Legislación Estatal

En el BOE del 24 de junio se publica la Orden PJC/656/2025, de 20 de junio, ante la previsión de que algunas mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no alcancen los niveles de suficiencia económica necesarios para gestionar adecuadamente las prestaciones por incapacidad temporal (IT) derivadas de contingencias comunes, lo que podría traer consigo una utilización excesiva de las reservas de estabilización, especialmente de la correspondiente a contingencias profesionales, afectando su dotación mínima y dando lugar a la aplicación de medidas cautelares según el artículo 100.1.a) de la Ley general de la Seguridad Social.

El Real Decreto 483/2025, de 17 de junio (BOE de 18 de junio), desarrolla reglamentariamente la Ley 21/2022, de 19 de octubre, que crea un fondo de compensación destinado a personas afectadas por enfermedades derivadas de la exposición al amianto en el ámbito laboral, doméstico o ambiental en España. La norma establece los criterios de acceso, el procedimiento administrativo aplicable y la cuantía de las compensaciones económicas que podrán solicitarse a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), gestor del fondo.

Finalidad y naturaleza jurídica de la compensación

La compensación regulada tiene carácter indemnizatorio y se concede por una sola vez. Está dirigida a reparar los daños en la salud derivados de la exposición al amianto y no se integra en el régimen de prestaciones de la Seguridad Social. Su tramitación corresponde al INSS, que también puede subrogarse en los derechos de la persona beneficiaria frente a terceros responsables.

En el BOE del 16 de junio se publica la Resolución de 9 de junio de 2025, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación de las actividades preventivas que deberán desarrollar durante el año 2026 las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Esta disposición concreta el marco de actuación previsto en el artículo 5 del Real Decreto 860/2018 y en el artículo 82.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

La Orden PJC/617/2025, de 13 de junio, establece el importe de las tasas por la tramitación de autorizaciones administrativas y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería, en desarrollo de lo previsto en los artículos 44 y 48 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta norma sustituye a la anterior Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, y se adapta a la regulación introducida por el Reglamento aprobado mediante Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre.

La Resolución de 30 de mayo de 2025, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (BOE de 12 de junio, en vigor el 13 de junio y con efectos desde el 1 de enero de 2025), que se publica en desarrollo del artículo 26 de la Orden PJC/178/2025, establece los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes. Estas disposiciones incluyen ajustes según la situación financiera de las mutuas colaboradoras.

El Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo (BOE de 28 de mayo), establece un procedimiento reglado y específico para determinar, con carácter previo, los supuestos en que procede permitir la anticipación de la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante coeficientes reductores, cuando las actividades profesionales presentan condiciones de excepcional penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad, con elevados índices de morbilidad o mortalidad. Sustituye al anterior Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, al que deroga expresamente.

El proceso de transformación digital de la Administración laboral continúa su avance con la creación de la sede electrónica del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), por Resolución de 30 de abril de 2025 (BOE de 16 de mayo de 2025). Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de digitalización iniciada en los últimos años, y tiene importantes implicaciones prácticas para profesionales del derecho laboral y de la seguridad social.

La Orden ISM/444/2025, de 30 de abril, publicada en el BOE de 7 de mayo, regula el procedimiento para la inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad en el anexo del Real Decreto 1851/2009, norma que desarrolla la Ley general de la Seguridad Social permitiendo la anticipación de la jubilación para personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que estas patologías conlleven una reducción significativa y generalizada de la esperanza de vida. Esta orden se dicta en desarrollo de la disposición final cuarta del Real Decreto 1851/2009, introducida por el Real Decreto 370/2023, y responde a la necesidad de mantener actualizado un anexo abierto, especialmente ante la aparición de nuevas enfermedades, como las denominadas enfermedades raras, que puedan justificar dicho adelanto en la edad de jubilación.