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RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Editorial. «Next Generation EU» y políticas de mercado de trabajo inclusivo: transiciones (espinosas) desde las discriminaciones (sistémicas por edad y discapacidad) a la integración (en igualdad)

1. El carácter inclusivo, ¿la «rama pobre» del modelo de recuperación económica? Sin la crudeza, ni el alcance de «austeridad» exigida para la Gran Recesión de 2008, tampoco está dispuesta la Unión Europea (UE) a «regar» de recursos económicos los Estados con mayor incidencia de la Gran Recesión de 2020 (a raíz de la pandemia), sin imponerles condiciones. De ahí, la necesidad de –otra vez– «reformas estructurales», explicadas –o esbozadas– en un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía para acceder a los fondos Next Generation EU. Toda esa lluvia de cientos de miles de millones de euros (cada vez más retrasada, por lo que ya no será «agua de mayo») está condicionada a la realización de una fórmula de crecimiento («nuevo milagro económico») con tres palabras (cuasi) mágicas: verde, digital e inclusivo.
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Cristóbal Molina Navarrete
Director

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RTSS. CEF. NÚM. 458 (mayo 2021)

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Estudios. Tiempo de trabajo y permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el empleo público

A pesar del propósito unificador que inspira la labor llevada a cabo por el legislador del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para establecer un marco jurídico unitario común a las distintas categorías de personas empleadas al servicio de la Administración pública, lo cierto es que no se ha producido una equiparación total de derechos.
En materia de tiempo de trabajo, destacan los derechos reconocidos en el artículo 14, letras j) y m), del EBEP, a través de los que se pretende garantizar el descanso necesario y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. La concreción de los mismos tiene lugar a lo largo de los seis preceptos que integran el capítulo V del mismo texto legal, que lleva por título «Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones», y cuyas disposiciones, a excepción del artículo 51, se dirigen, en principio, al personal funcionarial.
En el estudio se presta particular atención a la regulación de los permisos y situaciones que se contemplan en los artículos 48 y 49 del mismo texto normativo, cuya verdadera diferencia, como se verá, no es realmente su objeto, sino su ámbito de aplicación. Dicho análisis se realiza a la luz de la doctrina científica y de los criterios administrativos y judiciales sobre la materia.
Por último, la comparativa de los regímenes aplicables a las empleadas y empleados públicos, de un lado, y al personal laboral, de otro, en lo referente a jornada y permisos permite apreciar algunas diferencias relevantes entre ambos sectores.

Palabras clave: empleo público; jornada; permisos; conciliación vida personal, familiar y laboral.

María Belén García Romero
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Murcia

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Estudios. Garantía de la seguridad y salud en el Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia: mucho ruido y pocas nueces

La preocupación por la seguridad y salud en el teletrabajo, englobado en el género de trabajo a distancia, ha sido una constante al clasificar las ventajas e inconvenientes de esta forma de prestación de servicios. Con la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el problema ya no era de ausencia de normativa, pero sí se suscitaron interrogantes sobre su aplicación práctica, que apuntaba a la conveniencia de una regulación específica atenta a sus peculiaridades y con las pertinentes adaptaciones. El reciente Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, estaba llamado a solucionar este desajuste de partida. Su lectura, más allá de las buenas intenciones expresadas en su exposición de motivos, deja una clara sensación de derrota dados los escasos avances y las prácticamente nulas soluciones innovadoras contempladas. Las contadas medidas específicas pueden resultar polémicas, dejan problemas aplicativos sin resolver, lagunas de regulación y amplias remisiones a la negociación colectiva, instrumento con poco protagonismo real en el ámbito preventivo.

Palabras clave: trabajo a distancia; teletrabajo; salud laboral; tecnología; flexibilidad.

