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Los principales resultados del Instituto Nacional de Estadística son:

• La ocupación registra en el tercer trimestre de 2011 un descenso de 146.800 personas, hasta un total de 18.156.300 siendo la tasa interanual de variación del empleo del -2,11%.
• La población activa baja en 2.100 personas, aumentando el número de parados aumenta en 144.700 personas y alcanza la cifra de 4.978.300. En los últimos 12 meses la cifra total de desempleados se ha incrementado en 403.600.
• El número de activos se sitúa en 23.134.600 personas.
• La tasa de paro se incrementa en  algo más de 6 décimas, siendo ahora del 21,52%. El incremento se refleja en mayor medida en las mujeres (78.800 paradas más) que en los varones (65.800 más).

Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 5.105,43 millones de euros en los nueve primeros meses de 2011, frente a 9.476,34 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de información contable de la Seguridad Social.

En términos del PIB, el superávit obtenido por la Seguridad Social a finales de septiembre representa el 0,47%.

Los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe aproximado de 900 millones de euros, lo que implica la disminución del superávit a esta fecha.

Este saldo positivo de 5.105,43 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 90.770,04 millones de euros, que disminuyen un 2,90% y unas obligaciones reconocidas de 85.664,61 millones de euros, que crecen en un 1,98%, en relación al mismo periodo del año anterior.

Si eres un trabajador o una trabajadora eventual agrario por cuenta ajena con domicilio en alguna localidad de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, puedes percibir la renta agraria si no has sido beneficiario o beneficiaria del subsidio para trabajadores eventuales agrarios en alguno de los tres años anteriores a la fecha de solicitud.

Los requisitos que deben cumplir las personas interesadas, son los siguientes:

• Haber residido y estar empadronado un mínimo de 10 años en alguna localidad de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.
• Estar inscritas en el censo del REASS de forma ininterrumpida en los 12 meses anteriores a la solicitud y los mayores de 45 años, entre 5 a 20 años, y estar al corriente de pago de la cuota fija.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, y la embajadora boliviana en España, María del Carmen Almendras, se han reunido esta tarde en Madrid para analizar el Convenio, que permitirá que los ciudadanos bolivianos que hayan cotizado a la Seguridad Social y se hayan quedado sin trabajo puedan retornar a su país capitalizando el total del subsidio por desempleo que hayan acumulado.

Hasta ahora, los bolivianos podían acogerse al plan de retorno productivo, por el que se pueden obtener ayudas para la financiación de un proyecto empresarial en el país de origen, o al de atención social, para personas en situación de vulnerabilidad.

Anna Terrón se ha felicitado por este "importante avance", por el que "muchos bolivianos podrán retornar a su país con mayores garantías". En cifras, la comunidad boliviana es la quinta nacionalidad extracomunitaria en España, y ocupa el primer puesto en la acogida a los planes de retorno de atención social, con un 20% del total.

Durante la inauguración de una jornada técnica sobre la prevención de riesgos laborales en las actividades de mantenimiento, organizada con motivo de la Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Rodríguez destacó este descenso de los accidentes laborales gracias "al trabajo conjunto de todos los agentes implicados en esta labor".

Esta reducción del número de accidentes se repite también según su gravedad, ya que lo hace en un 9,7% en los leves; un 10,5% en los graves y un 9,5 % en los accidentes mortales.

En su intervención indicó que esta caída de los accidentes de trabajo se reproduce igualmente en la tasa de siniestralidad, que bajó un 11,5%.

La pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad Social alcanzó este mes la cuantía de 920,38 euros, un 3,5% de incremento con respecto al mismo mes del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 808,82 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,2 %.

En octubre, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.841.693 pensiones, lo que representa un crecimiento interanual del 1,5%. Más de la mitad de las pensiones son por jubilación, 5.273.462; 2.315.295 son por viudedad; 939.903 por incapacidad permanente; 274.990 por orfandad y 38.043 a favor de familiares.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido sobre la posibilidad de una generación de trabajadores jóvenes “marcada” por una peligrosa mezcla de alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en los países desarrollados, y de un aumento de trabajadores pobres en los países en desarrollo.

La “Actualización de las Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil, 2011” dice que “la mala suerte de esta generación que ingresa al mercado laboral en los años de la Gran Recesión no sólo produce la actual sensación de malestar provocada por el desempleo, el subempleo y la tensión de riesgos sociales asociados con la falta de trabajo y la inactividad prolongada, sino que además podría tener otras consecuencias a largo plazo en términos de salarios más bajos en el futuro y desconfianza en el sistema político y económico”.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 21 de octubre, un Real Decreto por el que se regula la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación. Quienes lo hubieran hecho con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto podrán suscribir un convenio especial que les permita el cómputo de cotización hasta un máximo de dos años.

El Real Decreto establece que las personas inmersas ahora o con anterioridad en programas de formación vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, financiados por organismos públicos o privados, que incluyan prácticas formativas que conlleven una contraprestación económica para los afectados, serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. Los becarios deberán acreditar su condición mediante certificación expedida por los organismos o empresas que los financien.