Previa autorización por el del Congreso de los Diputados (Resolución de 9 de abril de 2020), el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril (BOE de 11 de abril), prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020.
La repercusión que la crisis sanitaria del COVID-19 está teniendo en la liquidez de empresas y autónomos supondrá un aumento de las solicitudes de aplazamiento de pago de deudas con la Seguridad social. Para hacer frente a esta situación, facilitando su concesión y haciendo más ágil su gestión, a través de la Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social (BOE de 9 de abril) y con fecha de entrada en vigor el 10 de abril:
1. Se elevan las cuantías de las deudas aplazables por debajo de las cuales no será exigible la constitución de garantías para asegurar los aplazamientos.
El Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril (BOE de 8 de abril), persigue diferentes objetivos, por una parte, poner coto al riesgo que enfrenta el sector primario afectado, como el resto, por la crisis del COVID-19 pero al que ha de protegerse especialmente para garantizar el abastecimiento alimentario a los ciudadanos no solo en términos de oferta sino también de precio. El COVID-19 está produciendo una disminución acusada de la oferta de mano de obra que se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, más en un momento en que se precisa refuerzo dado que la crisis sanitaria, y el estado de alarma derivado, coincide con una de las campañas más importantes, la de recolección de frutas de hueso, cultivos de verano o la fresa.
Por otra parte, clarificar la redacción y desarrollar aspectos concretos de gestión de las prestaciones establecidas en los Reales Decretos-Leyes 6/2020, 8/2020 y 11/2020, para lo cual incorpora modificaciones puntuales en la redacción de determinados preceptos y disposiciones y adopta medidas que afectan a la tramitación de prestaciones llevadas a cabo por las entidades gestoras de la Seguridad Social.
Por último, garantizar a todos los mutualistas de la MUFACE y MUGEJU en incapacidad temporal durante el estado de alarma la percepción de sus retribuciones.
Con los propósitos anunciados las medidas adoptadas son las siguientes:
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL EMPLEO
La Orden SND/326/2020, de 6 de abril, recoge la posibilidad de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, desde el 7 de abril (día de publicación de la orden en el BOE) y hasta el final del estado de alarma y sus prórrogas, excepcione la aplicación del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre (arts. 13 y 9), por el que se regulan los productos sanitarios, y:
La Orden SND/325/2020, de 6 de abril, publicada en el BOE de 7 de abril y con efectos ese mismo día:
La Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, de aplicación desde el 7 de abril (fecha de publicación en el BOE) hasta la finalización de la declaración del periodo del estado de alarma o sus prórrogas, establece medidas excepcionales y fija el procedimiento a seguir por parte de los titulares de las tarjetas de tacógrafo, tanto de conductor como de empresa, que no puedan renovarse como consecuencia del impacto que han tenido las medidas extraordinarias en el funcionamiento ordinario de los órganos administrativos competentes para la expedición de dichas tarjetas y en la ralentización de los tiempos de su entrega a los interesados a través del servicio de Correos.
Las instrucciones contenidas en esta orden afectan a las tarjetas de conductor y de empresa que tengan fecha de caducidad entre el día 6 de marzo y los 15 días hábiles posteriores al fin del estado de alarma (incluidas sus prórrogas), ambos días inclusive, y suponen, para los conductores, que podrán seguir haciendo uso de ellas y, para las empresas, que quedan exentas de su utilización y de las obligaciones para las que su uso fuera imprescindible.
Mediante la presente Orden SND/322/2020, de 3 de abril (BOE de 4 de abril), con entrada en vigor en la fecha de su publicación, se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender a necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Ante la grave crisis que nos asola la Orden adopta nuevas medidas con el fin de contribuir a la contención del COVID-19 en los centros de servicios sociales de carácter residencial.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, ha regulado en su artículo 28 el derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y sean titulares de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual. Este artículo ha sido desarrollado por la Orden TED/320/2020, de 3 de abril (publicada en el BOE de 4 de abril y en vigor desde ese mismo día), disposición que, además, modifica el modelo de solicitud de dicho bono social, lo que obliga a los comercializadores de referencia proceder a su adaptación antes de ponerlo a disposición de los consumidores comprendidos en el ámbito de aplicación del mencionado artículo 28.
