Legislación Estatal

La Resolución de 30 de mayo de 2025, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (BOE de 12 de junio, en vigor el 13 de junio y con efectos desde el 1 de enero de 2025), que se publica en desarrollo del artículo 26 de la Orden PJC/178/2025, establece los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes. Estas disposiciones incluyen ajustes según la situación financiera de las mutuas colaboradoras.

El proceso de transformación digital de la Administración laboral continúa su avance con la creación de la sede electrónica del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), por Resolución de 30 de abril de 2025 (BOE de 16 de mayo de 2025). Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de digitalización iniciada en los últimos años, y tiene importantes implicaciones prácticas para profesionales del derecho laboral y de la seguridad social.

La Orden ISM/444/2025, de 30 de abril, publicada en el BOE de 7 de mayo, regula el procedimiento para la inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad en el anexo del Real Decreto 1851/2009, norma que desarrolla la Ley general de la Seguridad Social permitiendo la anticipación de la jubilación para personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que estas patologías conlleven una reducción significativa y generalizada de la esperanza de vida. Esta orden se dicta en desarrollo de la disposición final cuarta del Real Decreto 1851/2009, introducida por el Real Decreto 370/2023, y responde a la necesidad de mantener actualizado un anexo abierto, especialmente ante la aparición de nuevas enfermedades, como las denominadas enfermedades raras, que puedan justificar dicho adelanto en la edad de jubilación.

La Ley 2/2025, de 29 de abril, publicada en el BOE el 30 de abril y en vigor el 1 de mayo de 2025, marca un hito normativo en la protección laboral de las personas con discapacidad. Esta reforma modifica el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, condicionando la extinción del contrato por incapacidad permanente a la evaluación previa de ajustes razonables en el puesto de trabajo.

El Acuerdo de 24 de marzo de 2025 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado en el BOE del 29 de abril, regula la extensión máxima y las condiciones extrínsecas de los escritos de formalización o interposición y de impugnación de los recursos de casación dirigidos a la Sala Cuarta (Social) del Tribunal Supremo.

La Resolución de 9 de abril de 2025, de la Tesorería General de la Seguridad Social, regula la tramitación electrónica automatizada de determinados procedimientos de altas y bajas de trabajadores. A partir del 1 de junio de 2025, las resoluciones estimatorias derivadas de solicitudes a través del Sistema RED o de actuaciones de la Inspección de Trabajo serán generadas de forma automática, firmadas mediante el sello electrónico de la Tesorería General. La responsabilidad administrativa recaerá en las Direcciones Provinciales correspondientes, estableciéndose también el procedimiento para la impugnación de estas resoluciones.

El Real Decreto 316/2025, de 15 de abril (BOE de 16 de abril), con efectos económicos desde el 1 de enero de 2025, supone un ajuste necesario en la normativa sobre la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y su revalorización para el ejercicio 2025. Su aprobación viene motivada por la necesidad de adaptar el marco legal tras la no convalidación del anterior Real Decreto-ley 9/2024 y del subsiguiente Real Decreto 35/2025 (que ahora se deroga expresamente) ofreciendo así una nueva base jurídica que se apoya en el Real Decreto-ley 1/2025.