RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Derechos del trabajador en caso de enfermedad grave de un hijo

El ordenamiento jurídico español prevé numerosos instrumentos para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. No obstante, en la mayoría de los supuestos, estos mecanismos responden a la necesidad de atención de determinados sujetos que, por sus especiales características, necesitan del cuidado directo del trabajador (menores, personas discapacitadas, etc.). Además, es habitual que el ejercicio de estos derechos se condicione a la concurrencia de concretas circunstancias en las que la intervención del trabajador se hace más precisa, como ocurre, sin ir más lejos, en el supuesto del cuidado de un hijo que sufra una enfermedad. En efecto, debido a la natural dependencia de un menor respecto a sus progenitores, la atención de los padres deviene indispensable durante la convalecencia de un hijo, ya que, al habitual cuidado que requiere un hijo, se suman, por un lado, los cuidados especiales que se derivan de la enfermedad y, por otro, una mayor dedicación temporal. Ante esta situación, se torna necesario que el ordenamiento jurídico arbitre medidas encaminadas a facilitar la atención de los hijos.
El presente trabajo tiene por finalidad estudiar las concretas medidas que nuestro ordenamiento jurídico arbitra para que los trabajadores por cuenta ajena puedan atender a un hijo enfermo. En concreto se van a analizar el permiso y la reducción de jornada por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto; la reducción de jornada para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; la interrupción de la suspensión del contrato de trabajo por maternidad ante la hospitalización del hijo a continuación del parto; y, por último, la ampliación del periodo de suspensión del contrato por maternidad en caso de hospitalización del hijo a continuación del parto.

Palabras clave: permiso, enfermedad de un hijo, suspensión del contrato y conciliación de la vida familiar y laboral.

 

Alicia Fernández-Peinado Martínez
Doctora. Profesora Ayudante LOU. Universidad de Alicante

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RTSS. CEF. NÚM. 361 (abril 2013)

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La defunción del derecho a la inmovilidad del lugar de trabajo

La situación de crisis generalizada, en el contexto de un mundo globalizado y marcado por la necesaria flexibilidad empresarial para su reestructuración y adaptación a las circunstancias en cada momento concurrentes, ha convertido un clásico principio general del derecho laboral, el de la inmovilidad del lugar inicialmente pactado para la prestación de servicios, en una regla vacía de contenido. Desde un punto de vista interno, porque el instituto de la movilidad geográfica ha sido modificado –especialmente en el último trienio– hasta el punto de amparar la libre decisión del titular de la unidad productiva; en un plano internacional, porque las nuevas estrategias de deslocalización y la cada vez más fomentada y facilitada dimensión transnacional de la actividad empresarial abocan al trabajador a un movimiento migratorio con la finalidad de buscar empleo o, en su caso, mantener el que tiene.

Palabras clave: lugar de trabajo, traslado, globalización y reforma laboral.

 

José Gustavo Quirós Hidalgo
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León

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RTSS. CEF. NÚM. 361 (abril 2013)

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La reforma de segunda generación del mercado laboral: Incentivos al “espíritu emprendedor” y retorno del “pensamiento mágico”

El Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas para fomentar el empleo y el autoempleo juvenil parte de un diagnóstico cierto: el “desempleo juvenil” en España es un “problema estructural”, que la crisis agrava sí, pero en absoluto crea, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos –Italia, Suecia-, en los que el desempleo juvenil triplica el desempleo global. Un problema estructural solo puede resolverse con reformas estructurales. La nueva norma pretende generar la creencia en que así lo va a hacer, por eso intenta desmarcarla de la Ley 3/2012, llamándola “reforma de segunda generación”, como si el nombre tuviera en sí mismo la magia de cambiar la realidad. Ahora, sugiere, no promoverá la “devaluación” de condiciones de empleo y de trabajo para favorecer la competitividad, sino que la busca fomentando el “espíritu emprendedor”, facilitando financiación alternativa a las PYMES, propiciando el emprendimiento y facilitando nuevas oportunidades de empleo a los jóvenes, anticipando para España la propuesta comunitaria de la “garantía juvenil de empleo”.

Pero como suele suceder con todo lo que implica “segundas partes”, una vez más el “paraíso prometido” en el Preámbulo no se corresponde con la realidad dada. Al contrario, frente a la ilusión de un marco institucional para una nueva era cultural y socio-económica, más evolucionada y moderna, basada en la innovación empresarial y la cualificación juvenil, encontramos la decepción del eterno retorno a las soluciones del pasado, reafirmando la cultura empresarial del favor por la contratación temporal. No se fomenta el emprendimiento –la iniciativa empresarial- sino el autoempleo, y no se propician mayores y mejores oportunidades de empleo juvenil, sino que se abre un gran abanico de sub-modalidades de contratos laborales, de todo tipo, cuya razón de ser es única y la misma: insertar en el mercado de trabajo a los jóvenes durante un cierto tiempo, en espera del cambio de ciclo económico.

