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• Establece los objetivos a alcanzar en cada ejercicio por el Sistema Nacional de Empleo, así como los indicadores que se van a utilizar para valorar su grado de consecución
  
• Está configurado como un instrumento de evaluación de los servicios y programas de políticas activas de empleo desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal y las CCAA
  
• Como novedad destaca la simplificación y racionalización de los indicadores

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio ha presentado hoy, en el Consejo de Ministros, el Plan Anual de Política de Empleo 2019 para su aprobación. El plan, que concreta la Estrategia Española de Activación para el Empleo, está dotado con 5.794 millones de euros, con cargo en su totalidad al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Una cantidad equivalente a la de 2018 al haberse prorrogado el presupuesto. De esta cantidad total, 2.317 millones de euros serán distribuidos entre las comunidades autónomas, lo que representa un 9% más que en 2018, tras la reordenación de diversos créditos del Sepe para priorizar la activación para el empleo.

• A esa cifra se sumarán 297 millones en el mes de abril, hasta un total de 2.317 millones, un 9% más que el año pasado.

El Consejo de Ministros ha acordado aprobar, a propuesta de la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la distribución de fondos de 2019 a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, incluidos los destinados a la ejecución del plan de choque por el empleo joven, por un importe de 2.019,8 millones de euros. Esta cantidad supone el 95% del importe que recibieron en 2018, lo que permite la disposición efectiva de los fondos con anticipación para una mejor ejecución de los mismos.

Además, está previsto distribuir una cantidad adicional de 297 millones de euros en el mes de abril. De este modo, la intención es distribuir un total de 2.317 millones de euros en 2019, que supone un aumento del 9% respecto a los 2.126 millones de euros asignados en el 2018.

El equipo de la Revista de Trabajo y Seguridad Social y de www.laboral-social.com, formado por mujeres y hombres comprometidos con la igualdad, con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora quiere contribuir a que el lema que da título a esta «entrada» se haga efectivo y, por ello, también hoy, ofrece «en abierto» una serie de artículos, invitando a su lectura y a la reflexión y debate sobre la necesaria corresponsabilidad de hombres y mujeres:

• Cuidados y justicia de género: A propósito de la Cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Canarias respecto al «complemento por maternidad»

• Criar sin parir. Sexo y género como categorías de análisis jurídico en la Sentencia del Tribunal Constitucional 111/2018, de 17 de octubre

• Riesgos psicosociales e igualdad. La progresiva tendencia hacia la integración de ambas políticas

• La conciliación de la vida laboral y familiar a través de la adaptación de la jornada: una herramienta para la igualdad de género y la productividad

• Más allá de las prácticas de conciliación. El rol del supervisor en la reincorporación al trabajo tras la maternidad en Europa

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 28 de febrero de 2019.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

El Consejo de Ministros ha aprobado la regulación y composición del Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM). De esta forma se desarrolla el acuerdo adoptado en el Real Decreto 1047/2018 que desarrolla la estructura orgánica básica del ministerio, en la que se recuperó el OSM.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación, cuyo objetivo es eliminar la brecha salarial y garantizar el derecho de trabajadores y trabajadoras a la conciliación y la corresponsabilidad.

El Real Decreto-ley amplía los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores. Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación a 16 semanas.

En las disposiciones transitorias del Real Decreto-ley se prevé que la ampliación será gradual: en 2019 hasta las 8 semanas; en 2020 hasta las 12 semanas y en 2021 hasta las 16 semanas.

Con esta equiparación se da un paso importante en la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y en la promoción de la conciliación de la vida personal y familiar y del principio de corresponsabilidad entre ambos progenitores, elementos ambos esenciales para el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

• El Real Decreto-ley tiene por objeto adoptar medidas de adaptación del ordenamiento jurídico español con el fin de hacer frente a las consecuencias de una retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo celebrado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50.2 del Tratado de la Unión Europea.
  
• Las medidas contempladas en el presente Real Decreto-ley se orientan a dos objetivos: Preservar los intereses de los ciudadanos, españoles y británicos, que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada y preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España.
  
• Las mismas se dirigen a contrarrestar, en la medida de lo posible, los efectos indeseados derivados de una retirada del Reino Unido sin acuerdo en aquellos ámbitos de competencia estatal que se juzgan indispensables para favorecer una transición adecuada a la nueva situación.

El Gobierno ha aprobado, al igual que otros Estados Miembros de la Unión Europea, medidas normativas nacionales, que completan las adoptadas por la Unión Europea.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), por el que se regulan las condiciones de trabajo de los investigadores predoctorales. Con esta medida el Gobierno da luz verde a un nuevo contrato que supone un cambio radical y de amplio calado en la concepción que tradicionalmente ha recibido el personal investigador en formación, al preverse una modalidad contractual específica con una duración máxima de cuatro años.