RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Los efectos del fin de la ultraactividad. Algunas cuestiones, algunas soluciones (o propuestas de solución)

El pasado 8 de julio de 2013 expiró el plazo que la reforma laboral, protagonizada por la Ley 3/2012 –con su precedente en el Real Decreto-Ley 3/2012–, otorgó a los convenios colectivos que habían sido denunciados para mantener su vigencia. Dicho de otro modo: el convenio colectivo que a esa fecha no hubiera sido negociado decaía en su aplicación a favor del de ámbito superior, tal y como plantea el precepto legal de aplicación (art. 86.3 ET). Sin embargo, dicho precepto no soluciona determinadas cuestiones que surgen en la práctica y que la doctrina ha puesto de manifiesto en diversos estudios –determinación del convenio de superior ámbito, ausencia del mismo...–. Este problema, lejos de reducirse a los convenios que vencían el día 8 de julio, se puede ir extendiendo a todos los que vayan llegado a su fecha de vencimiento, y habiendo sido denunciados, haya transcurrido el año previsto en la ley sin que hubieran previsto nada al efecto. Se trata, por tanto, en este análisis, de dar una respuesta que intente, en la medida de lo posible, contribuir a dicho debate aportando nuevas argumentaciones al mismo.

Palabras clave: ultraactividad, negociación colectiva, convenio colectivo y vigencia del convenio colectivo.

Francisco Vila Tierno
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Málaga

Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Málaga

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RTSS. CEF. NÚM. 370 (enero 2014)

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Las consultas en los despidos colectivos tras la reforma laboral de 2012: ¿Un nuevo modelo de negociación?

La supresión de la autorización por parte de la autoridad laboral para poder llevar a cabo despidos colectivos ha terminado por cambiar el modelo de negociación del despido colectivo, ya que ha animado hacia conductas de pasividad negociadora por parte del empresario. Ante este problema ha intentado reaccionar la reciente doctrina judicial declarando la nulidad de aquellos despidos colectivos en los que se hubiera vaciado de contenido el objetivo de las consultas, que es el de intentar evitar o reducir los despidos o atenuar sus consecuencias. La duración del tiempo con el que van a contar los interlocutores laborales para efectuar su negociación colectiva también ha sido una cuestión modificada y sobre la que ha tenido ocasión de pronunciarse la doctrina judicial.

Palabras clave: despido colectivo, periodo de consultas, representantes de los trabajadores, negociación y buena fe.

Eduardo Enrique Taléns Visconti
Investigador en Formación "Atracció de Talent" .

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén

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RTSS. CEF. NÚM. 370 (enero 2014)

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La rabiosa actualidad socio-laboral para el inicio del 2014: entre la certeza de los recortes de la protección social y la esperanza de la empleabilidad a tiempo parcial

La nueva crisis fiscal del Estado de Bienestar lleva a continuas reformas, tanto de las instituciones reguladoras del mercado de trabajo como de las pensiones. Estos cambios, aun a la desesperada, no cesan. La realidad muestra que tales cambios suelen producir los efectos contrarios a los reconocidos por quienes los introducen. Pese a todo, los legisladores y sus políticas se empeñan en seguir ese camino errático. La Ley 23/2013, que lleva a una importante reducción del coste del sistema de pensiones a través de la introducción del llamado «factor de sostenibilidad», y el Real Decreto-Ley 16/2013, que apuesta por una mayor creación de empleo a través de incrementar el carácter parcial, ilustran claramente esta fiebre reformadora orientada en un único y equivocado camino. Lo mismo evidencia la Ley 22/2013, Ley General de Presupuestos del Estado para el año 2014, cuya razón de ser sigue siendo la garantía de la solvencia financiera del Estado mediante la depresión de los derechos de los ciudadanos.
En este artículo se analizan con detenimiento las novedades sociales y laborales de todas esas leyes. En él se explican los principales cambios, se evidencian los problemas aplicativos más destacados y se formulan soluciones, cuando las hay, lo que no sucede siempre.

Palabras clave: trabajo a tiempo parcial, pensiones públicas, políticas de mercado de trabajo y flexibilidad.

