RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

La problemática de la conciliación de la vida familiar y laboral se aborda en la actualidad desde las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación por razón de sexo. Sin embargo, las leyes actuales no consiguen resolver el problema y ello genera una situación de estrés crónico en muchas trabajadoras, cuyas repercusiones en la salud no están suficientemente estudiadas. Es por esta razón por la que la conciliación de la vida familiar y laboral se ve hoy como un conflicto o un riesgo de carácter psicosocial, por lo que en el presente artículo se defiende la necesidad de incorporar la conciliación al campo de la salud laboral y de la prevención de riesgos laborales, y no dejarlo exclusivamente al terreno de las políticas familiares o de igualdad.

Palabras claves: conciliación de la vida familiar y laboral, conflicto trabajo-familia, perspectiva de género, salud laboral y evaluación de riesgos laborales.

La Seguridad Social se ha visto afectada por la crisis económico-financiera que padecemos desde hace algo más de seis años, que le ha ocasionado una pérdida de recursos financieros, derivada tanto de la disminución del número de cotizantes, como de la desaceleración de las bases medias de cotización. Esta nueva situación ha planteado la necesidad de buscar fuentes de financiación complementarias a la tradicional, proveniente de las cotizaciones sociales.

Pero en contra de lo que podíamos esperar, los debates, social y sobre todo político, que se han abierto solo se ocupan de reducir el gasto dedicado a las prestaciones sociales, dejando de lado el otro gran asunto pendiente, el relativo a la mejora de la financiación de la Seguridad Social. Por ello se puede definir la actual discusión de deliberadamente parcial, al no haberse explorado nuevas soluciones para paliar los problemas que se plantean.

Son destacables los esfuerzos que en un momento de crisis como el que vivimos realiza la Administración de la Seguridad Social para desarrollar de manera eficaz la gestión que se le encomienda, particularmente mediante el control sobre la deuda y el fraude, pero también tratando de favorecer la regularización de los débitos de las empresas y de los trabajadores autónomos a través de la autorización de aplazamientos de las deudas contraídas con la Seguridad Social. Igualmente pone a disposición del sistema los activos del Fondo de Reserva para propiciar el equilibrio presupuestario.

Por eso, el artículo pone en tela de juicio la parquedad de iniciativas que se observa en la búsqueda de fuentes alternativas de financiación de la Seguridad Social, ofreciendo algunas soluciones utilizadas en países de nuestro entorno, que puedan servir para mejorar el modelo español.

Por último, se alude a la necesidad de mejorar y adaptar la actual política de empleo, concretamente las medidas activas de empleo, que no se acomodan a las necesidades del mercado de trabajo.

Palabras claves: Seguridad Social, financiación de la Seguridad Social, prestaciones, control de la recaudación, tarifa plana y políticas activas de empleo.

La presencia de Gibraltar como territorio limítrofe con la provincia de Cádiz ha marcado históricamente la realidad laboral de la misma, especialmente en la zona conocida como Campo de Gibraltar o Bahía de Algeciras. El flujo de personas a través de la verja y en particular de trabajadores españoles que prestan sus servicios en Gibraltar, tanto de forma regular como irregular, que convierten al Peñón en el principal empleador de la provincia, genera una problemática específica en cuanto a las condiciones de trabajo de los mismos y la repercusión en nuestro Sistema de Seguridad Social. Más allá de toda pretensión soberanista, la consecución del espacio económico único europeo impone el conseguir que el sur de Europa sea un espacio social y económico homogéneo que permita la «libre competencia» entre Estados, instituciones y empresas, haciendo efectiva la libertad de establecimiento, la libre circulación de personas, trabajadores, bienes y servicios, en condiciones de igualdad y seguridad jurídica, en el marco que otorga el ordenamiento jurídico europeo, con respeto y cumplimiento de directivas y reglamentos comunitarios, así como de las propias normas de cada Estado soberano, terminando con las especialidades de Gibraltar dentro de la Unión Europea, y denunciando ante la misma todos los incumplimientos que nos alejen de dicho objetivo.

Palabras claves: Gibraltar, libre circulación de trabajadores, espacio económico único europeo en el sur de España.

Sobre una muestra de 111 directivos, esta investigación diseña una herramienta de evaluación y medición del concepto «poder» directivo en el ámbito de la empresa. En la empresa se distingue un poder que reside en el puesto formalmente recogido en el organigrama y un poder que reside en la persona como individuo. Ambos se desenvuelven en el marco cultural y organizativo propio de la organización, tratando de obtener el máximo potencial que cada uno de ellos comporta, siendo los resultados obtenidos y el alineamiento de estos con los objetivos empresariales lo que da idea del nivel de poder alcanzado. Por tanto, nuestro modelo contempla las fuentes o determinantes del poder, los factores favorecedores o limitantes del mismo, y las consecuencias de su ejercicio. Así, el «índice de poder» consiste en una puntuación (en una escala de 1.000 puntos) que se obtiene por las suma de 16 indicadores ponderados, agrupados en 6 subfactores, y estos en 3 factores, según la siguiente ecuación: índice de poder = recursos + limitaciones + resultados. El peso asignado a cada factor procede de la ponderación otorgada por paneles de expertos, y es el siguiente: recursos (27 %), limitaciones (35 %), resultados (38 %).

Palabras claves: índice de poder, recursos humanos y fuentes de poder en la empresa.

Comentario a la Sentencia 41/2014, de 24 de enero, del Juzgado de lo Social n.º 3 de Almería

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de marzo de 2014 –asunto C-265/13

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 18 de marzo de 2014, rec. núm. 382/2014

Comentario al Auto del Tribunal Supremo de26 de marzo de 2014 –rec. núm. 11/2013