Artículos legislación

El Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio (BOE de 30 de junio), que entra en vigor el 1 de julio de 2026, incorpora medidas urgentes dirigidas a facilitar la aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 11/2024. Asimismo, prevé la revisión de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears.

El Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio (BOE de 30 de junio; entrada en vigor el 1 de julio), prorroga y ajusta diversas medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la crisis en Oriente Medio. Aunque el contenido de la norma se centra principalmente en los ámbitos energético, tributario, agrario y del transporte, incorpora también varias previsiones de interés sociolaboral dirigidas a preservar el empleo y fomentar una movilidad al trabajo más sostenible.

La principal novedad laboral se encuentra en el capítulo V («Medidas de carácter social»), integrado por los artículos 31 y 32, donde se condiciona el acceso a las ayudas públicas al mantenimiento del empleo y al cumplimiento de determinadas obligaciones empresariales en materia de movilidad sostenible.

En el BOE del 24 de junio de 2026 (c/e BOE de 9 de julio) se publica el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, con el objetivo de fortalecer y consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La norma incrementa de forma significativa la financiación estatal destinada a la atención de las personas en situación de dependencia y actualiza las cuantías mínimas de protección garantizadas por la Administración General del Estado.

Se ha publicado en el BOE de 1 de junio de 2026 la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica la Orden ISM/903/2020, reguladora de las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social. La norma entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2026 y amplía de forma significativa los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente con la Seguridad Social en materia de notificaciones.

La reforma se concentra fundamentalmente en la modificación de los artículos 4, 5 y 6 de la Orden ISM/903/2020, incorporando nuevos colectivos obligados a recibir notificaciones electrónicas y estableciendo medidas destinadas a evitar situaciones de indefensión derivadas de la brecha digital.

En el BOE de 1 de junio de 2026 se publica la Orden TES/539/2026, de 25 de mayo, por la que se regula la legalización en formato electrónico de libros en el ámbito del Registro de Sociedades Cooperativas.

La norma desarrolla por primera vez un procedimiento específico de legalización electrónica de los libros sociales y contables de las cooperativas, adaptando esta obligación a las exigencias de relación electrónica con las Administraciones públicas previstas en la Ley 39/2015.

A continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normatiA continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés sociolaboral publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea del 1 al 31 de mayo de 2026, sombreando aquellas que ha sido objeto de análisis en esta página.

El BOE del 28 de mayo de 2026 publica el Real Decreto 416/2026, de 27 de mayo, por el que se aprueba una nueva regulación de la jubilación flexible y se revisan diversos aspectos comunes de la compatibilidad entre pensión contributiva de jubilación y trabajo. La norma deroga íntegramente el Real Decreto 1132/2002 y pretende impulsar una modalidad que, según reconoce el propio Gobierno, apenas había tenido utilización práctica en los últimos años.

La disposición final primera del Real Decreto-ley 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público (BOE de 27 de mayo), introduce una modificación en el artículo 102.6.a) del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.