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El BOE del 15 de mayo de 2026 publica la Resolución de 8 de mayo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que desarrolla el sistema de formación preventiva para las personas trabajadoras del hogar familiar y establece cómo podrán autoevaluarse y obtener una certificación oficial de dicha formación.

La medida da continuidad al nuevo marco de protección de seguridad y salud introducido tras la reforma del empleo del hogar y el Real Decreto 893/2024, reforzando la equiparación de este colectivo con el resto de personas trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales.

La formación se impartirá a través de la plataforma eFundae y estará orientada a los principales riesgos presentes en el trabajo doméstico. Entre las actividades incluidas figuran las tareas de limpieza, cocina, cuidado de personas, conducción de vehículos, trabajo nocturno o en régimen interno, trato con mascotas y jardinería.

La resolución establece además un sistema de autoevaluación mediante controles de seguimiento y pruebas integradas en la propia plataforma formativa.

El Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, modifica el régimen de aportación de las personas usuarias en la prestación farmacéutica ambulatoria, es decir, la que se dispensa mediante receta médica u orden de dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia. La norma, que da nueva redacción al artículo 102 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, entra en vigor el 14 de mayo de 2026, al día siguiente de su publicación en el BOE.

El BOE de 8 de mayo de 2026 publica la Resolución de 31 de marzo de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por la que se actualizan los módulos económicos utilizados para calcular los costes financiables de la actividad formativa del ámbito laboral inherente al contrato de formación en alternancia. La medida responde al incremento acumulado del IPC desde 2013 y entrará en vigor el 1 de junio de 2026.

La resolución afecta directamente al sistema de bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social aplicable a este tipo de contratos formativos, regulado en el artículo 19 del Real Decreto 1065/2025 y conectado con el régimen de incentivos previsto en el Real Decreto-ley 1/2023.

Hasta ahora seguían vigentes los módulos económicos fijados en la Orden ESS/2518/2013, que establecía importes de 8 euros por participante y hora en modalidad presencial y 5 euros en teleformación. La nueva resolución incrementa dichas cuantías tras constatar que no habían sido actualizadas en más de una década.

A continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés sociolaboral publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 1 al 30 de abril de 2026, sombreando aquellas que han sido objeto de análisis en esta página.

El Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, publicado en el BOE de 29 de abril y en vigor el día siguiente, aprueba un conjunto de medidas urgentes de distinto alcance, pero con un objetivo común: reforzar la respuesta pública ante situaciones de emergencia y evitar que determinadas ayudas o compensaciones se vean reducidas por su tratamiento fiscal. Desde una perspectiva sociolaboral, la principal novedad se encuentra en la protección excepcional reconocida a las personas trabajadoras afectadas por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, a la que se suman medidas tributarias vinculadas a la DANA, incendios forestales, reparaciones a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y reglas financieras para administraciones territoriales afectadas por emergencias.

Protección excepcional de Seguridad Social para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

El contenido de mayor interés estrictamente sociolaboral se recoge en la disposición adicional primera, que refuerza la protección de las personas trabajadoras víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en:

• Adamuz (Córdoba), el 18 de enero de 2026, en la línea Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes-Sevilla-Santa Justa.
• Gelida (Barcelona), el 20 de enero de 2026, en la línea Sant Vicenç de Calders-L’Hospitalet de Llobregat.

La Resolución de 14 de abril de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, publicada en el BOE de 15 de abril, aprueba unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios del personal al servicio de la Administración General del Estado (AGE) y de sus organismos públicos. La norma deroga la Resolución de 28 de febrero de 2019 y reorganiza de forma completa esta materia, con una novedad destacada: la jornada general pasa a ser de 35 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual. Junto a ello, la resolución refuerza las medidas de conciliación, da cobertura expresa a la figura de la persona cuidadora, ordena el régimen de vacaciones y permisos y endurece las reglas de control horario y seguimiento del absentismo.

El Real Decreto 301/2026, de 8 de abril, publicado en el BOE del 11 de abril y en vigor el 12 de abril de 2026, modifica la regulación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) contenida en el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, con el objetivo de reactivarlo y adaptarlo al actual marco de la sostenibilidad empresarial. No se trata de una norma que imponga nuevas obligaciones directas a las empresas, sino ante una reforma de carácter institucional y competencial, orientada a reforzar el papel del consejo como órgano asesor y consultivo del Gobierno en materia de responsabilidad social empresarial.

La Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social (BOE de 9 de abril y corrección de errores BOE de 10 de abril), en vigor -con la excepción que se apuntará- el 10 de abril de 2026, no crea un régimen completamente nuevo, sino que reordena y actualiza cuatro textos ya existentes: la Ley 27/1999, de Cooperativas; la Ley 44/2007, de empresas de inserción; la Ley 5/2011, de Economía Social; y la Ley 20/1990, sobre régimen fiscal de las cooperativas.

Su propósito en líneas generales es digitalizar el funcionamiento interno de las cooperativas, reforzar la igualdad, redefinir y ampliar el marco de las empresas de inserción, clarificar el ecosistema de la economía social y reconocer fiscalmente nuevas fórmulas cooperativas, especialmente en vivienda. Veamos las novedades que presenta la nueva regulación:

• COOPERATIVAS: del texto clásico a un modelo más digital, más exigente en igualdad y más severo frente a las «falsas cooperativas»
• EMPRESAS DE INSERCIÓN: ampliación subjetiva, nueva terminología y adaptación al paradigma de estabilidad en el empleo
• ECONOMÍA SOCIAL: se aclaran las entidades, aparece la «empresa social» y el catálogo pasa a ser una herramienta estadística
• RÉGIMEN FISCAL: reconocimiento expreso de la cooperativa de vivienda en cesión de uso