RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

El cese por desistimiento en la alta dirección del sector público tras la reforma de 2012

El sector público no ha estado exento de los sustanciales cambios que la reforma laboral de 2012 introdujo en el panorama normativo español. El Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, introdujo importantes limitaciones en materia de indemnización por desistimiento del empresario para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal.

Posteriormente la Ley 3/2012 amplió estas limitaciones a los entes, consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público autonómico y local.

El legislador ha querido poner el foco en los que ocupan puestos de alta dirección y de administración, queriendo corregir algunos excesos producidos en el pasado con más frecuencia de la deseada. Para ello se han limitado las retribuciones y las indemnizaciones por desistimiento. Respecto a estas últimas, la reforma no ha previsto periodo transitorio alguno, irrumpiendo sobre los contratos vigentes a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012 y declarando nulos sus blindajes.

Principios constitucionales como la irretroactividad o la seguridad jurídica se han bordeado peligrosamente. Tampoco el desarrollo reglamentario de la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 3/2012 ha venido a aportar luces a la cuestión, sino más bien sombras, al complicar todavía más el complejo y discutido término de alta dirección en el sector público.

Podemos decir que la litigiosidad está servida. Ahora, tienen que ser los jueces quienes a través de la interpretación de la norma y la aplicación de los principios generales del derecho modulen las consecuencias del cambio normativo. En las páginas que siguen se da noticia del estado actual de la cuestión.

Palabras clave: sector público, contrato de alta dirección y desistimiento.

María José Ramo Herrando
Abogada

Puede adquirir este documento en la página web ceflegal.com
RTSS. CEF. NÚM. 368 (noviembre 2013)

Comprar Documento en ceflegal.com

Las iniciativas corporativas de responsabilidad social orientadas hacia los recursos humanos y su implantación en empresas europeas

Adicionalmente a su configuración como un paradigma de referencia en la reciente investigación organizacional, la responsabilidad social corporativa (RSC) cuenta hoy en día con una indudable proyección sobre la práctica gestora. Muchas organizaciones han optado por la adopción voluntaria de líneas de actuación que responden a patrones específicos de conducta corporativa conforme a los cuales una entidad muestra una visión abierta a la satisfacción de objetivos de una pluralidad de interesados que se interrelacionan con la actividad de la firma, entre los que se encuentran los recursos humanos de los que dispone la entidad. En el presente trabajo se contempla una serie de iniciativas corporativas de RSC interna, considerando como tales a aquellas en las que los recursos humanos son los destinatarios directos de sus efectos perceptibles, con la finalidad de analizar empíricamente los niveles de implantación que se han alcanzado a escala europea, a través de la selección de una muestra que comprende a 551 de las principales empresas cotizadas ubicadas en 15 países, observando asimismo su evolución a lo largo del periodo 2007-2011, ambos inclusive. Complementariamente, el estudio también comprueba la hipótesis que presupone que el nivel de desarrollo que alcanzan dichas prácticas de RSC produce una mejora en los indicadores de éxito financiero de una empresa.

Palabras clave: responsabilidad social corporativa interna, ratios financieros y responsabilidad empresarial.

Mercedes Redondo Cristóbal
Profesora de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
Universidad de Valladolid

Francisco Javier Jiménez de la Maza
Investigador.
Universidad de Valladoli
d

 

Este trabajo ha obtenido el Accésit Premio Estudios Financieros 2013 en la modalidad de Recursos Humanos.
El Jurado ha estado compuesto por: don Vicente González Romá, don José Abargues Morán, don Tomás Guillén Gorbe, don Vicente Martínez Tur y don Alfonso Merino Hijosa.
Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.


Puede adquirir este documento en la página web ceflegal.com
RTSS. CEF. NÚM. 368 (noviembre 2013)

Comprar Documento en ceflegal.com

Toda "moneda legal" tiene dos caras: relecturas de la reforma laboral a la luz del Derecho Social Comunitario

La reforma laboral de 2012 ha querido desvincular la regulación de las relaciones de trabajo en España de buena parte de las representaciones normativas propias de un orden jurídico más global y coherente, de manera que la nueva palabra del legislador, en defensa de la función productiva del trabajo asalariado, se convirtiera prácticamente en la única relevante. La reivindicación de la «autoridad de la Ley» por encima de cualquier otra se justifica invocando otra «autoridad superior», la política económico-monetaria de la Unión Europea.

Sin embargo, los jueces de lo Social contestan esta pretensión de exclusividad y aislamiento precisamente apelando a esa otra «autoridad jurídica superior» transnacional, pero no en su versión más marcadamente economicista sino en la social, integrando el contenido de los textos legales nacionales con las normas y principios transnacionales, en especial europeos, a través de las construcciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El propósito de este estudio es poner de relieve una serie de aspectos de la reforma laboral que colisionan de un modo directo con el Derecho Social Comunitario y que, en consecuencia, exigen revisión, bien a través de una interpretación correctora de los textos legales bien de una interpretación incluso abrogatoria de los mismos, en virtud del principio de primacía del Derecho Comunitario.

