Legislación

En el BOE del sábado 28 de febrero, se publican dos Resoluciones de 26 de febrero de 2026, del Congreso de los Diputados. En una de ellas se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social y en otra el Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

El Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero (BOE de 19 de febrero), articula una respuesta de urgencia frente a los daños ocasionados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura, y con un ámbito territorial concretado en municipios (anexo y determinaciones posteriores -vid. art. 7.2–).

Aunque el siguiente análisis se centra en el núcleo sociolaboral del real decreto-ley (RDL) –medidas en materia de empleo y de Seguridad Social encaminadas a preservar el empleo, garantizar rentas de sustitución y facilitar el alivio de cargas de cotización, especialmente allí donde se han producido desalojos, evacuaciones, inundaciones o perturbaciones graves de la actividad–, conviene advertir que esta norma incorpora también ayudas económicas dirigidas a empresas y profesionales y contiene previsiones con impacto tributario.

En este último plano, merece mención específica el artículo 28, por su conexión con la fijación del SMI para 2026. En efecto, ese precepto, modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2026, la disposición adicional 61.ª de la Ley 35/2006 (IRPF) para articular una deducción por rendimientos del trabajo destinada a contribuyentes con rentas laborales bajas, con el objetivo de evitar la tributación efectiva de los perceptores del SMI.

Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de febrero de 2026.

• Normativa de las Comunidades Autónomas
  

El Real Decreto 90/2026, de 11 de febrero, regula un nuevo procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) para pacientes no hospitalizados, y fija además los márgenes de distribución y dispensación aplicables cuando se suministren a través de oficinas de farmacia. La norma ordena, en un único marco, cómo se decide la inclusión (o la exclusión) de estos productos en la prestación, en qué condiciones se financian y cómo se fija su precio financiado.

Qué normativa deroga

El real decreto deroga expresamente el Real Decreto 9/1996, de 15 de enero, junto con la Orden SCO/470/2002, de 20 de febrero, relativa a la actualización del cupón precinto. Además, se establece una cláusula general de derogación de cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en el nuevo texto.

En el BOE de 10 de febrero se publica la adhesión de España al Convenio OIT núm. 183 (2000) sobre protección de la maternidad. No implica una reforma inmediata, pero fija un compromiso internacional con estándares mínimos (salud laboral, prestaciones y garantías de empleo y no discriminación) que será plenamente aplicable en España desde el 11 de diciembre de 2026, reforzando el marco de referencia para la normativa laboral y de Seguridad Social.

Se publica el texto íntegro del Convenio, adoptado en Ginebra el 15 de junio de 2000, y la declaración formulada por España sobre la duración del permiso. En concreto, nuestro país comunica que el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores establece un permiso por nacimiento de 16 semanas, con lo que España se sitúa por encima del mínimo exigido por el propio Convenio, que fija una duración no inferior a 14 semanas. El Convenio, además, exige que ese periodo incluya un tramo de 6 semanas obligatorias tras el parto, admitiendo modulaciones si la normativa nacional articula otra fórmula mediante acuerdos con los interlocutores sociales, y prevé que, cuando el parto se produzca después de la fecha prevista, el periodo prenatal se prolongue sin que ello reduzca el postparto obligatorio.

El Real Decreto 67/2026, de 4 de febrero, publicado en el BOE del 6 de febrero y en vigor el 26 del mismo mes, aprueba, por primera vez mediante norma con rango de real decreto, una regulación integral de la gestión, seguimiento, control e inspección sanitaria de las situaciones de incapacidad temporal (baja para el servicio) del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en desarrollo de la habilitación contenida en la Ley 29/2014 (arts. 102 y 103) y con un diseño que toma como referencia la lógica de gestión del Real Decreto 625/2014 (régimen general), adaptándola a las singularidades estatutarias y operativas del Cuerpo.

Como consecuencia de no prosperar la convalidación del Real Decreto-Ley 16/2025, en el BOE del 4 de febrero se publican dos reales decretos-leyes. Por una parte, el Real Decreto-Ley 2/2026, de 3 de febrero, en vigor el 5 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. De esta norma interesa especialmente su artículo 7 que bajo la rúbrica «Medidas laborales vinculadas con el disfrute de ayudas públicas» establece que en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el propio real decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2026. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Asimismo, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.