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén

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RTSS. CEF. NÚM. 370 (enero 2014)

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La gestión de la toma de riesgos como facilitador de la innovación en las organizaciones

La relación entre la toma de riesgos y la innovación en la empresa ha sido analizada desde dos perspectivas de forma desconectada. Desde el punto de vista de gestión, las teorías relacionadas con la orientación emprendedora y el liderazgo han proporcionado una guía útil para establecer una relación directa y positiva entre la toma de riesgos de los directivos y la innovación. Desde una perspectiva del empleado, se ha señalado que un clima organizativo que promueva la toma de riesgos es particularmente efectivo para crear y mantener comportamientos innovadores entre los empleados. Sin embargo, existe poca evidencia empírica que combine ambas perspectivas para obtener una imagen global de la relación entre toma de riesgos y resultado innovador.
Este trabajo pretende contribuir a la relación entre la propensión de los directivos hacia la toma de riesgos, el clima organizativo de toma de riesgos y la innovación. Con este objetivo, desarrollamos y testamos un modelo conceptual donde se analiza la relación entre la propensión hacia la toma de riesgos de los directivos, el clima organizativo y la innovación. Contrastamos las hipótesis sobre una muestra de 182 empresas. Tal como se esperaba, los resultados indican que el clima de toma de riesgos y la propensión de los directivos a tomar riesgos juegan un papel significativo en determinar el desempeño innovador.

Palabras clave: resultados de innovación, toma de riesgos, clima organizativo, teoría de señalización y teoría socio-cognitiva.

Oscar Llópis
Doctor en Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia.

Investigador en INGENIO (CSIC-UPV)

Ana García Granero
Doctora en Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia.

Investigadora en INGENIO (CSIC-UPV)

Anabel Fernández-Mesa
Ayudante Doctor en Organización de Empresas.

Departamento de Dirección de Empresas "Juan José Renau Piqueras". Universidad de Valencia.

Joaquín Alegre
Catedrático en Organización de Empresas.

Departamento de Dirección de Empresas "Juan José Renau Piqueras". Universidad de Valencia.

Este trabajo ha sido seleccionado para su publicación con mención especial por: don Vicente González Romá, don José Abargues Morán, don Tomás Guillén Gorbe, don Vicente Martínez Tur y don Alfonso Merino Hijosa.

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RTSS. CEF. NÚM. 370 (enero 2014)

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La dimensión Socio-Laboral del pretendido –¿o pretencioso?– nuevo «estatuto promocional del emprendedor»

Se ha aprobado, por fin, y con gran algarabía, la considerada como verdadera «Ley de Emprendedores», la Ley 14/2013, tras una primera versión aguada, la representada por la Ley 11/2013. Ambas leyes hacen un intenso uso instrumental de medidas sociales y laborales para favorecer la actividad de emprendimiento. El propósito de este estudio es ver y analizar, desde el ámbito estrictamente socio-laboral (medidas de empleo, laborales, de seguridad social, de autorización para trabajar), si el estudio jurídico de las nuevas propuestas avala la fe puesta en la Ley 14/2013 para favorecer el crecimiento de nuestro tejido económico o si, al contrario, propicia más bien la multiplicación de situaciones difíciles entre el autoempleo y los «falsos autónomos». Y veremos que no solo el camino emprendido por la Ley 14/2013 es insuficiente para crear las condiciones favorables a la mejora de la actividad empresarial, sino que sigue habiendo zonas muy tortuosas cuando no, al menos algunas, erradas, pues más bien propician el retorno a estrategias de fuga o huida de lo laboral, ahora hacia el autoempleo travestido de un evanescente estatuto jurídico de «actividad emprendedora-sujeto emprendedor».

Palabras clave: políticas de mercado de trabajo, trabajo autónomo, autoempleo y emprendedores.

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén

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RTSS. CEF. NÚM. 369 (diciembre 2013)

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Aspectos mercantiles de la Ley de Emprendedores