Palabras clave: tasas judiciales, Derecho Social Comunitario, equidad judicial y arte del Derecho.

Carlos de la Torre Vallecillo
Estudiante de Derecho.
Universidad de Jaén

 

Este trabajo ha obtenido el Accésit Premio Estudios Financieros 2013 en la modalidad de Trabajo y Seguridad Social.
El Jurado ha estado compuesto por: don Francisco J. Pérez Navarro, don Carlos Alfonso Mellado, don Juan López Gandía, doña Isabel Merenciano Gil y doña Lourdes Paramio Nieto.
Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.


Puede adquirir este documento en la página web ceflegal.com
RTSS. CEF. NÚM. 367 (octubre 2013)

Comprar Documento en ceflegal.com

La nueva ley de fomento del autoempleo: en busca de "El Dorado"

La tramitación parlamentaria del Real Decreto-Ley 4/2013 ha culminado con la Ley 11/2013. Este proceso ha pasado sin pena ni gloria, de modo que, leída con detalle, y en una comprensión aislada, la ley apenas tendría contenido jurídico-social y laboral novedoso, ofreciendo si acaso algunas mejoras técnicas, de clarificación o retoque normativo que, a nuestro entender, no justifican en absoluto el coste del procedimiento de transformación en ley. Si, como es de suponer, ya se sabía que se iba a dictar un nuevo real decreto-ley de «re-reformas», el Real Decreto-Ley 11/2013, casi mejor hubiera sido incorporar esos retoques en un puñado de disposiciones adicionales en tal real decreto-ley, con lo que al menos nos hubiésemos ahorrado una nueva e insulsa ley, en espera de que se aprobara la «verdadera» Ley de Emprendedores, lo que ya ha sucedido con la Ley 14/2013.
No obstante, determinados acontecimientos recientes, tanto jurídicos como socioeconómicos, han dado una mayor actualidad y trascendencia a algunas de las novedades de la ley, de manera que su conocimiento reviste mayor interés para juristas, consultores y gestores de empresas. Cuestiones como el ámbito de aplicación de la llamada «tarifa social plana» para los trabajadores autónomos, o el alcance de las bonificaciones y reducciones previstas para incentivar la contratación, que se extienden a las empresas usuarias o clientes de las empresas de trabajo temporal, entre otras, presentan renovados aspectos de interés y actualidad que bien merecen un comentario detenido por su trascendencia y conflictividad. De todo ello se da cuenta, de forma pormenorizada, en este estudio, evidenciando problemas y apuntando soluciones.

Palabras claves: políticas de mercado de trabajo, trabajo autónomo, emprendedores y contratación laboral.

 

María Rosa Vallecillo Gámez
Especialista en Políticas de Empleo. Doctora en Ciencias del Trabajo. Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén

Puede adquirir este documento en la página web ceflegal.com
RTSS. CEF. NÚM. 367 (octubre 2013)

Comprar Documento en ceflegal.com

El derecho a la asistencia sanitaria en España: ¿derecho de Seguridad Social o asistencia sanitaria pública?

Desde la promulgación en 1986 de la Ley General de Sanidad, que tenía como finalidad hacer efectivo el derecho a la asistencia sanitaria de todos los españoles reconocido en el artículo 43 de la Constitución, se ha venido produciendo un proceso de separación entre el ejercicio del «derecho a la asistencia sanitaria pública» y el correspondiente al «derecho a la Seguridad Social», proceso que, aunque iniciado con la implantación del Sistema Nacional de Salud y los diferentes Servicios Públicos de Salud, y el cambio en la cobertura financiera de las prestaciones sanitarias que, desde el ejercicio 2001, se sitúa en la esfera de la imposición general, sin embargo no ha logrado la escisión final, de modo que, en la casi totalidad de los supuestos, el acceso a la asistencia sanitaria pública venía precedido del reconocimiento de ese derecho no por los organismos sanitarios, sino a través de las denominadas entidades gestoras de la Seguridad Social (el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina), por más que normas posteriores (en 2002 y 2011) siguieran insistiendo en la proclamación de un derecho a la asistencia sanitaria, de carácter universal y, en principio, diferenciado del ámbito de la Seguridad Social.
En 2012 y a través del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, además de otras finalidades, se han incorporado una serie de medidas que implican un reforzamiento de las relaciones existentes entre el acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y el derecho a la asistencia sanitaria, a través de la Seguridad Social, efectuando una especie de recentralización de competencias en el ámbito del derecho a la asistencia sanitaria a favor de las entidades gestoras de la Seguridad Social, puesto que para que puedan hacerse efectivas las mencionadas prestaciones es necesario que las personas interesadas, en su condición de aseguradas o beneficiarias, acrediten el título del derecho a esa misma asistencia que reconocen únicamente esas entidades gestoras de la Seguridad Social, en los términos reflejados en el Real Decreto-Ley 16/2012, con las normas de aplicación y desarrollo contenidas en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

Palabras clave: asistencia sanitaria, asegurado, beneficiario, Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social.

