación y alta con destino a la empresa y, por tanto, la desaparición de la obligación que hasta ese momento les atañe de entregarla a la empresa en un plazo determinado. Desde entonces, será la administración quien directa y puntualmente comunique a la empresa la expedición de los partes, incumbiendo a la empresa la transmisión a aquella de los datos adicionales que sean necesarios para gestionar la prestación por incapacidad temporal (IT) y la compensación, en su caso, de lo abonado en pago delegado.

Como consecuencia de este cambio, la Orden ISM/2/2023, de 11 de enero (BOE de 13 de enero), con entrada en vigor el mismo 1 de abril, modifica el articulado y los modelos de partes médicos contenidos en la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, para adaptarlos a la nueva regulación.

En el BOE del 11 de enero, se ha publicado el Real Decreto-Ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

La primera norma de extraordinaria y urgente necesidad del año que acabamos de iniciar dice acometer una «reforma estructural» y prevé una demora de su entrada en vigor hasta el 1 de septiembre de 2023, vacatio legis que «resulta necesaria para posibilitar, junto con el conocimiento material de la norma, la adopción de las medidas de gestión imprescindibles para su aplicación, además de constituir una exigencia básica del principio de seguridad jurídica».

Sin perjuicio de ir ofreciendo un resumen de todo su contenido, atenderemos, en esta primera «entrega», a las modificaciones contenidas en este real decreto-ley cuya entrada en vigor es inmediata para, próximamente, dar cuenta de aquellas que lo harán el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de septiembre de este año.

En el BOE del 5 de enero se ha publicado el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Los cambios introducidos, con el fin de agilizar trámites y eliminar obligaciones burocráticas, entrarán en vigor el 1 de abril de 2023 y se aplicarán tanto a los procesos de incapacidad temporal (IT) nuevos, como a los que en ese momento se encuentren en curso y no hayan superado los 365 días de duración.