Con esta perspectiva, aquí se ofrece un estudio detallado de todos y cada uno de los incentivos contenidos en el Real Decreto-Ley 4/2013 tanto al autoempleo juvenil cuanto a la contratación laboral de jóvenes. Los autores exponen las nuevas condiciones de uso y se detectan los problemas aplicativos, aportando soluciones. También hay espacio para una nueva modalidad de contratación de solidaridad intergeneracional en la que es el joven emprendedor el que ofrece la oportunidad de empleo al trabajador maduro, con lo que conecta también con el Real Decreto-Ley 5/2013.

Palabras claves: garantía juvenil, desempleo juvenil, contratos de trabajo, emprendimiento e intermediación laboral.

 

María Rosa Vallecillo Gámez
Especialista en Políticas de Empleo. Doctora en Ciencias del Trabajo. Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén

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RTSS. CEF. NÚM. 361 (abril 2013)

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Las nuevas reglas de acceso a la jubilación: a propósito del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, en el marco de las reformas de los sistemas de pensiones para favorecer su sostenibilidad y viabilidad, estableció una nueva regulación de la pensión de jubilación, si bien, antes de que entrase en vigor, el Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, suspendió durante tres meses la aplicación básicamente en dos cuestiones: el acceso anticipado a la misma y las modificaciones introducidas en relación con la jubilación parcial.

El Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, levanta «la suspensión parcial» en la vigencia de la Ley 27/2011, aunque no con su contenido originario, sino mediante la modificación de sus preceptos, que tienen como objetivos, en lo que se refiere a la jubilación anticipada, compensar suficientemente al sistema por los mayores costes y menores ingresos que implica el adelantamiento en la percepción de la pensión y, en cuanto a la jubilación parcial, reconducir esta modalidad de jubilación a su objetivo básico, de trasmisión generacional de conocimientos y experiencias, evitando, al tiempo, que constituya un acceso privilegiado a una jubilación anticipada.

Al tiempo, la nueva disposición legal incorpora una nueva regulación de la compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de actividades, cuando se trata de los trabajadores de edad que se jubilen con largas carreras de cotización, ampliando los supuestos de compatibilidad existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2013 y generalizando las nuevas reglas a todos los regímenes de la Seguridad Social.

En este trabajo, se señala cómo queda la regulación en el acceso a la pensión de jubilación, en especial, tras las modificaciones incorporadas por el Real Decreto-Ley 5/2013, así como los diferentes supuestos de compatibilidad entre la pensión de jubilación y la realización de actividades, al tiempo que se reflejan, de forma sintética, otros cambios en otras cuestiones relacionadas con la Seguridad Social contenidos en dicho real decreto-ley.

Palabras clave: jubilación, jubilación anticipada, jubilación parcial, compatibilidad y Seguridad Social.

 

José Antonio Panizo Robles
Administrador Civil del Estado
Miembro del Instituto Europeo de Seguridad Social

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RTSS. CEF. NÚM. 361 (abril 2013)

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Apuntes sobre la reforma laboral y propuestas de futuro

En las circunstancias que hemos ido atravesando en los últimos años de muy grave deterioro del empleo, parecía necesario adoptar medidas de urgencia que contribuyesen a crear empleo y a detener drásticamente el mal endémico español del desempleo. El ordenamiento laboral español, si bien ha dado respuesta en el pasado a las necesidades económicas de cada momento, se estaba manifestando como insuficiente para ayudar a la economía española en el estado crítico en el que se encuentra. Tales medidas deben ser estructurales y la reciente reforma laboral aprobada por el legislador español ha intentado establecer bases innovadoras y profundas para parar la sangría en nuestro mercado de trabajo y crear un nuevo escenario de relaciones laborales. La reforma se ha centrado en facilitar la contratación indefinida, en promover nuevos agentes de empleo y en cambios profundos en la modificación de condiciones de trabajo ante situaciones precarias de las empresas. Por último, ha tratado de dar un vuelco a nuestro sistema de negociación colectiva, claramente anquilosado en el pasado.

Palabras clave: reforma laboral, contratación, flexiseguridad, salario, formación y desempleo.