 

José Antonio Panizo Robles
Administrador Civil del Estado

Puede adquirir este documento en la página web ceflegal.com
RTSS. CEF. NÚM. 367 (octubre 2013)

Comprar Documento en ceflegal.com

Los empleados de las entidades no lucrativas en un mundo lucrativo

La importancia del ámbito no lucrativo en el conjunto de la economía mundial no ha parado de crecer en las últimas décadas, significando a día de hoy una parte muy importante del tejido económico y social europeo. A pesar de la eclosión de este tipo de entidades, las condiciones laborales de los asalariados del sector no son suficientemente conocidas. El presente estudio pretende aportar nuevos matices, trazas y colores que ayuden a rematar el cuadro del tercer sector en el ámbito de la Unión Europea. Para lograr este fin se comparan las condiciones de trabajo de los asalariados del sector lucrativo y no lucrativo, utilizando una muestra obtenida de la V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo 2010: 1.066 asalariados distribuidos entre 469 «no lucrativos» y 597 «lucrativos». Con estos datos se aplica un modelo de regresión logística que contribuye a determinar el efecto conjunto que diferentes categorías de variables –personales, organizativas y de contexto– ejercen sobre la probabilidad de que un individuo trabaje en el tercer sector frente al sector lucrativo. Los resultados que se derivan del modelo de regresión logística descubren que el peso de los elementos de retribución intrínseca compensan unas condiciones laborales extrínsecas más precarias entre los asalariados del tercer sector, derivando todo ello en el desarrollo de actitudes positivas hacia el trabajo y la propia organización.

Palabras clave: tercer sector, trabajadores, Europa, sector lucrativo, condiciones de trabajo y regresión logística.

José Antonio Ariza Montes Ana María Lucía Casademunt
Doctores en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesores de la Universidad Loyola Andalucía

 

Este trabajo ha obtenido el Accésit Premio Estudios Financieros 2013 en la modalidad de Recursos Humanos.
El Jurado ha estado compuesto por: don Vicente González Romá, don José Abargues Morán, don Tomás Guillén Gorbe, don Vicente Martínez Tur y don Alfonso Merino Hijosa.
Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.

Puede adquirir este documento en la página web ceflegal.com
RTSS. CEF. NÚM. 367 (octubre 2013)

Comprar Documento en ceflegal.com

 

Nuevos capítulos de una reforma laboral sin líneas rojas: qué hay de nuevo en el RDL 11/2013

Las quejas de los empresarios, canalizadas a través de los despachos de abogados que los representan, por las disfunciones aplicativas de la reforma laboral en sede judicial, han llevado al Gobierno a introducir modificaciones en las diversas leyes laborales para dar satisfacción a sus pretensiones. Ese es el objetivo principal, junto al nuevo régimen de protección social del trabajo a tiempo parcial, obligado por el cumplimiento de sentencias del TJUE y del TCO español, del RDL 11/2013, de 2 de agosto, por lo que este estudio ofrece un detallado análisis de las razones que justifican los diversos cambios y los principales problemas aplicativos que suscitarán.

Palabras clave: mercado de trabajo, reforma laboral, trabajo a tiempo parcial, despidos colectivos y protección por desempleo.

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén

Puede adquirir este documento en la página web ceflegal.com
RTSS. CEF. NÚM. 365-366 (agosto-septiembre 2013)

Comprar Documento en ceflegal.com

Las nuevas facultades decisorias de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

El artículo 82.3 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, prevé la competencia de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para decidir sobre la solicitud que los empresarios o representantes de los trabajadores puedan plantearle sobre la inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo, siempre y cuando los procedimientos previstos en el mencionado precepto (celebración de un periodo de consultas entre las partes; intervención de la comisión paritaria del convenio; procedimiento de solución extrajudicial de conflictos) no fueran aplicables o no hubieran solucionado la discrepancia.

Hasta la fecha se han tramitado 26 expedientes de inaplicación de convenio. Solo uno se ha estimado totalmente y cuatro de forma parcial. El resto de las solicitudes se han inadmitido por falta de competencia territorial u objetiva de la Comisión o por falta de los presupuestos que el artículo 82.3 exige para su intervención. En este estudio se analizan de forma detallada los requisitos que deben concurrir y acreditarse para que prospere el arbitraje ante la Comisión.

Palabras clave: eficacia general de los convenios, inaplicación de convenio, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y arbitraje.

María del Mar Alarcón Castellanos
Directora General de Trabajo de la Comunidad de Madrid

Aránzazu Roldán Martínez
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad Europea de Madrid

 

Este trabajo ha obtenido el 1.er Premio Estudios Financieros 2013 en la modalidad de Trabajo y Seguridad Social.
El Jurado ha estado compuesto por: don Francisco J. Pérez Navarro, don Carlos Alfonso Mellado, don Juan López Gandía, doña Isabel Merenciano Gil y doña Lourdes Paramio Nieto.
Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.


Puede adquirir este documento en la página web ceflegal.com
RTSS. CEF. NÚM. 365-366 (agosto-septiembre 2013)

Comprar Documento en ceflegal.com


Páginas