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En el mes se produjo una caída de la afiliación de 64.956 ocupados para el total del sistema y de 90.507, para el Régimen General, que contabiliza una media de 13.162.855 afiliados.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con 3.092.136 ocupados, sufrió una caída en la afiliación de 30.348 afiliados, lo que sitúa la tasa interanual en -0,97%. Los restantes regímenes de  afiliación (Mar, Agrario, Carbón y Hogar) aumentan en 15.549 ocupados en los últimos doce meses.

Por sectores, disminuyeron Hostelería (-35.830), Comercio (-30.259), Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-21.943), Administración Pública (-18.503) y Construcción (-17.364) y sube en Educación (37.363).

Por género, los hombres representan el 54,66% de afiliados (9.529.925) con un descenso de la tasa interanual del -2,37%. Las mujeres suponen el 45,34% (7.905.637), con un descenso del  0,05%, aunque aumenta ligeramente la tasa intermensual.

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha iniciado el trámite de audiencia del proyecto de real decreto por el que se crea y regula el registro nacional de profesionales Sanitarios. La creación de este registro, que se integrará en el sistema de información del Sistema Nacional de Salud (SNS), se configura como un instrumento nuclear de información de los recursos humanos en el ámbito sanitario.

Con este proyecto de real decreto se quieren sentar las bases para disponer de una herramienta fundamental en la planificación de los recursos humanos que contribuya a la mejora en la realización de estudios prospectivos de oferta-demanda. De este modo, el Ministerio responde al compromiso adquirido el pasado mes de julio con el Foro de la Profesión Médica y el Consejo General de Enfermería de iniciar los trámites para la creación de esta herramienta.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva este jueves, 22 de septiembre, la Ley General de Salud Pública, con la votación de seis enmiendas incorporadas en el Senado.

Una de las principales novedades incorporadas por el Senado son las dos enmiendas que afectan a la disposición adicional sexta, que garantiza la universalización en la gratuidad de la asistencia pública a todos los españoles, con inclusión expresa de los desempleados, beneficiarios de regímenes especiales y de las personas que ejerzan una actividad por cuenta propia. La primera, que salió adelante con 341 votos a favor y dos abstenciones, especifica que la citada extensión será efectiva para las personas que hubieran agotado la prestación o subsidio a partir del 1 de enero de 2012. En el caso de colectivos afectados se realizará atendiendo a la evolución de las cuentas públicas.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva este jueves, 20 de septiembre, la Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, tras incorporar diecinueve enmiendas procedentes del Senado, que se han votado de forma separada.

Concretamente, la Cámara Baja ha aprobado las enmiendas al artículo único 12, 17, 26, 56, 109, a las disposiciones transitorias primera a sexta, a la disposición transitoria novena y a la disposición final tercera. También han salido adelante la enmienda al artículo único 20 (que modifica el párrafo segundo del artículo 28.4 de la Ley 22/2003), la enmienda al artículo único 104 (que modifica la el artículo 183.4) y la enmienda al artículo único 19, que modifica el artículo 27.1.1º y 2º de la citada ley.

Asimismo, el Pleno ha incorporado las enmiendas a los artículos únicos 91, 96 y 116. El resto de enmiendas del Senado han sido rechazadas.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde el pasado jueves, 22 de septiembre, a la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias tras la votación de las enmiendas introducidas al texto al paso de éste por el Senado. En el Congreso se han votado de manera separada las enmiendas procedentes de la Cámara Alta.

La Ley aprobada entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El texto aprobado en el Congreso de los Diputados emana de una serie de profundas transformaciones vividas por la sociedad española en los últimos treinta años en el reconocimiento pleno de la igualdad de derechos y libertades entre mujeres y hombres.

El Congreso de los Diputados ha culminado la tramitación de la Ley de Jurisdicción Social, que queda aprobada de forma definitiva tras la votación de las enmiendas introducidas por el Senado, que quedaron ratificadas salvo las relativas a los apartados 1 y 3 del artículo 235, que fueron rechazadas. Este artículo, relativo a la imposición de costas, quedará de este modo redactado tal y como lo aprobó en su día la Cámara Baja.

Así, se determina que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Esta Ley pretende clarificar la jurisdicción competente sobre las esenciales materias relativas a la asistencia y protección social pública, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y continuando las restantes como objeto de conocimiento del orden contencioso-administrativo.

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del viernes 23 de septiembre, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 que tiene como principal objetivo fortalecer la cohesión social, en un nuevo contexto migratorio caracterizado por la reducción de flujos de entrada de inmigrantes.

El fin que persigue es reforzar, tanto los instrumentos y políticas de integración, como los servicios públicos y de participación, para garantizar el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.

En la actualidad, la integración de los inmigrantes es uno de los retos más importantes que afronta la sociedad española y un pilar básico de la política integral de inmigración puesta en marcha por el Gobierno desde 2004, junto con la lucha contra la inmigración