Legislación

La Resolución de 25 de febrero de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, publicada y en vigor el 5 de marzo, regula cómo se tramitan electrónicamente las prestaciones por desempleo previstas en el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado para responder a los daños causados por inundaciones y otros fenómenos meteorológicos en Andalucía y Extremadura.

Su finalidad es facilitar y agilizar la gestión de las prestaciones para las personas trabajadoras afectadas por ERTE por fuerza mayor o por causas ETOP derivados de dichos fenómenos.

1. Objeto de la resolución

La norma establece las condiciones y procedimientos administrativos para reconocer y gestionar las prestaciones por desempleo vinculadas a estas situaciones extraordinarias.

Cuando la resolución no regule algo expresamente, se aplicará el régimen general de protección por desempleo de la LGSS.

La Orden ISM/164/2026, de 2 de marzo, publicada en el BOE del 5 de marzo y en vigor al día siguiente, regula los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, una herramienta destinada a habilitar a determinadas entidades para presentar electrónicamente solicitudes y trámites en materia de extranjería en representación de las personas interesadas.

Finalidad de la norma

La orden desarrolla lo previsto en el artículo 197.4.c) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, y crea un registro que permite a determinadas entidades actuar como colaboradoras en la tramitación electrónica de procedimientos de extranjería.

La medida pretende facilitar la presentación de solicitudes administrativas, especialmente para personas extranjeras que puedan encontrarse en situaciones de vulnerabilidad o con dificultades para realizar los trámites por sí mismas. La nueva figura se configura como una vía adicional de representación, que no sustituye a las ya previstas en la legislación administrativa general.

El BOE de 2 de marzo de 2026 publica la Resolución de 28 de enero de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se da a conocer el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura correspondiente al primer trimestre de 2026.

La calificación de una ocupación como de difícil cobertura permite que las empresas puedan tramitar autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a favor de personas extranjeras, sin necesidad de acreditar previamente que el puesto no puede cubrirse con demandantes de empleo disponibles en España.

El catálogo se elabora con periodicidad trimestral, a partir de la información facilitada por los servicios públicos de empleo autonómicos y previa consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, y puede tener un alcance provincial, insular o autonómico, según los casos.

Para el primer trimestre de 2026 el catálogo incluye, entre otras, ocupaciones de los siguientes ámbitos:

A continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés sociolaboral publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 1 al 28 de febrero de 2026, sombreando aquella que ha sido objeto de análisis en esta página.

En el BOE del sábado 28 de febrero, se publican dos Resoluciones de 26 de febrero de 2026, del Congreso de los Diputados. En una de ellas se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social y en otra el Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

El Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero (BOE de 19 de febrero), por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, establece las cuantías que deberán regir entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, procediendo su abono, en consecuencia, con efectos del 1 de enero de 2026.

Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 3,1% respecto de las previstas en el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fijó el SMI para 2025, quedan fijadas en:

• 40,70 euros/día o 1.221 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses, para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de las personas trabajadoras.
• 57,82 euros/jornada legal en la actividad para las personas trabajadoras eventuales y para las temporeras y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días.
• 9,55 euros/hora efectivamente trabajada para las empleadas y empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo.

El Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero (BOE de 19 de febrero), articula una respuesta de urgencia frente a los daños ocasionados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura, y con un ámbito territorial concretado en municipios (anexo y determinaciones posteriores -vid. art. 7.2–).

Aunque el siguiente análisis se centra en el núcleo sociolaboral del real decreto-ley (RDL) –medidas en materia de empleo y de Seguridad Social encaminadas a preservar el empleo, garantizar rentas de sustitución y facilitar el alivio de cargas de cotización, especialmente allí donde se han producido desalojos, evacuaciones, inundaciones o perturbaciones graves de la actividad–, conviene advertir que esta norma incorpora también ayudas económicas dirigidas a empresas y profesionales y contiene previsiones con impacto tributario.

En este último plano, merece mención específica el artículo 28, por su conexión con la fijación del SMI para 2026. En efecto, ese precepto, modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2026, la disposición adicional 61.ª de la Ley 35/2006 (IRPF) para articular una deducción por rendimientos del trabajo destinada a contribuyentes con rentas laborales bajas, con el objetivo de evitar la tributación efectiva de los perceptores del SMI.