RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

El Tribunal de Bolonia ha emitido una sentencia histórica a finales del mes de diciembre de 2020. La decisión del tribunal es histórica tanto por su resultado como por los argumentos usados por la magistrada Chiara Zompì. Se trata de la primera vez en Europa que un tribunal cuestiona el funcionamiento de un sistema de gestión algorítmica de las personas trabajadoras y declara que los algoritmos pueden discriminar a las personas enfermas o a las personas trabajadoras que deciden participar en una acción sindical.

Palabras clave: algoritmo; plataformas digitales; discriminación; calificación jurídica.

Partiendo de la distinción acuñada por el Tribunal Constitucional respecto de los dos principios reconocidos en el artículo 14 de la Constitución –el principio de igualdad de trato y el principio de no discriminación–, se analiza la matizada jurisprudencia constitucional y ordinaria acerca de las cláusulas convencionales de doble escala salarial y su aparente contradicción con la jurisprudencia comunitaria, acabando con una llamada de atención a las partes negociadoras de los convenios colectivos para que las cláusulas de «garantía ad personam», de «respeto de derechos adquiridos» o de «respeto de las condiciones más beneficiosas» no incluyan las condiciones nacidas del convenio colectivo anterior.

Palabras clave: doble escala salarial; principio de igualdad de trato; principio de no discriminación; jurisprudencia comunitaria, constitucional y ordinaria; cláusulas convencionales de garantía ad personam, de respeto de derechos adquiridos o de respeto de las condiciones más beneficiosas.

La Sentencia de 28 de octubre de 2020 dirime si las personas trabajadoras recurrentes son fijas discontinuas o fijas cuando son contratadas sin solución de continuidad, encadenando unos contratos con otros, sin que haya discontinuidad en el trabajo.

Palabras clave: trabajo fijo discontinuo; trabajo fijo continuo; encadenamiento de contratos.

La referida sentencia realiza un control de constitucionalidad de la condena penal por ultraje a la bandera de un representante sindical en el marco de una manifestación reivindicativa de carácter laboral. Se ofrece una crítica constructiva a la valoración del Tribunal Constitucional y de los votos particulares. El enfoque alternativo se desarrolla a través de la reafirmación del pluralismo social y la conexión del caso con la libertad sindical.

Palabras clave: libertad de expresión; libertad ideológica; protección de símbolos nacionales; libertad sindica.

Mientras que en algunas prestaciones se excluye de manera expresa –jubilación o desempleo– el cómputo de los días cuota, en el resto de prestaciones no se contempla dicha exclusión. En ese aspecto, siendo consciente de que las sucesivas reformas legislativas podrían, en el mismo sentido, haber realizado dicha exclusión, el Tribunal Supremo reconoce expresamente el mantenimiento de la doctrina de los referidos días cuota salvo para aquellos supuestos en los que la regulación disponga la reiterada exclusión. Se resuelve en este procedimiento respecto a la pensión de viudedad, pero se deja abierta la puerta a la misma solución para otras prestaciones.

Palabras clave: pensión de viudedad; periodo de carencia; días cuota; gratificaciones extraordinarias.

La entrada en vigor del Es­tatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, y, en particular, de la previsión contenida en su artículo 7.2 de un salario mínimo profesional garantizado a percibir por parte de dicho colectivo de investigadores/as en formación vinculado mediante un contrato predoctoral, planteó la cuestión de si dichas mejoras salariales debían regir de forma inmediata y, en consecuencia, aplicarse a los contratos predoctorales suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma –eficacia temporal inmediata– o si, por el contrario, esta previsión de una garantía de ingresos mínimos únicamente resultaba aplicable a los contratos que se suscribieran con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma –eficacia temporal hacia el futuro–. Precisamente, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 1632/2020 y 1633/2020, de 15 de diciembre, objeto de este comentario, abordan y resuelven por primera vez esta cuestión controvertida.

Palabras clave: personal investigador en formación; salario; salario mínimo profesional garantizado; retroactividad de las normas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que no hay discriminación indirecta al exigir que la jubilación anticipada voluntaria se limite a las personas cuyas pensiones son superiores a la mínima garantizada, pese a que estadísticamente las más perjudicadas sean las mujeres. Es la primera vez que –analizando una norma española de Seguridad Social– estima que no hay discriminación indirecta por existir un objetivo perseguido por la aplicación de dicha disposición, criterio o práctica que esté objetivamente justificado; objetivo que en este caso es la sostenibilidad de las pensiones. Se impide la jubilación anticipada voluntaria a las empleadas del hogar, lo cual tendría que compensarse permitiendo su jubilación como colectivo que realiza trabajos penosos.

Palabras clave: jubilación anticipada; discriminación indirecta; empleadas del hogar.

1. Hace apenas 1 mes se supo que el Gobierno pretende activar el «plan piloto de la semana laboral de 4 días» o «32 horas». A tal fin, dedicará 50 millones de euros a ayudas directas a todas las empresas que implanten esta nueva modalidad de jornada reducida con carácter general, sin reducción retributiva, a fin de facilitar la vida laboral, personal y familiar. En consecuencia, el Gobierno se suma, de forma experimental, y sin perjuicio de lo ya previsto para el diálogo social, al debate mundial en torno a la conveniencia y posibilidad de una jornada laboral de «32 horas semanales» en todas las empresas y para todas las personas empleadas –en empleos de mercado y del sector público–. Ello sin perjuicio del modelo de jornada de trabajo basado en su distribución adaptada según el equilibrio ad hoc entre razones de conciliación y razones de empresa ex artículo 38 de la Constitución española, que no promueve la reducción del tiempo de trabajo, sino su gestión flexible por parte de las personas empleadas, que tanta controversia judicial, organizativa y social está produciendo.
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