RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 2013, RCUD 2315/2012.

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 21 de enero de 2014, rec. núm. 2251/2013.

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 14 de enero de 2014, rec. núm. 2265/2013.

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de marzo de 2014, asunto C-458/12.

El concepto tradicional de Mutua como asociación patronal privada, sin ánimo de lucro, cuyo fin principal es la colaboración en la gestión de los riesgos profesionales, ha sufrido una clara extensión, pasando a asumir otros muy diversos cometidos: actuar en materia preventiva; intervenir en el control de la incapacidad temporal por contingencias comunes; dispensar prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia y por cuidado de hijo enfermo o ampliar la acción protectora a los autónomos, incluyendo el cese de actividad. Este progresivo enriquecimiento de funciones ha ido acompañado de estrictos controles administrativos, circunstancia que exige una nueva regulación integral que clarifique el régimen jurídico de estas entidades con el objeto de dar oportuno cumplimiento a lo previsto en el artículo 41 de la Constitución Española, que aboga por un régimen público de Seguridad Social.

Palabras clave: mutuas, accidente de trabajo, enfermedad profesional, Seguridad Social, contingencias comunes e incapacidad temporal.

En estos últimos años, el debate sobre la aprobación de una ley de huelga en los servicios esenciales se ha visto reanudado con mayor asiduidad. La convocatoria de varias huelgas generales, así como su desarrollo en algunos de los sectores más estratégicos y especialmente controvertidos para la ciudadanía, dejan al descubierto la ineficacia de una regulación anterior a la Constitución que, sin perjuicio de su depuración jurisdiccional, no ha llegado a dar satisfacción a los cambios económicos y políticos sufridos por nuestra sociedad tras estos últimos treinta y cinco años desde su entrada en vigor. Tanto la doctrina científica como la jurisprudencia constitucional han sido persistentes es sus críticas sobre los perjuicios causados al ejercicio del derecho fundamental de huelga, haciendo hincapié en la necesidad de que el Gobierno, cumpliendo con el expreso mandato recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, active los mecanismos parlamentarios pertinentes para desarrollar legislativamente la institución de la huelga. Por su parte, la futura norma solo podrá ser actual y coherente con la nueva realidad social si acoge en su articulado determinados mecanismos idóneos para compatibilizar el ejercicio de la huelga con el resto de derechos constitucionalmente reconocidos a los ciudadanos.

Palabras clave: huelga, servicios esenciales, usuarios y negociación colectiva.

La asistencia sanitaria pública en España se realiza por el Sistema Nacional de Salud, formado por un complejo entramado de instituciones y organismos, que tiene por objeto garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, contenido en la Constitución de 1978. Sin embargo, en esta estructura hay que integrar las instituciones de la Seguridad Social que, aunque no forman parte del Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho a la asistencia sanitaria de las personas contenidas en su campo de aplicación, de acuerdo con el derecho de acceso a la Seguridad Social que tienen todos los ciudadanos, recogido también en la Constitución.

A la garantía de los citados derechos, hay que añadir: la dificultad de coordinación de las actuaciones derivadas de la normativa de las comunidades autónomas que regula la asistencia sanitaria pública, aprobada con base en sus Estatutos de Autonomía; así como la situación socioeconómica provocada por el incremento en el número de extranjeros residentes.

La actual crisis económica ha impulsado la publicación de un real decreto-ley en el año 2012 con objetivos muy difíciles de cumplir, al introducir importantes distorsiones en el acceso a la asistencia sanitaria y desequilibrios en la organización institucional del Sistema Nacional de Salud. Este trabajo profundiza en las causas que generan esos problemas y en sus posibles soluciones, con la intención de clarificar los aspectos técnicos y jurídicos afectados.

Palabras clave: Seguridad Social, Sistema Nacional de Salud, derecho a la salud, asistencia sanitaria y sanidad de extranjeros.

Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional 2/2014, de 20 de enero de 2014.