 

Íñigo Sagardoy de Simón
Abogado
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Francisco de Vitoria

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RTSS. CEF. NÚM. 360 (marzo 2013)

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Una relación en discordia: la base de cotización máxima y el tope de la pensión pública

En este artículo se hace un estudio de la evolución experimentada por la base de cotización máxima y el tope máximo de la pensión pública con la finalidad de analizar cuantitativamente, y con un caso real, las repercusiones que la diferente evolución de estas dos magnitudes ha supuesto y supondrá en las pensiones a percibir por los beneficiarios del sistema de Seguridad Social. Este análisis se realiza teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, y a tenor del contenido de sus disposiciones adicionales.

Adicionalmente, se muestra qué importes alcanzarían estas dos magnitudes esenciales en el actual sistema de Seguridad Social si su comportamiento hubiese sido el experimentado en otras magnitudes de orden económico, tales como el índice de precios al consumo, el producto interior bruto y el coste salarial, analizando su incidencia en las cuentas de la Seguridad Social.

Palabras clave: sistema de Seguridad Social, bases de cotización, tope máximo de pensión, producto interior bruto, coste salarial e índice de precios al consumo.

 

Alicia de las Heras Camino
Cuerpo Superior de Actuarios de la Seguridad Social

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RTSS. CEF. NÚM. 360 (marzo 2013)

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Reforma laboral, oportunismo empresarial y prácticas institucionales ineficientes: la «cadena de errores» en el descuelgue de la empresa «Unipost»

La inaplicación de convenios colectivos a través de los procedimientos previstos en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores se está configurando como una de las principales vías para conseguir la flexibilidad interna, de modo que la devaluación de condiciones de trabajo pactadas sirva como alternativa útil a la destrucción masiva de empleo. Las primeras prácticas a tal fin tras este año de reforma laboral evidencian notables desajustes, por lo que la interpretación que de las mismas hagan tanto los organismos públicos llamados a resolver estas disputas, cuando no haya acuerdo entre empresarios y trabajadores, lo que sucederá a menudo, cuanto los Tribunales, será muy importante para sentar unas bases adecuadas de funcionamiento. La cooperación leal entre ambas partes de las relaciones de trabajo es una condición necesaria para que el instrumento de la inaplicación de convenios –«descuelgues»– pueda cumplir el papel que la Ley le asigna, facilitando el intercambio de menores salarios por continuidad de los empleos.

Sin embargo, las primeras resoluciones dictadas sobre el fondo del asunto por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, así como la primera sentencia dictada por la Audiencia Nacional convalidándola, no parecen ir por el camino más correcto. El resultado es una indebida confusión entre el llamado «juicio de proporcionalidad», no solo lícito sino imprescindible, y el «juicio de oportunidad» de la justificación, e incluso del procedimiento, que se revela, por desplazar la posición del empleador protegida por el artículo 38 de la Constitución Española, no ajustada a la Ley y al Derecho. Todo ello sin perjuicio, claro está, de poner de relieve la más que dudosa constitucionalidad de este mecanismo de inaplicación respecto de la garantía de la fuerza vinculante de los convenios colectivos ex artículo 37 de la Constitución Española en relación con el artículo 28 del mismo texto legal.

Palabras clave: negociación colectiva, costes de transacción e instituciones del mercado de trabajo.

 

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén

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RTSS. CEF. NÚM. 360 (marzo 2013)

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Las garantías del derecho al empleo: una revisión de la doble escala salarial a la luz de su capacidad generadora de empleo. A propósito del caso Nissan Barcelona

Ante el desalentador panorama de destrucción masiva de empleos al que venimos asistiendo en los últimos años, parecería que ha perdido toda su vigencia y razón de ser la defensa del Derecho del Empleo, como sector del ordenamiento jurídico llamado a generar oportunidades de empleabilidad a favor de los sujetos que se encuentran desprovistos de estas. A esta opinión estaría contribuyendo, por otra parte, el desmantelamiento de muchos de los servicios y recursos públicos destinados a la generación de empleo, que se está produciendo en nuestro país.

Frente a esta visión derrotista, creemos que el panorama actual invita a explorar nuevas oportunidades y vías de actuación y a revisar instituciones y prácticas ya consolidadas en nuestro panorama socio-laboral, desde una nueva óptica regeneradora de nuestro mercado de trabajo. Es así como la práctica consistente en la doble escala salarial parece actualmente recobrar una nueva dimensión al servicio del Derecho del Empleo. El hecho de que llegue a cumplir esta finalidad o que, por el contrario, quede reducida a un mero instrumento de ahorro de costes en la empresa, dependerá en gran medida del contenido con que se dote a los acuerdos de competitividad, en los que vienen siendo recogidas estas prácticas.

Palabras clave: Derecho del Empleo, acuerdos de competitividad, doble escala salarial y garantías del derecho al empleo.

 

Olimpia Molina Hermosilla
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén

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RTSS. CEF. NÚM. 360 (marzo 2013)

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