Legislación Estatal

El Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto (publicado y en vigor el 4 de agosto), modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo, con la finalidad de permitir que en los supuestos de baja temporal establecidos en la norma se pueda producir la reincorporación hasta que concluya el desarrollo del programa.

El Real Decreto 956/2018, de 27 de julio (BOE de 30 de julio), aprueba y publica el Acuerdo por el que se establece la plenitud retributiva para el personal funcionario, estatutario o laboral al servicio de la AGE, de sus organismos o de sus entidades públicas dependientes, que se encuentre en IT, garantizando durante esta situación la percepción del 100 % de las retribuciones ordinarias correspondientes.

El contenido del acuerdo será directamente aplicable desde el 31 de agosto de 2018.

El día 31 de julio de 2018 entra en vigor el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que supone un cambio radical, al menos en lo que se refiere al derecho a la asistencia sanitaria prestada a través del Sistema Nacional de Salud, puesto que ese derecho parece salir del ámbito de la Seguridad Social para configurarse como un derecho de ciudadanía, de carácter universal, y solamente ligado a la residencia, extendiéndose también (con alguna imitación) a las personas que se encuentren irregularmente en España.

La medida de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística que, con carácter coyuntural y causa en la crisis, se adoptó en 2012 (Ley 3/2012 –disp. adic. 12ª–) y que se ha ido manteniendo en los ejercicios siguientes, también se aplica en 2018.

La LPGE 2018 afecta a la regulación de la prestación por desempleo en tres aspectos:

1. Establece, con efectos desde el 5 de julio de 2018, la compatibilidad de la prestación y el subsidio por desempleo con la percepción de cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por cualquier Administración pública.

2. Precisa el alcance y la forma de acreditación de la obligación de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo de suscribir el compromiso de actividad y buscar activamente un empleo, y adecua la redacción de la Ley de Empleo al pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró que es competencia autonómica la de sancionar las infracciones consistentes en no facilitar la información necesaria para garantizar la recepción de las notificaciones de la entidad gestora de prestaciones por desempleo y no cumplir el requisito de estar inscrito como demandante de empleo.

3. Regula el denominado «subsidio extraordinario de desempleo».

Con efectos desde el 1 de agosto de 2018 se amplía en 12 meses la aplicación de la «tarifa plana» de 50 euros para los autónomos que desarrollen su actividad en un municipio con menos de 5.000 habitantes.

A partir del 5 de julio de 2018 trabajadores y empleados públicos tienen derecho a 5 semanas por paternidad. Esta medida, contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, supone la ampliación del período en una semana y permite el disfrute de la última de forma independiente, reanudándose, en ese caso, el percibo del subsidio por paternidad en la cuantía que hubiera correspondido durante la primera fracción del descanso.