Hay un verdadero boom en España acerca de los emprendedores y de la iniciativa empresarial en general.
Se nos presenta el emprendimiento como la manera en que España va a poder generar empleo suficiente para los seis millones de parados que existen, cuando la realidad es que cualquier actividad empresarial implica un riesgo evidente, que no llegan a buen puerto muchas de las iniciativas emprendedoras que se plantean y que muchas iniciativas de emprendimiento iniciadas por la desesperación de no encontrar un puesto de trabajo, al no tener una base sólida de partida más allá del interés en desarrollar alguna actividad, tienen más papeletas si cabe de no tener éxito.
Si a lo anterior le unimos el tradicional lastre que para la creación de empresas supone la burocracia normativa española, un sistema impositivo de los más gravosos del mundo y una escasez histórica de financiación, tenemos todos los argumentos para urgir una Ley de Emprendedores que de verdad diera respuesta y solución a todos estos acuciantes problemas y facilitara, agilizara e incentivara la vida empresarial española.
La Ley de Emprendedores del 27 de septiembre, si bien parece tener claros los problemas que afronta el emprendedor en España tanto al comienzo de su actividad como en el día a día de la misma, no llega a conseguir los objetivos deseados de agilizar trámites burocráticos e incentivar a aquellas personas que tienen un verdadero espíritu emprendedor en el desarrollo y expansión del mismo.
Nos deja la Ley de Emprendedores, eso sí, una serie de buenas ideas en las que esperemos que el legislador tenga la posibilidad de incidir en el futuro, y de crear realmente ese movimiento que lleve a España a la cabeza de los países en los que más fácil sea crear una empresa y en el que más recursos ofrezca la legislación de aplicación para no poner trabas al posible éxito de un proyecto empresarial.

Palabras clave: Ley de Emprendedores, emprendedor de responsabilidad limitada, sociedad limitada de formación sucesiva, puntos de atención al emprendedor y reducción de cargas administrativas.

José Sánchez Montalbán
Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales en ICADE
Abogado y Asesor Corporativo.

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RTSS. CEF. NÚM. 369 (diciembre 2013)

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Modificaciones en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, introducidas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

A lo largo del presente artículo se irán analizando las modificaciones que la llamada «Ley de Emprendedores» ha introducido en la Ley Concursal.
Que el derecho concursal es una realidad social y dinámica parece evidente. La última gran reforma de la Ley Concursal vino dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. Dos años después, algunos artículos ya reformados se vuelven a modificar y, como veremos a continuación, se aumenta el articulado y los títulos de la Ley 22/2003.
Los prolegómenos a las modificaciones habidas hay que buscarlos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Como podrá observarse no siempre es fácil conciliar dos leyes y en esta ocasión esto no va a constituir una excepción.
Por último, hay que reconocer que siempre es loable la buena disposición del legislador de intentar acortar los plazos y dar soluciones rápidas a temas de tanta relevancia social; como siempre hemos deseado, hacemos votos para que la teoría no choque frontalmente contra la realidad.

Palabras clave: emprendedor, mediación, mediador concursal y acuerdo extrajudicial de pagos.

Inocencio Carazo González
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Salamanca.

Gonzalo Domínguez Ruiz
Abogado

Socios Directivos de Insesa Concursal Abogados y Profesores del CEF

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RTSS. CEF. NÚM. 369 (diciembre 2013)

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El régimen especial del criterio de caja

El legislador, a través de la Ley de apoyo a los emprendedores (y la modificación operada en el Reglamento del IVA), introduce un nuevo régimen especial en el IVA, el del criterio de caja, ampliamente demandado por determinados sectores empresariales y profesionales, que pretende paliar problemas financieros de estos en relación con este impuesto. Se trata de un régimen voluntario que opta por el «sistema o criterio de caja doble» para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones no supere los 2 millones de euros: el empresario o profesional retrasa el devengo y la declaración e ingreso del IVA devengado hasta el momento del cobro, total o parcial, a sus clientes, con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las mismas se hayan efectuado; y ve retardado también el momento en que nace el derecho a la deducción de las cuotas que soporta en sus adquisiciones hasta el momento en que realiza el pago a los proveedores, con igual límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. El presente artículo aborda el examen de este nuevo régimen especial en los tres ámbitos básicos del mismo, delimitando su marco subjetivo, el contenido del régimen (que afecta tanto a los sujetos pasivos acogidos al mismo, como a sus clientes o destinatarios empresarios o profesionales) y las obligaciones formales, con especial incidencia en las cuestiones conflictivas que se plantean en su aplicación.

Palabras clave: IVA, regímenes especiales, régimen especial del criterio de caja, devengo, repercusión, deducciones, declaración de concurso, libros registros obligatorios y factura.

Antonio Longás Lafuente
Inspector de Hacienda del Estado

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RTSS. CEF. NÚM. 369 (diciembre 2013)

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