RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Este trabajo trata sobre la virtualidad aplicativa de la Carta Social Europea en nuestro derecho interno, en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y, más concretamente, en el relevante ámbito de la prevención de riesgos laborales. Se analizan algunas resoluciones de los tribunales que han sido relevantes en este marco.

Palabras clave: Carta Social Europea; seguridad y salud de las personas trabajadoras en tiempos de COVID-19.

La Carta Social Europea establece la protección de las personas refugiadas por remisión a la Convención de Ginebra y a otros acuerdos internacionales a los que se hayan obligado los Estados. Aunque la Carta condiciona su tutela al reconocimiento formal de tal condición, el Comité Europeo de Derechos Sociales realiza una interpretación ontológica, vinculando la protección con la dignidad de la persona.

Palabras clave: personas refugiadas; derechos sociales; Comité Europeo de Derechos Sociales.

1. Los datos, «nuevas minas de oro» reales del «rey Salomón». Tras varias décadas y diversas generaciones de personas fascinadas por la literatura y la cinematografía, de calidad desigual, cierto, en torno a las aventuras forjadas en la búsqueda de las minas de oro del rey Salomón, la leyenda fue desvelada (lamentablemente), hace algo más de una década, por la ciencia arqueológica: existieron tan célebres minas, pero no fueron de oro, sino de cobre. Desde el inicio de este siglo, la búsqueda de nuevas minas de oro encuentra en los «datos» uno de sus principales referentes, de ahí que la economía cada vez asiente más sus horizontes de desarrollo sobre esta «minería de datos» (se considere en unos casos con la metáfora del oro, siempre presente en la historia de la humanidad, se acuda a la metáfora del petróleo, oro negro, hoy con peor prensa por formar parte de una economía ambientalmente insostenible). No obstante, ya Sherlock Holmes (El misterio de Copper Beeches) era muy consciente de su valor para desvelar la autoría de conductas –en su caso delincuenciales–, a veces incluso antes de consumarlas (función preventiva mediante el análisis de perfiles delincuenciales). La película de ciencia ficción Minority report (Sentencia previa, en América Latina), dirigida en el año 2002 por el laureado director Steven Spielberg, llevará a sus máximas consecuencias esa explotación preventiva del procesamiento de datos masivos de todo tipo.
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La Sentencia 134/2021, de 24 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, anula el apartado tercero.2 b) del anexo III de la Resolución del consejero de Educación de 1 de agosto de 2018, por la que se convocaba el programa de subvenciones públicas a la investigación y la innovación en la Comunidad Valenciana. La resolución examina la disposición cuestionada a la luz de ciertos datos estadísticos procedentes de convocatorias anteriores, que mostraban una situación de desigualdad de hecho de las investigadoras tanto en la solicitud como en la obtención de la subvención regulada por dicho apartado, y estima que su redacción incumplió la prescripción contenida en el artículo 11 de la Ley orgánica 3/2007, que regula las acciones positivas en favor de las mujeres, y, como consecuencia de dicha omisión o inacción, incurrió en una discriminación indirecta, prohibida por el artículo 6.2 de la citada ley orgánica, que justifica la declaración de nulidad del apartado impugnado.

Palabras clave: discriminación indirecta; acción positiva; omisión; nulidad; subvenciones

La aplicación de forma masiva de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo ha hecho surgir un nuevo contexto productivo en el que la fisonomía de la empresa que hasta ahora veníamos conociendo deja paso a una nueva, muy diferente, y con implicaciones relevantes en el devenir de las relaciones de trabajo, individuales y colectivas.
En tal contexto, uno de los rasgos que han definido hasta el momento este proceso de transformación socioeconómica y productiva ha sido el que se ha primado un enfoque tan económico como individualista.
Sin embargo, la regulación de las relaciones de trabajo para el nuevo tiempo digital que vivimos no puede venir impuesta ni por un naturalismo económico ni por un determinismo tecnológico, sino que se requiere siempre una intervención institucional, que en las relaciones de trabajo de un Estado social de derecho siempre es doble: legislativa y de autonomía colectiva.
Es por ello que se abordan en este estudio los retos que se presentan en este nuevo tiempo a la autonomía colectiva, la cual ha de ser tanto garantista y concesiva, conforme al clásico modelo, pero también debe incorporar los modernos elementos de flexibilidad de gestión, conforme a su vocación de equilibrio transaccional entre su función distributiva y su función productiva.

