Legislación

La Orden TES/1494/2025, de 25 de noviembre (BOE de 20 de diciembre), publica el Sello para la Economía Social, distintivo elaborado y promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que permitirá dar mayor visibilidad al impacto social positivo de las actuaciones y proyectos implementados por las empresas y entidades que integran la Economía Social, una forma de entender la actividad empresarial que genera en España más de dos millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

En España más de 40.000 empresas comparten los principios y valores de la Economía Social, que redistribuye los beneficios de forma más equitativa, destina parte de sus ganancias a la sociedad, genera empleo de calidad, fomenta la inclusión laboral y la igualdad, además de contar con una gobernanza participativa.

La Resolución de 25 de noviembre de 2025, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), publicada en el BOE de 16 de diciembre y con efectos a partir del día siguiente, mantiene para 2026 un conjunto de medidas (nacidas en 2020 y prorrogadas sucesivamente) para facilitar la ejecución de la formación bonificada con cargo al crédito de formación de las empresas, reforzando la digitalización y la flexibilidad organizativa.

La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de movilidad sostenible, introduce una regulación integral de la movilidad desde una perspectiva transversal. Aunque es una norma eminentemente sectorial –centrada en la planificación, financiación y gobernanza del transporte y la movilidad en España– incorpora previsiones con incidencia directa en el ámbito sociolaboral. Estos aspectos se proyectan tanto sobre la negociación colectiva, como sobre la organización del trabajo, la igualdad, la inclusión y la prevención de riesgos laborales asociada a los desplazamientos.

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE COMO MATERIA INCORPORADA A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La disposición final tercera modifica el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, ampliando el contenido posible de los convenios colectivos para incluir el deber de negociar medidas para promover la elaboración de planes de movilidad sostenible al trabajo con el alcance y contenido previstos en la propia Ley 9/2025. Esto abre la puerta a que los convenios regulen, entre otros aspectos:

• la organización de los desplazamientos al centro de trabajo;
• incentivos al transporte colectivo o a la movilidad activa;
• la gestión de aparcamientos y accesos;
• la adaptación de horarios o turnos vinculados a la movilidad;
• actuaciones coordinadas con entidades locales y grandes centros de actividad.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre de 2025.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

A continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés sociolaboral publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 1 al 30 de noviembre de 2025, sombreando aquella que ha sido objeto de análisis en esta página.

El Real Decreto 1065/2025, de 26 de noviembre, publicado en el BOE del 27 de noviembre y en vigor el 17 de diciembre de 2025, desarrolla el régimen del contrato formativo previsto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores (ET), y configura un marco unitario para las dos modalidades de contrato (formación en alternancia y prácticas profesionales), de alcance general, sustituyendo el viejo esquema del Real Decreto (RD) 488/1998, del RD 1529/2012 y de la Orden ESS/2518/2013.

En las líneas que siguen se ofrece un análisis pormenorizado de su contenido: se desglosan la estructura del real decreto, las reglas comunes del contrato formativo y las particularidades de cada modalidad, así como el régimen transitorio y las principales implicaciones prácticas para empresas y personas trabajadoras.

1. Marco general del contrato formativo
2. Contrato de formación en alternancia
3. Contrato para la obtención de práctica profesional
4. Disposiciones comunes
5. Régimen transitorio y derogaciones