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En el acto de apertura del curso, la ministra ha puesto en valor los trabajos del Pacto de Toledo y el Diálogo Social para buscar un consenso social y político que garantice el presente y el futuro de las pensiones

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, considera que trabajar para lograr la estabilidad financiera del sistema de pensiones es fundamental y ha recordado las recomendaciones del Pacto de Toledo de separar las fuentes de financiación.

Para la ministra la sostenibilidad del sistema de pensiones incumbe al Gobierno en primer lugar, pero también a la sociedad en su conjunto. Y, por ello, ha puesto en valor los trabajos del Pacto de Toledo y el Diálogo Social en la búsqueda de un consenso social y político, en una materia tan fundamental como es garantizar el presente y el futuro de las pensiones.

El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, mediante un Real Decreto que modifica el Real Decreto 595/2018, que establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Entre las principales novedades de este Real Decreto con respecto a la estructura que establecía el Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ahora se deroga, cabe señalar las siguientes:

Dependiente de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, se crea una nueva Dirección General de Consumo. Esta dirección general asumirá las competencias de consumo, con el fin de dar un nuevo impulso a la actividad dirigida a garantizar un nivel elevado de protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios, mediante una gestión eficiente y transparente, a través de una unidad de criterio que contribuya a reforzar la confianza de los ciudadanos.

Un contrato en prácticas tiene como objetivo adquirir experiencia sobre los estudios cursados del trabajador. Un contrato en prácticas no es igual a un contrato de formación y aprendizaje. Tampoco es similar a las prácticas no laborales que se realizan durante los estudios como complemento a los conocimientos teóricos que se imparten durante la duración del curso.

Requisitos para acceder a un contrato en prácticas

Para acceder a un contrato en prácticas debes de tener un título universitario, de formación profesional, un certificado de profesionalidad o un título equivalente de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente.

También es necesario que no hayan transcurrido más de cinco años desde la terminación de los estudios. En el caso de personas con discapacidad, este periodo de tiempo puede ser de siete años. Si el trabajador tiene menos de 30 años, no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han desarrollado una operación contra el fraude a la Seguridad Social con especial incidencia en la provincia de Lugo. Se han investigado a 26 personas como responsables de impagos de cuotas que han causado un perjuicio total a la administración de casi 5.000.000 de euros. En el marco de esta operación también se han realizado actuaciones operativas en Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra, Viveiro y Ponferrada.

La investigación comenzó a mediados del pasado año gracias a diferentes escritos-denuncia remitidos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Los agentes han revisado y analizado 12 expedientes de empresas deudoras, todas ellas domiciliadas en la provincia de Lugo, determinando la implicación de los investigados en diversos delitos.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un Real Decreto-ley que modifica otro anterior por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE). El objetivo de esta nueva norma es evitar que alrededor de 41.000 personas queden desprotegidas y sin las ayudas económicas, por no poder reincorporarse al Programa, una vez finalizada su prórroga el 30 de abril de 2018.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un Real Decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena. Es lo que se conoce como “falsos autónomos”. En estos casos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inicia un procedimiento e  insta a la Seguridad Social (ITSS) para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento.

En los últimos tiempos se ha venido produciendo una agria polémica, como dicen los periodistas, a cerca de la hipotética solvencia de nuestro sistema de pensiones llegado el caso, bien cercano, de que resulte deficitario y no pueda cumplir con las honrosas aspiraciones de los forzados contribuyentes, porque, no olvidemos, que la cuota de la Seguridad social no es un seguro, es un impuesto.

Las distintas argumentaciones en contra de la robustez de nuestro sistema se basan en la matemática financiera, cuya proyección de flujos nos dice que, con las velocidades de crecimiento de la población y del número de cotizantes, unido a las tendencias actuales de automatización y digitalización de la economía, se producirá la quiebra del sistema a no mucho tardar, habiendo quien pronostica incluso la fecha de 2050 como la del colapso definitivo del sistema de cumplirse los cálculos proyectados.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentado como precedente un matiz importante en la configuración del derecho a inspeccionar al trabajador en su puesto de trabajo, en el seno de un procedimiento laboral en el que, al llegar el caso a dicha instancia, ha condenado a España por infracción de la normativa de protección de datos mediante la condena de cinco cajeras de un supermercado despedidas por ser grabadas robando por una cámara oculta, de cuya existencia no tenían conocimiento.