Legislación

En el BOE del 16 de junio se publica la Resolución de 9 de junio de 2025, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación de las actividades preventivas que deberán desarrollar durante el año 2026 las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Esta disposición concreta el marco de actuación previsto en el artículo 5 del Real Decreto 860/2018 y en el artículo 82.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

La Orden PJC/617/2025, de 13 de junio, establece el importe de las tasas por la tramitación de autorizaciones administrativas y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería, en desarrollo de lo previsto en los artículos 44 y 48 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta norma sustituye a la anterior Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, y se adapta a la regulación introducida por el Reglamento aprobado mediante Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre.

La Resolución de 30 de mayo de 2025, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (BOE de 12 de junio, en vigor el 13 de junio y con efectos desde el 1 de enero de 2025), que se publica en desarrollo del artículo 26 de la Orden PJC/178/2025, establece los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes. Estas disposiciones incluyen ajustes según la situación financiera de las mutuas colaboradoras.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de mayo de 2025.

• Normativa de las Comunidades Autónomas

El 21 de mayo de 2025, la Comisión Europea adoptó la Recomendación (UE) 2025/1099, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de mayo. Esta norma no vinculante establece por primera vez una definición armonizada de las «pequeñas empresas de mediana capitalización», también denominadas small mid-cap enterprises. Se trata de una figura que busca cubrir el vacío normativo entre las pymes (definidas por la Recomendación 2003/361/CE) y las grandes empresas, respondiendo a la necesidad de personalizar las políticas públicas conforme al tamaño real y a la capacidad operativa de las empresas.

La Comisión Europea ha adoptado la Recomendación (UE) 2025/1021 sobre pobreza de transporte, reconociendo la importancia crítica del transporte en el ámbito laboral. Esta recomendación tiene como objetivo asegurar que la movilidad sea asequible, accesible y justa para todos, especialmente para los grupos vulnerables, ya que la falta de acceso adecuado al transporte limita directamente las oportunidades laborales y la participación efectiva en el mercado de trabajo.

La recomendación resalta que el transporte es esencial no solo para acceder a empleos, sino también para mantenerlos, destacando que una movilidad adecuada permite reducir la exclusión laboral, incrementar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones generales de trabajo, especialmente para aquellos con ingresos bajos o que viven en zonas aisladas o con infraestructuras deficientes.