Noticias

• El objetivo consiste en dar una respuesta inmediata y garantista a la situación de cientos de miles de personas extranjeras que ya se encuentran en nuestro país.
  
• La autorización concedida será de residencia con habilitación para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector.
  
• Las personas interesadas deben acreditar una permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, exceptuando los solicitantes de protección internacional, que deberán haber presentado dicha solicitud antes del 31 de diciembre de 2025.
  
• Se espera que las solicitudes se empiecen a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos de la tramitación del Real Decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.
  
• Elma Saiz: “Retomamos el camino que nos ha marcado la iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplísima mayoría del Congreso. Llegados a este punto, la vía reglamentaria es la más rápida, eficaz y garantista para dar una respuesta conforme al marco legal español y europeo”.

El despido de un trabajador es una decisión empresarial que puede tener un importante impacto económico y en el clima laboral. No suele ser fácil, primero hay que tomar la decisión, luego comunicar el despido y si el trabajador no está conforme puede derivar en improcedente o nulo.

En España la extinción del contrato de trabajo no finaliza necesariamente con la decisión empresarial de despedir al trabajador. En el ordenamiento laboral español, si no hay acuerdo entre las partes, el despido queda sometido a un control posterior por el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) o por un Juez de lo Social que puede desembocar en las siguientes calificaciones de despido:

• Despido procedente.
• Despido improcedente.
• Despido nulo.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal y de Comunidades Autónomas publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de enero de 2026.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El texto, previsto en el Plan de Acción por la Democracia, sustituye la ley de 1982, la adapta al entorno digital (inteligencia artificial, redes sociales, etc.) y amplía el nivel de protección de estos derechos fundamentales.

Una ley adaptada al entorno digital

El anteproyecto introduce novedades relevantes en materias como el consentimiento en el uso de nuestra imagen en el entorno digital. Por primera vez, considera ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización con fines publicitarios o comerciales empleando la inteligencia artificial o tecnologías similares (deepfakes).

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una norma que actualiza este derecho a las nuevas realidades de los medios de comunicación y a las vías por las que los ciudadanos acceden a la información, de modo que sustituirá a la actual legislación, de 1984.

El derecho de rectificación cumple una función esencial en la tutela de algunos derechos fundamentales -como el derecho al honor o a comunicar y recibir libremente información veraz- pues permite corregir informaciones inexactas que causan perjuicio y contribuye a favorecer la calidad del debate público, afectado por la proliferación de las fake news.