Jurisprudencia

Incapacidad temporal (IT) derivada de enfermedad común (trastorno depresivo). Extinción del subsidio por la mutua por incomparecencia no justificada a reconocimiento médico. Inicio de un nuevo proceso de IT con el mismo diagnóstico al que la mutua niega efectos económicos por considerar, al tratarse de recaída del proceso precedente, que la causa de extinción del subsidio también afecta al segundo proceso. 

La jurisprudencia viene sosteniendo que la consideración en el artículo 169 de la LGSS como hecho causante de la IT el de la dolencia inicial, a efectos de cómputo conjunto de los periodos de incapacidad subsidiada, es una ficción legal encaminada a evitar una prolongación excesiva del subsidio de IT en los supuestos de enfermedades recidivantes, de manera que la disciplina de las recaídas no es rígida en cuanto a la identificación, hecho causante y requisitos sino en cuanto a la determinación del momento en que la dolencia hace su aparición, a fin de no otorgar a la baja una duración interminable. Y así, hay sentencias que consideran que los requisitos de afiliación, alta y carencia, si se cumplían al iniciarse el primer proceso de IT, se deben entender cumplidos en los posteriores que son recaída de ese primero.

Subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Límite de rentas. Aportación empresarial al plan de pensiones con posterioridad a la extinción de la relación laboral.

A la vista de lo establecido en el artículo 275 de la LGSS, en el que nada expreso se dice sobre planes de pensiones, y de lo resuelto por el Tribunal Supremo y por los Tribunales Superiores de Justicia, se estima que las aportaciones empresariales al plan de pensiones del actor no pueden ser computadas como rentas a los efectos de calcular el límite de rentas para acceder al subsidio reconocido. Lo relevante no es el origen de la renta sino la capacidad económica que esta concede para hacer frente a las necesidades vitales, manteniéndose, en lo que al subsidio por desempleo se refiere, un concepto civil de renta, frente al fiscal, lo que trae causa en la específica naturaleza que corresponde al subsidio por desempleo.

Sucesión de contratas de seguridad privada. Convenio colectivo que impone la subrogación de la entrante en los contratos de trabajo. Responsabilidad solidaria de las deudas salariales contraídas por la empresa saliente. Determinación de a quién corresponde la carga de probar la asunción de una parte relevante de la plantilla.

Aunque la obligación de subrogación de la plantilla adscrita a la contrata venga impuesta por un convenio colectivo no cabe descartar en todo caso la concurrencia de circunstancias que determinen que la nueva adjudicataria, lícitamente, no llegue a admitir a su servicio a la mayor parte de los trabajadores adscritos anteriormente a la contrata, por ejemplo porque no reuniesen la antigüedad necesaria prevista en el convenio, porque acordasen con su antigua empresa permanecer a su servicio adscritos a otra contrata o porque por cualquier otra razón cesaran en ese empleo y no llegasen a ser trabajadores de la nueva adjudicataria. De esta manera, no puede equipararse en todos los casos la mera existencia de la obligación de subrogación impuesta por el convenio colectivo con la necesaria concurrencia de un supuesto de sucesión empresarial, ni siquiera en el caso de actividades prestadas esencialmente mediante mano de obra.

Prestación familiar por hijo mayor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. Fecha de efectos económicos en aquellos supuestos en los que la prestación ya estaba reconocida y se percibió durante la minoría de edad del hijo con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siendo necesario modificar el grado de discapacidad.

En el caso concreto, la entidad gestora acordó la suspensión automática de la prestación cuando la hija alcanzó la mayoría de edad, al no constar entonces un grado de discapacidad del 65 %. Ante esta circunstancia, los progenitores promovieron de inmediato la revisión del grado de discapacidad ante el órgano competente, si bien no presentaron en ese momento ninguna solicitud o comunicación ante el INSS. Posteriormente, una vez obtenida sentencia firme que reconocía un grado de discapacidad superior al 65 %, formularon la correspondiente solicitud ante el INSS para la reanudación del pago de la prestación.

El Pleno de la Sala Cuarta analiza los requisitos extrínsecos e internos de los escritos de preparación e interposición, así como el nuevo requisito del interés casacional objetivo

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha estimado el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empresa y ha fijado criterios generales sobre la nueva configuración de este recurso tras la reforma introducida por la LO 1/2025. La sentencia analiza de forma sistemática los requisitos extrínsecos e internos de los escritos de preparación e interposición, así como el nuevo requisito del interés casacional objetivo, que pasa a ocupar una posición central en la admisión del recurso de unificación de doctrina.