RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 14 de marzo de 2016, rec. núm. 384/2015

El ordenamiento jurídico laboral español contempla en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores toda una serie de garantías y facilidades en favor de los representantes de los trabajadores a través de las cuales posibilitar un desarrollo adecuado y eficaz de su función representativa. Una de esas garantías es la denominada como «crédito horario», que consiste en la puesta a disposición de los representantes de los trabajadores de un determinado número de horas que deberán empeñarse en el ejercicio de funciones representativas y que tienen, además, carácter retribuido. Pese a tratarse de una institución clásica en el Derecho español, la regulación legal de esta garantía ha resultado particularmente conflictiva, suscitándose múltiples problemas aplicativos que han propiciado la aparición de una extensa doctrina judicial y jurisprudencial dirigida a solventar tales carencias de regulación. El presente trabajo se dirige al análisis crítico del régimen jurídico del crédito horario, los problemas hermenéuticos que este encierra y las soluciones dadas a los mismos por los órganos judiciales.

Palabras claves: crédito horario, representantes de los trabajadores, régimen jurídico y jurisprudencia.

Nuestro estudio se centra en el análisis de la contratación laboral en España desde el año 2012 con el objeto de analizar la incidencia de la última reforma laboral y de las medidas de fomento del empleo aprobadas posteriormente en la evolución del número y tipología de contratos. Después de repasar las medidas de fomento de la contratación, se analizan los resultados a nivel agregado y también por sexo, edad y nivel de estudios durante el periodo 2012-2015. Dicho análisis nos permitirá determinar si existe algún efecto de las diferentes medidas sobre la contratación, especialmente la de carácter indefinido, y su impacto diferencial según los colectivos.
La conclusión más evidente que se deriva del análisis de los resultados a nivel nacional es el aumento de la contratación, sobre todo a partir de 2014, tanto indefinida como temporal, aunque con un menor peso de los contratos bonificados iniciales y de las conversiones.
La relevancia del tema se refleja en las diferentes medidas puestas en marcha en la última legislatura para contribuir a revertir la situación del empleo motivada por la crisis económica iniciada en 2008, intentando incentivar la contratación a la vez que se pretende fomentar la estabilidad laboral y reducir la tasa de temporalidad.

Palabras claves: desempleo, incentivos contratación y temporalidad.

La relación entre las medidas adoptadas por los gobiernos del sur de Europa y sus exámenes de constitucionalidad no ha sido fácil, como atestigua el paradigmático caso portugués. Entre las medidas recientes adoptadas para contener el gasto público, España e Italia incluyeron la suspensión de la revalorización de pensiones en 2012 (y 2013). Sin embargo, ha pasado inadvertido que la coincidencia cronológica de estas medidas ha obligado a sus respectivos Tribunales Constitucionales a pronunciarse al respecto, con distinto desenlace. Este artículo nace con el objetivo de poner en contacto ambas situaciones, analizándolas desde un punto de vista comparado, en primer lugar, introduciendo la materia a través de los fundamentos de los mecanismos de revalorización de pensiones, las dinámicas de funcionamiento de ambas figuras jurídicas y las experiencias previas en suspensión de la revalorización, y, en segundo lugar, con los planteamientos jurídicos de ambos recursos de inconstitucionalidad, las ratio decidendi de ambas sentencias, y finalmente las críticas doctrinales suscitadas.

Palabras claves: revalorización de pensiones y pensiones adecuadas.

El régimen jurídico de la pensión de viudedad constituye un ámbito, dentro de nuestro sistema de Seguridad Social, objeto de cuestionamiento desde hace tiempo. Las distintas reformas operadas en esta materia por el legislador en los últimos años siguen una doble línea: por una parte, la ampliación de los potenciales beneficiarios (reconocimiento a las parejas de hecho) y, por otra, el establecimiento del criterio de la situación de necesidad del beneficiario de la pensión y su dependencia económica respecto del sujeto causante como elemento determinante del nacimiento del derecho. Un establecimiento que, no obstante, no se ha realizado de manera generalizada, sino solo para algunas situaciones (supuestos de parejas de hecho y situaciones de crisis matrimonial), lo cual da lugar en la práctica a un trato legislativo distinto ante situaciones que podrían considerarse equiparables, con las consiguientes dudas sobre su colisión con el principio de igualdad y no discriminación consagrado en nuestro texto constitucional.
Por otra parte, nos hallamos ante un ámbito en el que la realidad social ha ido siempre superando a la realidad legal, por lo que la jurisprudencia desempeña un papel clave en esa labor de adaptación e interpretación finalista de la normativa reguladora del derecho a pensión.

Palabras claves: pensión de viudedad, parejas de hecho, crisis matrimonial y doctrina jurisprudencial.

Las reglas generales sobre la carga de la prueba se muestran insuficientes cuando se trata de acreditar una conducta discriminatoria o lesiva de derechos fundamentales, debido a su gran variedad de manifestaciones y a su carácter habitualmente enmascarado, lo que ha llevado a la legislación y a la jurisprudencia a introducir determinadas flexibilizaciones dirigidas a facilitar la carga de la prueba de la parte demandante y a objetivar la carga de la prueba de la parte demandada. El polimorfismo de las conductas discriminatorias o lesivas de derechos fundamentales conduce a que, para algunas de sus manifestaciones, existan peculiaridades probatorias de importancia, como ocurre con la discriminación indirecta en cuanto su prueba exige utilizar pruebas estadísticas, o como ocurre con la conducta de acoso sexual en cuanto su prueba exige tomar en especial consideración a la declaración de la víctima. También se analiza, en último lugar, la carga de la prueba del acoso moral.

Palabras claves: discriminación y derechos fundamentales, y carga de la prueba.

(Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de noviembre de 2015, rec. núm. 4691/2015)

(Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 15 de septiembre de 2015, rec. núm. 1381/2015)