RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Un caso de hiperactividad legislativa poco útil. La reciente evolución de la regulación de la prueba de oficio en el orden jurisdiccional social: de las diligencias para mejor proveer a unas sui géneris diligencias finales

La sucesiva regulación ritual con la que se ha dotado al orden jurisdiccional social en cuestión de un par de años demuestra tanto la necesidad de rejuvenecer a esta manifestación de la jurisdicción como los titubeos legislativos que dejan entrever una motorización en la que se esconde una deficiente técnica legislativa. En este trabajo se plantea un estudio respecto a la evolución histórica de la prueba de oficio en este sector jurisdiccional, desde las llamadas diligencias para mejor proveer hasta las denominadas diligencias finales. Ese análisis dejará entrever que los cambios que se proclaman, al menos en el supuesto seleccionado, quizás no son tantos.

Palabras clave: diligencias, proveer, finales, prueba y social.

 

Eduardo Sánchez Álvarez
Doctor en Derecho.
Departamento de Derecho Procesal. UNED

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RTSS. CEF. NÚM. 360 (marzo 2013)

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De crítica, cosmética, ortopedia y antropopedia

La gestión y dirección de personas se ha transformado notablemente en los últimos 30 años, siguiendo la evolución natural de la sociedad y –por tanto– la del mundo de la empresa y de las organizaciones. Sin embargo, en lugar de hacerlo del modo natural en el que han evolucionado otras áreas de la dirección de las organizaciones, la dirección de recursos humanos se ha visto envuelta en un permanente y recurrente cuestionamiento sobre su papel, su influencia, sus fundamentos de medición y hasta en su denominación.

El presente artículo expone con una versión crítica e irónica las principales soluciones teóricas y prácticas que se han aportado con el fin de definir el papel de la función de recursos humanos para innovar sus métodos de trabajo y evaluar sus resultados como área funcional de dirección.

La conclusión principal del autor es que la mayoría de estos intentos solo han resultado en modificaciones cosméticas o en la implantación de instrumentos de muy diverso valor cuyo efecto ha sido el de corregir levemente el rumbo de esta área de dirección.

El director de recursos humanos debería ser –en opinión del autor– un experto en la ciencia del hombre en su dimensión más amplia y en la aplicación de la misma a la consecución de los objetivos de las organizaciones. La antropopedia es la particular aportación del autor para el auténtico crecimiento de la dirección de recursos humanos.

Palabras clave: recursos humanos, dirección de personas, papel de recursos humanos, humanismo y ciencias humanas.

 

Enrique M.ª Rodríguez Balsa
Director de Recursos Humanos.
Laboratorios Servier

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RTSS. CEF. NÚM. 360 (marzo 2013)

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Prevención de riesgos laborales y responsabilidad empresarial. Supuesto práctico

Responsabilidad empresarial por incumplimientos sociolaborales

Para la resolución de este supuesto se ha utilizado el contenido de la obra: Responsabilidad empresarial por incumplimientos sociolaborales” de D. Diego MEGINO FERNÁNDEZ

  • ENUNCIADO

D. Yago, con la categoría de oficial de 3ª, viene prestando servicios para su empleador desde hace ya unos siete años.

Se trata de un profesional con una contrastada experiencia y pericia en el ejercicio de su actividad.

El pasado 11 de julio, mientras se encontraba en pleno desarrollo de su jornada laboral, sufrió un accidente, al caer de un andamio desde una altura aproximada de 8 o 9 metros. La razón: no utilizó los equipos de protección individual puestos a su disposición.

La empresa, a través de su encargado, había advertido expresamente acerca de la obligación de utilizar dichos equipos durante la ejecución del trabajo. Es más, esa misma mañana el capataz de la obra reiteró la referida obligación, llegando inclusive a amenazar con el despido al obrero que la contraviniera.

En el momento del siniestro, el encargado de la obra se encontraba en otro punto de la misma, solventando un pequeño problema de origen técnico.

A consecuencia del percance, el trabajador siniestrado fue declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

Por entender que la empresa ha incurrido en una infracción de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, al no verificar que el trabajador se dispuso a ejecutar su labor con los correspondientes equipos de protección, don Yago solicita el incremento de la prestación económica a que tiene derecho con un recargo por omisión de las medidas de seguridad.

La Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y en otras disposiciones legales y reglamentarias aprobadas a finales de 2012

Siguiendo los precedentes de ejercicios anteriores, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, no solo aborda las obligaciones de gasto del sistema de la Seguridad Social para dicho año, así como las previsiones de ingresos con los que dar cobertura económico-financiera a aquellas, regulando, en tal sentido, la forma de determinar la cotización en 2013, así como la actualización de las pensiones y otras prestaciones periódicas, sino que, además, incorpora al ordenamiento jurídico todo un conjunto de disposiciones que afectan a los diferentes ámbitos del sistema de la Seguridad Social, como son el campo de aplicación, la cotización y la recaudación, la acción protectora o la gestión.