Palabras clave: trabajo; transformación digital; negociación colectiva; derechos de participación

Los proveedores públicos y privados de servicios de empleo desempeñan un papel no solo importante, sino casi fundamental, en el funcionamiento de los mercados de trabajo durante esta crisis. Sin embargo, el papel particularmente más difícil es el de los servicios públicos de empleo, que han de ser ágiles para adaptarse rápidamente a la nueva situación y ajustar su respuesta con flexibilidad para responder a los acontecimientos impredecibles. Por un lado, se enfrentan a una afluencia sin precedentes de nuevos solicitantes de empleo con la imposibilidad de atención presencial debido a las restricciones de confinamiento. Por otro lado, el número de ofertas de empleo disminuye radicalmente en muchos sectores, dejando a los servicios de empleo con menos vacantes para proponer, y solo se salvan algunos sectores relacionados con la cobertura de necesidades esenciales. A medida que se desarrolle el impacto económico de la crisis, la demanda de mano de obra posiblemente se desplazará aún más entre sectores y regiones. Los servicios públicos de empleo de todo el mundo tienen que adaptar su forma de trabajar y su estrategia a corto y medio plazo para ayudar a limitar las consecuencias en el mercado laboral de la crisis de la COVID-19.

Palabras clave: intermediación; servicios públicos de empleo; digitalización; COVID-19

La gran proliferación de las «plataformas digitales» como paradigma económico y del trabajo flexible inherente a la digitalización, hasta el momento, ha sido enfocada a partir de los problemas relativos a la naturaleza jurídica del vínculo de prestación de servicios que, por supuesto, es determinante para la fijación de las condiciones de empleo y de trabajo, así como de protección social, tal y como se ha puesto en alza con la ley española de riders. En cualquier caso, suele ignorarse la existencia de otra tipología de plataformas de (micro)trabajos online o basadas en la web (crowdworkers o crowdemployment) que también suscitan notables problemas y, aunque hayan permanecido hasta el momento más invisibilizadas, tienen un alto coste personal y social (precariado digital). En efecto, el propósito de este estudio es esbozar algunos de los aspectos más conflictivos en torno a la regulación del trabajo en este sector de la economía digital. Por lo tanto, se va más allá, aunque sin prescindir de la naturaleza jurídica del vínculo de empleo en las plataformas digitales, reclamando una regulación más equilibrada de las condiciones de empleo y de trabajo, promoviendo el estándar de trabajo decente y de una protección social suficiente. En estos momentos, la «ley riders» precisa bastantes más desarrollos, legales y de negociación colectiva, de los que sugiere el acuerdo cerrado de diálogo social. De ahí que este estudio se centre en esa nueva perspectiva para evidenciar la necesidad, no solo la conveniencia, de una implicación intensa del entero sistema de fuentes de estas «nuevas» relaciones de trabajo (asalariado), más allá de la previsión legal actual muy reductiva.

Palabras clave: plataformas digitales; crowdworkers; crowdemployment; precariado digital; trabajo decente.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2021, de 15 de marzo, aporta dos novedades. De un lado, excluye que tenga relevancia constitucional la calificación del despido en caso de haberse intentado acreditar con una prueba obtenida mediante una vulneración de derechos fundamentales de la persona trabajadora, dejando la nulidad o la improcedencia en manos de la jurisdicción ordinaria. De otro, establece una obligación ineludible para los tribunales de pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización cuando se produce una vulneración de derechos fundamentales de la persona trabajadora.

Palabras clave: prueba ilícita por vulneración de derechos fundamentales; indemnización por vulneración de derechos fundamentales; derecho a la intimidad; derecho al secreto de las comunicaciones.