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• El texto reconoce por primera vez a las organizaciones de pacientes de ámbito estatal como interlocutoras ante la Administración General del Estado, dada la inexistencia previa de un marco legal específico para su participación institucional.
  
• Garantiza su participación en los órganos de gobernanza del Sistema Nacional de Salud, define sus derechos y prevé instrumentos específicos como el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes, cuyo desarrollo será objeto de regulación posterior.
  
• Se han incorporado aportaciones de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, el Foro Español de Pacientes, la Alianza General de Pacientes, la Federación Española de Enfermedades Raras, la Federación Española de Diabetes y la Confederación Salud Mental España.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes, una iniciativa legislativa orientada a reforzar su papel institucional en el Sistema Nacional de Salud. El texto reconoce por primera vez su singularidad jurídica y su función como agentes clave en la defensa de los derechos e intereses de pacientes, familiares y personas cuidadoras.

• La norma actualiza un marco regulador vigente desde 1996 y lo adapta a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud.
  
• Establece un sistema ordenado y transparente de financiación selectiva y fijación de precios para productos sanitarios.
  
• Refuerza la eficiencia y el valor clínico en la financiación pública, con criterios homogéneos y garantías de control.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios en la prestación farmacéutica para pacientes no hospitalizados. La norma establece el marco para la financiación y fijación de precios de estos productos, adaptándolo a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y priorizando criterios de eficiencia, sostenibilidad y valor clínico.

Se consulta a cerca del cómputo de los periodos de actividad como bombero forestal en supuestos de sucesión de contratos de duración determinada, a efectos de la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación previstos en el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.

• Criterio de gestión del INSS núm. 2/2026

(INSS: Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica)

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva regulación de la situación de incapacidad temporal para el personal de la Guardia Civil, que por primera vez se ordena mediante una norma con rango de real decreto, de acuerdo con la habilitación contemplada en los artículos 102 y 103 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

El real decreto desarrolla la estructura, composición y funciones de la sanidad de la Guardia Civil en la gestión de las bajas por incapacidad temporal, que podrán ser de muy corta duración (de 1 a 4 días), cortas (de 5 a 30 días), de duración media (de 31 a 60 días) y de larga duración (más de 60 días).

• La subida, que ya fue efectiva en enero, conlleva un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado para el resto del año
  
• Las pensiones mínimas aumentan su cuantía más del 7%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital lo hacen un 11,4%
  
• El Real Decreto-ley incluye además otras medidas de Seguridad Social en materia de cotizaciones
  
• La ministra Elma Saiz ha subrayado: “Aprobar la revalorización de las pensiones supone garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, un derecho garantizado por la ley. Se trata de un compromiso colectivo de la sociedad, especialmente con quienes han dedicado toda una vida al trabajo y de manera muy particular con las personas en situación de mayor vulnerabilidad económica, beneficiarias de pensiones mínimas y no contributivas”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026, así como otras medidas relevantes en materia de Seguridad Social. La subida, que ya fue efectiva en enero, supone un incremento del 2,7% con carácter general de las pensiones contributivas.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal y de Comunidades Autónomas publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de enero de 2026.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de un real decreto para iniciar un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras que se encuentran en España en situación administrativa irregular.

La medida, que podría beneficiar a hasta medio millón de personas, permitirá el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo durante un año prorrogable. Esto beneficia al trabajador y también a las empresas, que ganan seguridad jurídica y se facilita la contratación en sectores con escasez de mano de obra. Además, tendrá un impacto inmediato en la gestión de personal de las empresas y en la actividad profesional de los asesores laborales.

Desde una perspectiva estrictamente laboral, esta regularización plantea retos operativos, nuevas obligaciones de cumplimiento y, al mismo tiempo, oportunidades para formalizar relaciones laborales que hasta ahora se desarrollaban en un marco de inseguridad jurídica.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se encuentra en proceso de determinación de la cuantía del SMI para 2026.

La caída abrupta de la prórroga del SMI de 2025 en el trámite parlamentario no afecta a los contratos ya vigentes, que no pueden reducir la cuantía de su salario por la mera derogación del Real Decreto-ley. 

Cuando tenga lugar la aprobación del nuevo SMI para 2026 entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.