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El objetivo del convenio es conseguir un incremento cuantitativo y formativo del número de mujeres trabajadoras de las empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en condiciones de acceder a puestos directivos y de responsabilidad, y el fortalecimiento de su situación profesional en el seno de las empresas.

La secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, ha señalado que "con este convenio avanzamos un poco más hacia la mejora de la participación femenina en puestos de responsabilidad en las empresas públicas" y ha destacado que un tercio de los puestos de los Consejos de Administración de las empresas con participación mayoritaria de SEPI se encuentran ocupados por mujeres, mientras que en 2004 eran solo un 18%. "En 7 años hemos crecido 15 puntos, acercándonos a la presencia equilibrada" ha apuntado la secretaria de Estado, quien ha afirmado que "el panorama es esperanzador, pero no podemos ceder. Debemos ser más exigentes con nosotros mismos. Las empresas públicas tienen que ser la locomotora del resto".

En términos interanuales, ha aumentado en 161.266 personas (4,06%), mientras que en agosto de 2010 el incremento fue de 340.581 desempleados más que el año anterior (9,38%).

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha valorado negativamente el dato, si bien ha recordado que agosto es un mes en el que el paro ha aumentado durante los últimos 11 años. La subida experimentada este año es la menor desde 2006 en este mes.

El desempleo masculino se sitúa en 2.029.601 personas al subir en 27.079 (1,35%) y el femenino en 2.101.326, al incrementarse en 24.106 desempleadas (1,16%) respecto al mes de julio.

En el mes se produjo una caída de la afiliación de 136.834 ocupados para el total del sistema y de 116.085, para el Régimen General, que contabiliza una media de 13.253.361 afiliados. Agosto es un periodo en el que por factores estacionales se producen siempre descensos en la afiliación, cabe destacar que este año la caída ha sido muy similar a la registrada en 2010.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con 3.094.590 ocupados, sufrió una caída en la afiliación de 32.202 afiliados, lo que sitúa la tasa interanual en -1,03%. Los restantes regímenes de  afiliación (Mar, Agrario, Carbón y Hogar) aumentan en 11.367 ocupados en los últimos doce meses.

Por sectores, se incrementaron Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, con 17.605 ocupados más, y Hostelería, con 11.382 afiliados medios más, mientras que los sectores con mayores descensos  fueron Educación (-38.791) y Construcción (-30.433).

Esta convocatoria tiene como objetivo promover la realización de proyectos estratégicos por parte de las universidades públicas españolas en los ámbitos de la Orientación Académico-Profesional, especialmente Empleabilidad y Emprendimiento, y en el impulso e implementación de los Sistemas Tutoriales en los estudios universitarios.

El Ministerio de Educación espera que esta ayuda, dotada con 3,4 millones de euros, sirva de estímulo para la generación de buenas ideas que permitan seguir mejorando, en la línea de los últimos años, el Sistema Universitario Español.

Entre los criterios de valoración que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar los proyectos, destacan los siguientes: La viabilidad y capacidad de consolidación del proyecto así como su sustentabilidad en el tiempo, la capacidad del proyecto para ser transferible a todo el Sistema Universitario Español, y la implicación de otros agentes externos en el proyecto así como su cofinanciación.

En términos del PIB, el superávit obtenido por la Seguridad Social a finales de julio representa el 0,30%.

Los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe aproximado de 1.000 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a esta fecha.

Este saldo positivo de 3.211,39 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 71.128,66 millones de euros, que disminuyen un 2,63% y unas obligaciones reconocidas de 67.917,27 millones de euros, que crecen en un 1,50%, en relación al mismo periodo del año anterior.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (Programa PREPARA).

CONTRATO PARA EL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN

Entre las medidas contenidas en este Real Decreto Ley destaca el nuevo contrato para el aprendizaje y la formación que pretende mejorar las oportunidades de empleo y formación de los jóvenes en situación de desempleo.

Este contrato tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa, con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Está inspirado en el sistema alemán de formación dual, adaptado a las necesidades y características de nuestro mercado de trabajo y nuestro sistema de formación para el empleo y supone la derogación del actual contrato para la formación, que apenas constituye el 1 por 100 del total de los contratos que se realizan.

La Comisión Europea ha comunicado que considera apropiada la medida tomada por España en relación con la reactivación del periodo transitorio en el acceso al mercado laboral para los trabajadores rumanos. La Comisión, que destaca la excepcionalidad de acciones de este tipo, considera especialmente importante el hecho de que la medida no tenga impacto en los trabajadores rumanos que ya forman parte del mercado de trabajo español.

La Comisión acepta el plazo de revisión de la moratoria planteado por el Gobierno para finales de 2012, e introduce la posibilidad de solicitar que pueda avanzarse según evolucione la situación del mercado de trabajo en España.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha señalado que la decisión de la Comisión confirma que "se trata de una medida adecuada a la normativa comunitaria y a la coyuntura actual del mercado de trabajo español".

Tanto el Ministerio como los sindicatos se han mostrado favorables a  colaborar para que el SNS, en el marco de la Ley General de Sanidad de 1986 y de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, siga siendo excelente, equitativo y sostenible en el futuro.

La base dicha colaboración se sustenta sobre dos principios:

1. Que los ahorros procedentes del establecimiento de medidas de eficiencia de la gestión y de eventuales ingresos adicionales ejecutadas por decisiones del Gobierno de España tengan como objetivo político su destino finalista  para los servicios públicos de salud
2. Que sea el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad el que lidere la ejecución de las medidas adoptadas, garantizando la permanencia de los derechos adquiridos y el actual nivel de acceso al Sistema.