RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 de julio de 2016, rec. núm. 2746/2014

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 11 de octubre de 2016, rec. núm. 1821/2016

Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/2016, de 19 de septiembre

En España sigue prohibida la «gestación subrogada», cualquiera que sea su modalidad, hasta el punto de poder llegar a configurarse como delito. Sin embargo, si esas mismas prácticas se hacen en cualquier país del mundo en que sea legal, las normas españolas no solo reconocerán su legitimidad, sino que incluso podrán otorgarle una prestación de «maternidad subrogada». Así lo acaba de confirmar la jurisprudencia social española, que contradice así la prohibición de la jurisprudencia civil del mismo Alto Tribunal. El argumento último es que también las situaciones de hecho, aunque resulten prohibidas en un país, deben protegerse si en juego está el superior interés del menor. Por supuesto, el criterio unificador fijado cuenta con una intensa crítica dentro de la propia Sala Social. La minoría considera que no puede legitimarse el fraude de ley a la norma española, que oculta tal práctica transnacional de gestación subrogada, sin que la prioritaria protección del interés superior del menor exija tal vulneración de los valores y principios básicos de nuestro Derecho (orden público).

Palabras claves: gestación subrogada, prestaciones de maternidad, interés superior del menor y «turismo reproductivo».

Tras años hablando de calidad en educación superior, podemos afirmar que la brecha entre calidad total y lo que se ha estado implantando hasta el momento es enorme. El desajuste por mutua ignorancia entre sistema de competencias y universidad descrito por Carabaña está alcanzando dimensiones imprevisibles para los actores implicados. La Agencia Europea de Calidad en Educación Superior (ENQA) establece que la calidad de las instituciones de educación superior consta de dos partes: por un lado, de forma interna, mediante la implantación de un sistema interno de garantía de calidad, por otro, de forma externa, mediante acreditaciones que realizan las agencias de calidad universitaria. No obstante, las universidades han estado replicando el modelo de la Agencia Española de Calidad Universitaria (ANECA), proporcionando así indicadores aislados, sin poner las bases para un sistema interno de gestión que garantice la calidad total. Se analizan aspectos concretos del funcionamiento que impiden el éxito de esta replicación, pues implantar internamente el sistema externo de acreditación no suple a un sistema interno. La solución pasa por implantar sistemas de gestión basados en competencias, cambio que alcanzaría no solo a lo puramente técnico, sino a la cultura organizacional.

Palabras claves: gestión de conocimiento, calidad, gestión por competencias, educación superior y recursos humanos.

1. Las organizaciones productivas, además de una complejidad creciente, han optado por políticas de downsizing, reduciendo el núcleo estable de trabajadores (core group) y acudiendo a las consabidas fórmulas que englobaríamos en las estrategias de outsourcing: el recurso al trabajo autónomo (en muchos casos «falso»), a la cesión de trabajadores mediante las ETT, o bien, como lo que en este Editorial nos ocupa, a la subcontratación de actividades con las conocidas como «empresas multiservicios». Esto explica, en parte, los cambios en la estructura del empleo en nuestro país, afectado intensamente por el fenómeno de sustitución de personal «fijo» por personal «subcontratado» (tanto en entidades privadas como en instituciones y organismos públicos).

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Este trabajo tiene por objeto el estudio de las excepciones que el legislador y la jurisprudencia, dentro del radio de acción que les es propio, han diseñado para ordenar la convivencia entre la prestación de incapacidad permanente y el trabajo, y entre esta y otras prestaciones del sistema. Se ofrece, así, un estudio de pautas legales y jurisprudenciales, aclarando cuándo la prestación, en cada uno de sus grados (parcial, total, absoluta y gran invalidez), puede compatibilizarse con el trabajo lucrativo, y cuándo pueden disfrutarse varias pensiones, tanto de incapacidad permanente entre sí, cuanto de esta con otras que protegen contingencias diferentes (jubilación ordinaria, anticipada y parcial, incapacidad temporal, desempleo, y muerte y supervivencia). Todo ello desde una perspectiva y análisis crítico centrándose en la consideración de estas reglas como excepciones a la finalidad reparadora del sistema de Seguridad Social, en el bien entendido que la pensión de incapacidad debería responder a una necesidad de sustitución de rentas, que puede no concurrir cuando se realiza un trabajo lucrativo o se disfruta de otra pensión.

Palabras claves: incapacidad permanente, incompatibilidades, trabajo y pensiones.

A modo de visión panorámica, el presente trabajo efectúa un completo y ordenado recorrido por el régimen jurídico vigente de la impugnación judicial de los despidos colectivos. Todo ello, además, con un enfoque intencionadamente práctico en el que, pese a la limitación de espacio con la que se cuenta, se da noticia de los principales y más importantes criterios jurisprudenciales existentes al respecto. No en vano, de lo que en último término se trata es de que su lectura o consulta resulte lo más útil posible para todos sus potenciales destinatarios.

Palabras claves: despido colectivo e impugnación judicial de despidos colectivos.