María Teresa Igartua Miró
Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Sevilla

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Análisis de actualidad. «Nueva ley» de protección frente al riesgo de COVID-19 en el entorno laboral: más poder de empresa, pero sin noticias de vacunación obligatoria

(A propósito de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19)

La necesidad de reforzar la prevención frente al riesgo de contagio de COVID-19 en los lugares de trabajo no solo ha creado más obligaciones a cargo de las empresas, también les ha dado más poderes de organización y control sobre cuestiones laborales y personales propias de sus personas empleadas. La Ley 2/2021, de 29 de marzo, mantiene, para después de terminado el estado de alarma, y mientras no se supere definitivamente la pandemia de coronavirus, medidas específicas para la prevención y protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras y de las personas clientes. Sin embargo, no afecta a otras cuestiones actuales que deben recibir un tratamiento adecuado, como sería el impacto del inminente certificado digital verde («pasaporte de vacunación») y los riesgos de discriminación y desprotección de datos que lleva asociados, o la espinosa cuestión de la vacunación obligatoria a personas empleadas en contacto directo con clientes. Sin embargo, países como Italia, así como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, abren la vía a la introducción de la vacuna obligatoria, solo en ciertos casos. Este estudio hace un análisis de la ley y de la doctrina jurisprudencial más reciente sobre estos temas.

Palabras clave: salud laboral; gestión de riesgos laborales; COVID-19; certificado digital verde; vacunación obligatoria.

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén

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Análisis de actualidad. Cuidados, pensión de jubilación y perspectiva de género

Se analiza la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas 186/2021, de 17 de febrero, y su voto particular disidente en el que se incluye cuestión prejudicial fundamentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sala desestimó la demanda planteada por trabajadora en materia de jubilación, por incumplimiento del requisito de carencia específica, a pesar de contar con más de 15 años de cotización. No se tuvo en cuenta la conectividad entre el imputado «apartamiento» del mercado laboral y la crianza de sus tres hijos pequeños. La actual redacción del artículo 205.1 b) de la Ley general de la Seguridad Social es sospechosa de discriminar (indirectamente) a las mujeres, al no tener en cuenta el tiempo dedicado a cuidados, en la contabilización del periodo de carencia específica, exigible para acceder a la pensión de jubilación contributiva. Ello, a su vez, pudiera ser contrario al artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, por lo que la sala debió plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Palabras clave: jubilación; doctrina del paréntesis; cuidados; perspectiva de género.

Glòria Poyatos i Matas
Magistrada especialista de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas)

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Diálogos con la jurisprudencia. Empleo y solicitantes de protección internacional: una garantía social del sistema comunitario de asilo

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de enero de 2021 (asuntos acumulados C-322/19 y C-385/19)

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de enero de 2021 resuelve varias cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court irlandesa en relación con el derecho al empleo de solicitantes de protección internacional que han impugnado órdenes de traslado.

Palabras clave: empleo; solicitante; protección internacional.

Margarita Miñarro Yanini
Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad Jaume I

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Diálogos con la jurisprudencia. Seguridad Social de personas trabajadoras extranjeras: ¿anulación o validez del alta?

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 1744/2020, de 16 de diciembre

La relación entre inmigración y ciudadanía inclusiva está planteando múltiples problemas a la hora del acceso a los derechos de Seguridad Social de las personas inmigrantes. Se parte del respeto al principio de igualdad real de trato en la atribución de tales derechos y, lógicamente, contrarrestando las tendencias recientes a la reducción de los estándares que trabajosamente han venido alcanzándose. En esta línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre del año 2020 incide en un tema trascendental y que ha generado una enorme conflictividad, tal y como es el mantenimiento de los actos de encuadramiento producidos en el sistema de Seguridad Social respecto de las personas trabajadoras extranjeras que carezcan de los permisos de trabajo y de residencia cuando ha habido una relación laboral con una o varias empresas.

Palabras clave: personas extranjeras; Seguridad Social; anulación y extinción.

Belén del Mar López Insua
Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Granada

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Diálogos con la jurisprudencia. La prescripción en la revisión de actos declarativos de derechos y en el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. Un pleito ocasional que, a veces, complica a los tribunales sociales

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 61/2021, de 19 de enero

Las personas trabajadoras afiliadas a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del sindicato. En el nivel empresarial están legitimadas para negociar las secciones sindicales cuando sumen la mayoría de la representación unitaria en el ámbito correspondiente y así lo decidan. Ahora bien, la voluntad de negociar de las mismas dependerá de la previa autorización de la comisión ejecutiva del sindicato, con la finalidad de garantizar una adecuada protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras.

Palabras clave: negociación colectiva; sección sindical; representación legal; nulidad.

Ana Isabel Zapirain Bilbao
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad del País Vasco (EHU/UPV)

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