Asimismo, con efectos del 1 de enero de 2013, entran en vigor la mayoría de las previsiones contenidas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que ha requerido que se hayan promulgado con anterioridad las disposiciones generales que permitan la aplicación y desarrollo de las mismas, a cuya finalidad responde la aprobación del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre. Pero no todas las disposiciones de la Ley 27/2011 han iniciado su vigencia en la fecha señalada, ya que las relacionadas con la jubilación anticipada y la jubilación parcial han sido suspendidas en su aplicación por el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, disposición legal que, a su vez, ha modificado la regulación de los sistemas especiales de empleados de hogar, de trabajadores agrarios por cuenta ajena y de trabajadores agrarios por cuenta propia.

Por último, a finales del mes de diciembre y en el marco de la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el uso indebido de la protección, se han aprobado dos disposiciones legales que alteran el ordenamiento de la Seguridad Social, como son la Ley Orgánica 7/2012, por la que se modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que implica una nueva regulación de los ilícitos penales en estos ámbitos, y la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

El análisis de todas y cada una de las cuestiones enunciadas es el objeto de este trabajo.

Palabras clave: cotización, fraude, infracciones, jubilación, pensiones y Seguridad Social.

 

José Antonio Panizo Robles
Administrador Civil del Estado
Miembro del Instituto Europeo de Seguridad Social

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RTSS. CEF. NÚM. 359 (febrero 2013)

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Construyendo puentes entre la responsabilidad social empresarial y la salud psicosocial en las organizaciones: una guía 2.0 para el incremento de la «empleabilidad»

En los tiempos actuales, son pocas las empresas que pueden garantizar la permanencia de sus empleados a medio y largo plazo. Sin embargo, algo que sí que pueden ofrecerles la mayoría de ellas es algo con lo que superar, en parte, la incertidumbre que esta situación de inseguridad laboral les provoca: empleabilidad. La oferta de esta empleabilidad se engloba dentro de lo que en la literatura científica se están denominando «prácticas saludables», que, a nivel aplicado, suelen transformarse en «prácticas de Responsabilidad Social en la Empresa-RSE». Este trabajo tiene como objetivo el presentar algunas de las estrategias, o prácticas saludables-RSE, que la empresa puede llevar a cabo para incrementar dicha empleabilidad y, de este modo, mejorar la salud psicosocial del empleado. Para ello, en primer lugar, describimos algunos conceptos clave como «prácticas saludables-RSE» y «empleabilidad», para posteriormente mostrar algunas de las posibles explicaciones teóricas (desde un punto de vista psicológico) de por qué protegen la salud psicosocial del empleado. Posteriormente, describimos una metodología novedosa (PNL y coaching), en lo que hemos denominado «Guía 2.0 en empleabilidad», con la que optimizar los recursos de los empleados para hacerles más empleables, para continuar con la descripción de técnicas específicas de incremento de la empleabilidad en la empresa, con el foco en el empleado. Finalizaremos con unas reflexiones respecto a la aplicabilidad y conveniencia de estas estrategias en el momento actual.

Palabras clave: RSE, salud psicosocial, empleabilidad, programación neurolingüística PNL y coaching.

 

Eva Cifre Gallego
Doctora en Psicología. Profesora Titular de Psicología Social.
Universitat Jaume I. Grupo de investigación MPAGER

M. Luz Navarro Macián
Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y
en Recursos Humanos. Consultora en recursos humanos
Formadora ocupacional para la empleabilidad
en la Regidoría de la Mujer de Villarreal

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RTSS. CEF. NÚM. 359 (febrero 2013)

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Derechos y deberes derivados de la suspensión de empleo y sueldo

En este estudio se trata de analizar cuál es el régimen jurídico de la situación en que se halla el trabajador cuando es sancionado disciplinariamente con la suspensión de empleo y sueldo, provocando así la suspensión de su contrato de trabajo. Ante la ausencia de una reglamentación expresa al respecto se debe recurrir a la doctrina judicial, a la jurisprudencia y a la doctrina científica para poder dilucidar qué derechos y deberes se suspenden y cuáles siguen vigentes, tales como el cómputo de la antigüedad, la prohibición de concurrencia desleal, la situación de alta y cotización a la Seguridad Social o la conservación del puesto de trabajo, entre otros. Como se observará muchas de estas cuestiones aún no están resueltas y los pronunciamientos al respecto no son siempre unánimes.

Palabras clave: suspensión de empleo y sueldo, suspensión del contrato de trabajo, concurrencia desleal, cotización y conservación del puesto de trabajo.

