Legislación

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de hoy.

• Suspensión de la revalorización de pensiones.
• Cotización en Régimen Especial Agrario.
• Cotización en Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o Autónomos.
• Cotización en Régimen Especial de Empleados de Hogar. Extensión a estos trabajadores de la acción protectora por contingencias profesionales.
• Cotización por cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos.
• Cotización por desempleo en los contratos para la formación.
• Prestación económica de la Seguridad Social en las situaciones de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
• Retribuciones del personal al servicio de sociedades mercantiles públicas y de los cargos directivos y personal de las Mutuas.
• Ampliación del permiso por paternidad: su diferimiento a 1 de enero de 2012.
• Reglas del abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

La norma, cuya estructura sigue las pautas de las Leyes de ejercicios anteriores, contiene, además de las previsiones de ingresos y autorizaciones de gastos para el próximo ejercicio, novedades y modificaciones de determinados aspectos del ordenamiento de la Seguridad Social.

La Ley 15/2010, de 9 de diciembre (DOE de 15 de diciembre) tiene como fin la integración  voluntaria, por parte de las empresas, de los poderes públicos extremeños y de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores.

A los efectos de esta ley, se considerarán empresas socialmente responsables de la Comunidad Autónoma de Extremadura aquellas que, calificadas de acuerdo con el procedimiento previsto en esta norma, además del cumplimiento estricto de las

La Resolución de 18 de noviembre de 2010, del INSS, publicada hoy, contiene la relación de acuerdos colectivos de empresa suscritos antes del 25 de mayo de 2010 que contienen compromisos en materia de jubilación parcial.

Conforme a lo establecido en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, los trabajadores afectados por compromisos adoptados en ERE o por medio de convenios y acuerdos colectivos de empresa, aprobados o suscritos, respectivamente, con anterioridad al 25 de mayo de 2010, podrán acogerse, hasta el 31 de diciembre de 2012, a la modalidad de jubilación parcial establecida en

La Ley 12/2010, de 16 de noviembre (DOE de 19 de noviembre) tiene por objeto crear el entorno jurídico administrativo para facilitar la creación y consolidación de empresas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco de las disposiciones generales establecidas por la normativa comunitaria y estatal referentes a la libertad de establecimiento a través de una serie de normas generales y medidas singulares tendentes a simplificar los procedimientos.

Asimismo, a través de la presente ley se establece un procedimiento restringido, alternativo, voluntario y eventualmente transitorio para la creación y consolidación de nuevas empresas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, articulado mediante la declaración de nueva empresa y nuevas actividades empresariales inocuas (DNE). Se entiende por empresas inocuas aquellas cuyas actividades no requieren de licencias medioambientales, sanitarias o de policía industrial.

A partir del 19 de noviembre de 2010 los titulares de actividades laborales en las que existan fuentes naturales de radiación deberán declarar estas actividades ante los órganos competentes en materia de industria de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se realizan y llevar a cabo los estudios necesarios encaminados a determinar si existe un incremento significativo de la exposición de los trabajadores o de los miembros del público que no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la protección radiológica.

Los afectados por las nuevas obligaciones introducidas por el Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre –BOE de 18 de noviembre- dispondrán de los próximos 6 meses para la declaración de estas actividades y de un año para la realización y presentación de los estudios.

Desde el 6 de noviembre pasado, y conforme a la redacción dada al artículo 32 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la Ley 32/2010, de 5 de agosto, las mutuas no podrán desarrollar directamente las funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, sin perjuicio de que puedan participar con cargo a su patrimonio histórico en las sociedades mercantiles de prevención constituidas a ese único fin, en los términos y condiciones que se establezcan en las disposiciones de aplicación y desarrollo, disposiciones aún pendientes de determinar.

La Orden TIN/2777/2010, de 29 de octubre, en vigor el día 31, que modifica la Orden de desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social en diferentes aspectos, introduce cambios que pretenden el reforzamiento del uso del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED) fijando los plazos y las condiciones de esta obligación y determinando las consecuencias de la no incorporación para los que hubieran solicitado u obtenido reducciones, bonificaciones o cualesquiera otros beneficios en las bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta.

El Real Decreto 1260/2010,  de 8 de octubre (BOE de 29 de octubre), introduce modificaciones en  el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes, destacándose como principal novedad la que afecta al proceso de tramitación de la misma.

Este proceso venía a suponer que desde que la Comunidad Autónoma (o Ciudad de Ceuta y Melilla) reconocía a un joven el derecho a percibir la ayuda, el Ministerio de Vivienda (integrado ahora como Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas en el Ministerio de Fomento tras el Real Decreto 1313/2010) debía realizar una reserva de fondos por el importe total de la ayuda a la que tendría derecho durante cuatro años o hasta que cumpliera los treinta. Si el beneficiario no acreditaba el cumplimiento de los requisitos establecidos para el pago, o dejaba de acreditarlos, el Ministerio no podía abonársela ni recuperar el presupuesto retenido que quedaba bloqueado hasta que no se le retirase el derecho al percibo, con la consiguiente imposibilidad de ser ejecutado para el abono de las ayudas.