Legislación

No perdamos la cuenta, vamos por el 14. El Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de septiembre, cuya entrada en vigor se produce hoy, día 21 de septiembre, con el título “de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, recoge disposiciones que afectan al empleo, al tabaco, al cine y televisión, a la Guardia Civil…como si de un collage se tratara, las piezas, los contenidos, giran en torno a tres bloques de medidas que se abordan a continuación siguiendo la estructura diseñada por la norma:

• Medidas complementarias en materia de políticas de empleo (Capítulo I, arts. 1 a 3).
• Régimen de actividad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Capítulo II -arts. 4 y 5- y Disps. Trans. 1ª y derog.).
• Medidas diversas…más (disp. adicionales).

Con entrada en vigor hoy, 31 de agosto de 2011, salvo en lo referente a la prórroga del programa PREPARA cuya vigencia se retrotrae al 16 de agosto, el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, recoge a lo largo de tres capítulos, cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cinco finales, medidas urgentes para:

• Promover el empleo de los jóvenes
• Fomentar la contratación
• Favorecer la formación y la protección de las personas desempleadas
• Y además: protección por cese de actividad de los autónomos, notificaciones por medios electrónicos y creación del Tablón Edictal del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) e integración en un único organismo del SPEE y del FOGASA.

Con mayor, menor o ningún acuerdo sobre la oportunidad de una reforma del sistema de Seguridad Social ahora, sobre cuáles son los factores de riesgo que amenazarían, de hacerlo, su sostenibilidad financiera y sobre cuáles serían las medidas a adoptar para paliar o remediar los males del pesimista diagnóstico en el siempre incierto futuro, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, se publica en el BOE del día 2 de agosto después de un dilatado período de gestación y para entrar en vigor el 1 de enero de 2013 (con las excepciones que se indicarán), con el objetivo predicado de realizar las reformas necesarias en la estructura del sistema de Seguridad que garanticen su sostenibilidad financiera cuya viabilidad se ve amenazada por la concurrencia de dos factores:

Con entrada en vigor hoy (1 de agosto de 2011) pero retrotrayendo sus efectos a 1 de enero de 2011, el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio (BOE de 30 de julio), aprueba el Reglamento para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

La LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece en su artículo 31 bis, que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que estén en situación de irregularidad y denuncien a su agresor serán objeto de un expediente administrativo sancionador por encontrarse de forma irregular en nuestro país, que quedará en suspenso hasta la resolución del procedimiento penal. Además la mujer extranjera podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias extraordinarias. Dicha autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal, sin perjuicio de que se pueda conceder una autorización provisional. Asimismo, cuando del procedimiento penal concluido no pueda deducirse la situación de violencia de género, continuará  el expediente administrativo sancionador inicialmente suspendido.

Sin embargo, esta situación desincentiva que las mujeres extranjeras denuncien a su agresor. Y debe primar la protección de los derechos de la integridad física y moral de la mujer, cuando padece situaciones de violencia de género.

La ORDEN PRE/2072/2011, de 22 de julio, publica en el BOE , el Acuerdo por el que se establece la reactivación del periodo transitorio en relación con la libre circulación de los trabajadores de Rumanía.

Este Acuerdo se adoptó por el Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de julio de 2011, a propuesta de los Ministros de Trabajo e Inmigración, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior.

El Tratado de Adhesión de Rumanía a la Unión Europea, (DOUE  L 157 de 21 de junio de 2011) se materializó el 1 de enero de 2011 y prevé la existencia de un periodo transitorio de hasta 7 años, durante el cual los Estados miembros podrán establecer medidas para regular el acceso de los nacionales rumanos al mercado de trabajo.

El Real Decreto-ley fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes día 1 de julio para fomentar la protección social de los ciudadanos,  la sostenibilidad de las finanzas públicas y la actividad empresarial.

MEDIDAS PARA FOMENTAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

• Se amplía el límite de inembargabilidad de los ingresos desde el actual 110 por 100 del salario mínimo interprofesional hasta el 150 por 100 (961 euros efectivos) para aquellos deudores que han perdido su vivienda habitual
• Se faculta al ICO para establecer una línea de préstamos a las entidades locales para el pago de las facturas pendientes con empresas y autónomos a 30 de abril de 2011
• Se fomenta la inversión en nuevas empresas mediante la exención fiscal a las plusvalías que se obtengan
• Se reforma la Ley de Estabilidad Presupuestaria para introducir una regla de gasto en las administraciones públicas

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS

La iniciativa aprobada hoy busca una mayor protección de los segmentos sociales más vulnerables y más expuestos a la crisis, en línea con la propuesta de resolución aprobada ayer por el Congreso de los Diputados.

RESOLUCIÓN DE 3 DE JUNIO DE 2011, DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, PARA LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 3ª DE LA LEY 35/2010, DE 17 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO.

En la DT 3º Ley 35/2010 se establece que el FOGASA abonará a las empresas una parte de la indemnización devengada como consecuencia de la extinción de los contratos indefinidos celebrados a partir del 18 de junio de 2010 por las causas previstas en los artículos 51 o 52 del Estatuto de los Trabajadores o 64 de la Ley Concursal.

Los requisitos son:

• Que el contrato de trabajo extinguido sea de carácter indefinido.
• Que se haya celebrado a partir del 18 de junio de 2010 y haya tenido una duración superior a un año.