Legislación

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio (con entrada en vigor el 24 de julio), por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. Esta norma establece las actuaciones necesarias para la acogida de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, un paso más para dar comienzo a las reubicaciones entre los distintos territorios del país de manera sostenible y solidaria. Se avanza en la protección de niñas, niños y adolescentes que llegan a nuestro país solas y solos, a menudo tras vivir situaciones extremas y perder a quienes les cuidaban. La infancia migrante no acompañada se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad y debemos velar por su atención y sus derechos.

El Real Decreto 633/2025, de 15 de julio (BOE de 16 de julio), aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028 (EEAAE), uno de los tres instrumentos de planificación del Sistema Nacional de Empleo (SNE) previstos en la Ley 3/2023, junto con los Planes Anuales de Fomento del Empleo Digno (el PAFED 2025 se ha aprobado en Consejo de Ministros del 15 de julio) y el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo (SISPE). Su elaboración ha contado con la participación de comunidades autónomas, interlocutores sociales y órganos consultivos como el Consejo General del SNE y la Conferencia Sectorial de Empleo.

Frente a la orientación reformista de la EEAAE 2021-2024, la nueva Estrategia se centra en garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas y empresas a través de los servicios garantizados de la Cartera Común, desarrollada por el Real Decreto 438/2024. Asume como principios rectores la orientación personalizada, la innovación tecnológica y la evaluación sistemática, apoyándose en la Red COE (Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación) y en herramientas de perfilado e interoperabilidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social (y se ha publicado en el BOE del 16 de julio de 2025), el Real Decreto 634/2025, de 15 de julio, que regula la concesión directa de ayudas destinadas a la ejecución para el año 2025 de programas de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social, de formación en el trabajo, o de una combinación de ambos, mediante programas experienciales de empleo y formación TándEM, así como de iniciativas para el empleo joven (programas "Primera experiencia profesional en administraciones públicas" e "Investigo") que contribuyan a incrementar la competitividad de la investigación y la innovación. El importe total de las ayudas asciende a 139.043.120 euros.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por Resolución de 24 de junio de 2025, fija los coeficientes que las mutuas colaboradoras podrán aplicar para financiar la gestión de prestaciones por incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes, conforme a la modificación del artículo 24 de la Orden PJC/51/2024 introducida por la Orden PJC/656/2025.

El Real Decreto 561/2025, de 1 de julio (BOE de 2 de julio), en vigor el 3 de julio, introduce modificaciones puntuales el Real Decreto 100/2025, de 18 de febrero, por el que se desarrollan la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y los informes de evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de junio de 2025.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

En el BOE de 28 de junio, se ha publicado la Instrucción 1/2025, que desarrolla las directrices organizativas necesarias para coordinar eficazmente la actividad de la Oficina judicial con los nuevos Tribunales de instancia, figura introducida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, en el marco del proceso de modernización y eficiencia del Servicio Público de Justicia.