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Bueno para la empresa y bueno para la Administración, el aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social ha demostrado ser un buen instrumento para ayudar a las empresas a mantener el empleo en momentos de dificultad económica. Así se desprende de un estudio realizado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el que se evalúa la repercusión de la concesión de aplazamientos por la Tesorería en el mantenimiento del empleo. Se han analizado 5.211 aplazamientos a empresas, correspondientes a todas las direcciones provinciales de la TGSS, y se ha comparado el número de trabajadores antes y dos meses después de la concesión del aplazamiento.

El resultado es que de los 84.242 trabajadores incluidos en la muestra, mantienen su puesto de trabajo dos meses después el 98,65%.

El 27,17% de las empresas presenta un incremento en el número de trabajadores y el 44,93% se mantiene con igual plantilla dos meses después de la concesión del aplazamiento. Por el contrario, el 27,9% de las empresas disminuye trabajadores.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 28 de octubre, la Estrategia Global de Empleo de los Trabajadores y Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y Más).

Esta Estrategia se convertirá en la hoja de ruta que orientará la actuación de las Administraciones Públicas respecto de las medidas dirigidas al colectivo de trabajadores de 55 o más años y coincide su vigencia con la de la Estrategia Española de Empleo para garantizar una mejor coordinación y una mayor eficacia de las actuaciones a desarrollar.

La iniciativa cumple con el compromiso alcanzado con los agentes sociales en el Acuerdo Social y Económico y cuyo mandato normativo se concreta en el Real Decreto Ley de 11 de febrero de 2011 sobre medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas.

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado viernes 28 de octubre, un Real Decreto que regula las prácticas no laborales en empresas.

Con esta decisión se pretende contribuir a mejorar la integración laboral de las personas jóvenes desempleadas, con cualificación profesional y sin experiencia laboral. Constituye una nueva herramienta de lucha contra el paro juvenil en nuestro país, a la vez que se clarifican los derechos de las personas que realicen estas prácticas.

La medida consiste en el desarrollo de prácticas profesionales no laborales en empresas que hayan celebrado previamente convenios de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo a estos efectos.

Estas practicas podrán desarrollarlas personas jóvenes desempleadas, entre dieciocho y veinticinco años, con titulación universitaria, título de Formación Profesional o certificado de profesionalidad pero nula o escasa experiencia laboral.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de octubre, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014. Esta Estrategia persigue conseguir un objetivo central que es fomentar el empleo de la población activa y aumentar la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, mejorando la productividad y la calidad en el empleo en un mercado de trabajo sostenible basado en la igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial.

Este objetivo se concreta en los siguientes:

• Elevar la participación en el mercado de trabajo y reducir el desempleo, con la consecución de una tasa de empleo del 74 por 100 para la población de entre 20 a 64 años en el horizonte 2020, y del 68,5 por 100 para el empleo femenino.
• Reducir la temporalidad y la segmentación del mercado de trabajo.

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del viernes 28 de octubre, un Real Decreto que desarrolla la Ley de 5 de agosto de 2010, que establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Con la aprobación de esta norma España se convierte en el único país europeo que cuenta con un sistema de protección para aquellos emprendedores que tienen que cerrar su negocio.

La aprobación de esta norma es prioritaria, dado que a partir del próximo mes de noviembre podrían comenzar a solicitarse las primeras peticiones de reconocimiento de esta protección, al cumplirse el periodo mínimo de cotización (doce meses), para tener reconocimiento a la misma.

La nueva norma supone un gran salto en el desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo, en cuanto a la protección social, y cumple con una importante reivindicación de este colectivo.

El Gobierno, representado por los ministerios de Sanidad, Política Social e Igualdad; Interior, Justicia y Trabajo e Inmigración, así como la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial han firmado hoy el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos.

El Protocolo establece un procedimiento para la detección, identificación y derivación de las potenciales víctimas de trata con las debidas garantías, y facilita su asistencia y protección, abordando de forma integral las distintas etapas del proceso y favoreciendo simultáneamente la atención a las víctimas con la debida persecución del delito.

Además, establece los mecanismos necesarios para la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Inspección de Trabajo u organismo autonómico equivalente, los órganos judiciales, la Fiscalía y las entidades especializadas que prestan asistencia a las víctimas.

Los principales resultados del Instituto Nacional de Estadística son:

• La ocupación registra en el tercer trimestre de 2011 un descenso de 146.800 personas, hasta un total de 18.156.300 siendo la tasa interanual de variación del empleo del -2,11%.
• La población activa baja en 2.100 personas, aumentando el número de parados aumenta en 144.700 personas y alcanza la cifra de 4.978.300. En los últimos 12 meses la cifra total de desempleados se ha incrementado en 403.600.
• El número de activos se sitúa en 23.134.600 personas.
• La tasa de paro se incrementa en  algo más de 6 décimas, siendo ahora del 21,52%. El incremento se refleja en mayor medida en las mujeres (78.800 paradas más) que en los varones (65.800 más).

Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 5.105,43 millones de euros en los nueve primeros meses de 2011, frente a 9.476,34 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de información contable de la Seguridad Social.

En términos del PIB, el superávit obtenido por la Seguridad Social a finales de septiembre representa el 0,47%.

Los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe aproximado de 900 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a esta fecha.

Este saldo positivo de 5.105,43 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 90.770,04 millones de euros, que disminuyen un 2,90% y unas obligaciones reconocidas de 85.664,61 millones de euros, que crecen en un 1,98%, en relación al mismo periodo del año anterior.