Legislación

El 21 de mayo de 2025, la Comisión Europea adoptó la Recomendación (UE) 2025/1099, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de mayo. Esta norma no vinculante establece por primera vez una definición armonizada de las «pequeñas empresas de mediana capitalización», también denominadas small mid-cap enterprises. Se trata de una figura que busca cubrir el vacío normativo entre las pymes (definidas por la Recomendación 2003/361/CE) y las grandes empresas, respondiendo a la necesidad de personalizar las políticas públicas conforme al tamaño real y a la capacidad operativa de las empresas.

La Comisión Europea ha adoptado la Recomendación (UE) 2025/1021 sobre pobreza de transporte, reconociendo la importancia crítica del transporte en el ámbito laboral. Esta recomendación tiene como objetivo asegurar que la movilidad sea asequible, accesible y justa para todos, especialmente para los grupos vulnerables, ya que la falta de acceso adecuado al transporte limita directamente las oportunidades laborales y la participación efectiva en el mercado de trabajo.

La recomendación resalta que el transporte es esencial no solo para acceder a empleos, sino también para mantenerlos, destacando que una movilidad adecuada permite reducir la exclusión laboral, incrementar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones generales de trabajo, especialmente para aquellos con ingresos bajos o que viven en zonas aisladas o con infraestructuras deficientes.

El proceso de transformación digital de la Administración laboral continúa su avance con la creación de la sede electrónica del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), por Resolución de 30 de abril de 2025 (BOE de 16 de mayo de 2025). Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de digitalización iniciada en los últimos años, y tiene importantes implicaciones prácticas para profesionales del derecho laboral y de la seguridad social.

La Orden ISM/444/2025, de 30 de abril, publicada en el BOE de 7 de mayo, regula el procedimiento para la inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad en el anexo del Real Decreto 1851/2009, norma que desarrolla la Ley general de la Seguridad Social permitiendo la anticipación de la jubilación para personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que estas patologías conlleven una reducción significativa y generalizada de la esperanza de vida. Esta orden se dicta en desarrollo de la disposición final cuarta del Real Decreto 1851/2009, introducida por el Real Decreto 370/2023, y responde a la necesidad de mantener actualizado un anexo abierto, especialmente ante la aparición de nuevas enfermedades, como las denominadas enfermedades raras, que puedan justificar dicho adelanto en la edad de jubilación.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de abril de 2025.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

La Ley 2/2025, de 29 de abril, publicada en el BOE el 30 de abril y en vigor el 1 de mayo de 2025, marca un hito normativo en la protección laboral de las personas con discapacidad. Esta reforma modifica el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, condicionando la extinción del contrato por incapacidad permanente a la evaluación previa de ajustes razonables en el puesto de trabajo.