 

Raquel Poquet Catalá
Doctora en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

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RTSS. CEF. NÚM. 359 (febrero 2013)

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«Rara avis»: «activismo judicial» y «primacía de la persona» sobre el «ajuste presupuestario» de la Seguridad Social

La profunda crisis que padecemos desde 2008 está produciendo no devastadores efectos económicos –un decrecimiento prolongado– y sociales –un malestar social general– sino grandes mutaciones en el ordenamiento jurídico, que contribuyen a ampliar aquellos. Una de esas mutaciones es el sometimiento del sistema público de Seguridad Social al imperativo, hoy también constitucionalizado, en el plano estatal –art. 135 Constitución Española–, y comunitario –«Tratado de Estabilidad»–, del «equilibrio presupuestario», corolario de la política de austeridad que todo lo domina como un credo irrefutable. En su nombre, el Gobierno, con fundamento en las «leyes de los grandes números», continuamente justifica suspensiones o vaciamiento de derechos sociales, también en materia de Seguridad Social, como evidencia el reciente Real Decreto-Ley 28/2012, de 30 de noviembre.

Pero, pese a lo que se nos quiere hacer creer, la vida, y el mundo jurídico que trata de ordenarla de forma pacífica y civilizada, resultan siempre mucho más complejos y plurales. Aunque el Gobierno, e incluso el Legislador, quieran simplificarlo todo y reducirlo a número, mantenemos otros poderes y otras fuentes de Derecho, como la Jurisprudencia –Derecho Vivo–, que ponen de manifiesto que otra lectura es posible, incluso obligada, de las normas, de modo que las personas, sus valores y razones, predominen sobre las de los mercados. Ese es el sentido profundo de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 18 de octubre de 2012, que proporciona una configuración alternativa a la reglamentaria respecto de las situaciones de desplazamiento por parte de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo fuera del país por más de 15 días y sin comunicación previa, cuando median razones justificadas, como la conciliación de la vida laboral y familiar. Y ese es también el alcance mayor de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de noviembre de 2012, que exige un modelo diferente para el cálculo del periodo de carencia previsto para el trabajo a tiempo parcial cuando se solicita una pensión –de jubilación e incapacidad permanente–, por entender el actual contrario a la prohibición comunitaria de discriminaciones indirectas por razón de sexo.

Ambas ponen delante el «gobierno por leyes justas» en detrimento del «gobierno por leyes austeras» en el ámbito de la Seguridad Social, por lo que, atendiendo a múltiples razones, de técnica jurídica y sobre todo de política del Derecho, aconsejan un análisis conjunto, que ponga de relieve sus «fortalezas institucionales» y de cultura jurídica por encima de sus «debilidades técnicas», pues también las presenta y no conviene ocultarlas. Ese es el objeto de este artículo.

Palabras clave: empleo parcial, desempleo, equilibrio financiero, pensiones y derecho equitativo.

 

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén

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RTSS. CEF. NÚM. 358 (enero 2013)

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El impulso de la formación profesional dual en el contrato para la formación y el aprendizaje y en la formación profesional del sistema educativo. a propósito del Real Decreto 1529/2012

El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual procede a regular aquellos aspectos del contrato para la formación y el aprendizaje que requieren de un desarrollo reglamentario, entre los cuales destaca con luz propia la regulación de los aspectos formativos de esta modalidad contractual. Como no podía ser de otro modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.2 del ET, a la hora de afrontar los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, el Real Decreto 1529/2012 adopta como metodología formativa la propia de la formación profesional dual, entendida como el conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Ahora bien, el Real Decreto 1529/2012 no se limita a implantar la formación profesional dual exclusivamente en relación con el contrato para la formación y el aprendizaje, sino que pretende establecer las bases para la implantación progresiva de la formación profesional dual en España, más allá de esta modalidad contractual, mediante su potenciación en el ámbito del sistema educativo. A tal efecto, dicha norma contempla como su objeto, junto con la consabida regulación del contrato para la formación y el aprendizaje, la regulación de determinados aspectos de la formación profesional dual, que combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación.

En definitiva, con la finalidad de satisfacer el objetivo de establecer las bases para la implantación progresiva de la formación profesional dual en España, el Real Decreto 1529/2012 procede a regular los dos principales ámbitos en los que actualmente se desarrolla la formación profesional dual, a saber: la actividad formativa inherente al contrato para la formación y el aprendizaje y los proyectos de formación profesional dual desarrollados en el ámbito educativo. Precisamente en este trabajo se procede a analizar cómo se organiza la formación profesional dual en cada uno de estos ámbitos.

Palabras clave: formación profesional dual, contrato para la formación y el aprendizaje, formación en alternancia, sistema educativo y desempleo juvenil.

 

Josep Moreno Gené
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Univeritat de Lleida

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