Articulos jurisprudencia

A juicio de la Abogado General Sharpston, en el Asunto C-98/15, la normativa española en materia de prestación por desempleo contributivo, en la forma en que se aplica a los trabajadores a tiempo parcial con prestación de servicios de carácter vertical, produce una discriminación indirecta a efectos del artículo 4 de la Directiva 79/7/CE, pues perjudica a un número mucho mayor de mujeres que de hombres, a pesar de que esté formulada con carácter neutro, puesto que entre el 70% y el 80% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres.

En el BOE de hoy se ha hecho público el Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 4/2017, liberalizador del sector de la estiba. Como se sabe, en sede parlamentaria no se ha convalidado la disposición con la que el Gobierno unilateralmente modificaba la regulación de este sector estratégico para ajustarse al Derecho de la Unión acatando la palabra del Tribunal de Luxemburgo en una sentencia dictada más de dos años antes (STJUE de 11 de diciembre de 2014, asunto C-576/13).

¿Qué dice, y que no, la sentencia comunitaria? ¿ Qué margen real hay para un régimen nacional alternativo al introducido, y ahora decaído, por el RDL 4/2017, que permita la libertad de contratación y organización flexible del trabajo portuario para mejorar su competitividad y ofrezca una seguridad razonable en el empleo de los estibadores portuarios?

El artículo del profesor MOLINA NAVARRETE publicado en la Revista de Trabajo y Seguridad Social del CEF (RTSS.CEF) y que se ofrece aquí en abierto trata de dar respuesta a estos interrogantes.

El Magistrado D. Joan Agustí Maragall, titular del Juzgado de lo Social n.º 33 de Barcelona, que en su día solicitó al TJUE respuesta sobre si era posible entender como discriminatorio, y por tanto nulo, el despido de un trabajador -hasta aquel momento bien conceptuado profesionalmente- por el solo hecho de estar en situación de incapacidad temporal de duración incierta por causa de un accidente laboral, da respuesta al caso concreto en su Sentencia núm.472/2016, de 23 de diciembre, que se resume a continuación.

Una de las cuestiones más interesantes sobre la que se han pronunciado los tribunales superiores de justicia de nuestro país en los últimos meses ha sido la que tiene que ver con la tributación en el IRPF de la prestación de maternidad, cuestión que ha generado un gran revuelo mediático y donde han participado agentes de todo tipo: tribunales, prensa, despachos especializados y la propia Administración tributaria.  

El TSJ de Madrid, y no en las últimas semanas sino hace ya un tiempo, dictó una sentencia con fecha 3 de febrero de 2010 que obligó a la Administración tributaria a emitir un comunicado en el que hacía público que no estaba devolviendo cantidad alguna por ese concepto.

Desde aquel momento, la Dirección General de Tributos ha emitido consultas en ese mismo sentido. Sin embargo, dos pronunciamientos judiciales recientes reavivan el debate: las SSTSJ de Madrid y de Andalucía/Sevilla donde se discrepa sobre la exención de la prestación. Para más información consulte en la página http://www.fiscal-impuestos.com/ el comentario titulado «La tributación de la prestación por maternidad: un debate jurídico a las puertas del Supremo».

El Tribunal Supremo en sentencia de 1 de diciembre de 2016 (rec. núm. 3690/2014), entiende que la entrega al trabajador del recibo individual justificativo del pago del salario debe hacerse en el modelo correspondiente, pero no se establece en qué soporte ha de entregarse, pudiendo el empresario decidir el cambio de formato (de papel a digital) unilateralmente aun cuando contravenga la práctica seguida hasta el momento en la empresa.

Los anunciados pronunciamientos del Tribunal Supremo reconociendo por primera vez el derecho de los padres de hijos nacidos por gestación subrogada a cobrar prestaciones de maternidad, que tanto se han hecho esperar, se han concretado en sendas sentencias de 25 de octubre –RCUD  3818/2015– y 16 de noviembre de 2016 –RCUD 3146/2014–, resoluciones que son comentadas a continuación por D. José Antonio Panizo Robles y que serán objeto de atención particularizada en el Foro de Debate del número de enero de 2017 de la RTSS.CEF.        

Mediante la reciente sentencia de 1 de diciembre de 2016, el TJUE ha procedido a dar respuesta a una cuestión prejudicial muy importante por el ámbito personal al que afecta: los trabajadores despedidos por incurrir en una incapacidad temporal.

A propósito del Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016 y del Auto de 8 de septiembre de 2016 (rec. núm. 12/2016) que lo aplica

Ante las dudas surgidas a la hora de computar los plazos mediante la utilización del sistema Lexnet, el Tribunal Supremo llegó a un Acuerdo no Jurisdiccional en julio de 2016, con la finalidad de aclarar cuestiones abiertas en el Orden Social, en relación con las notificaciones y los plazos procesales. No obstante, como se desprende del presente comentario, dicha exégesis no ha sido definitiva, pues su plasmación práctica aún nos ha supuesto un nuevo sobresalto en un interrogante que creíamos zanjado.