La libertad sindical es el eje del sistema constitucional de relaciones laborales, del que también forman parte el derecho de huelga, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo y el mandato de promoción de la participación de los trabajadores en la empresa, y respecto del que la cláusula de constitucionalización de sindicatos y asociaciones empresariales actúa como una especie de nutriente o soporte institucional. No son insuperables ni especialmente graves los problemas jurídicos que puede plantear y ha planteado de hecho ese marco constitucional, ni los que ha podido suscitar su legislación de desarrollo, suficientemente estabilizada a la altura de nuestros días. Eso no significa, de todos modos, que la regulación de nuestro sistema de relaciones laborales carezca por completo de puntos de oscuridad o de dudas interpretativas, como ha sucedido, señaladamente, a propósito de los criterios de representatividad o, en un plano más estructural, en lo que concierne al ámbito subjetivo de la libertad sindical. Tampoco significa que esté del todo resuelta la actitud de los poderes públicos respecto de lo que se ha venido conociendo como «hecho sindical», que en su sentido más natural remite al puro escenario sindical, con sus actores, sus inclinaciones y sus rasgos característicos, pero que en la jurisprudencia constitucional parece adoptar más bien el sentido de una directriz encaminada a la consolidación de organizaciones sindicales de amplia base territorial y funcional. Dato también interesante en nuestro sistema de relaciones profesionales ha sido la progresiva expansión de los derechos de organización y acción colectiva más allá de los contornos del contrato de trabajo, para llegar en un primer momento a la función pública y, con el paso del tiempo, al trabajo autónomo, siempre con las pertinentes salvedades y modulaciones.
Palabras clave: sindicato; hecho sindical; asociación empresarial; asociación profesional; representatividad.
