RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Acumulación de periodos de disfrute de vacaciones vs. acumulación de compensaciones por vacaciones

(Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de mayo de 2012, asunto C-337/10, Georg Neidel y Stadt Frankfurt am Main)

La posibilidad de acumular periodos vacacionales y/o compensaciones por periodos de vacaciones, devengados pero no disfrutados por encontrarse el trabajador en situación de baja médica (incapacidad temporal), no parece dudosa. Pero plantea la cuestión de si se debe imponer algún tipo de limitación a esas acumulaciones. Las soluciones dadas, tanto internacionalmente (Convenio núm. 132 OIT) como por los ordenamientos nacionales (p. ej. art. 38.3 ET), inciden en una asimetría fundamental de difícil, por no decir imposible, solución. A su estudio y a plantear otras posibles soluciones se dedica este trabajo.

Palabras clave: vacaciones anuales retribuidas, baja médica, incapacidad temporal, devengo, acumulación, compensaciones y limitación temporal.

 

Antonio Tapia Hermida
Doctor en Derecho
Profesor Titular de Derecho Mercantil.
Universidad Complutense de Madrid
Letrado de la Seguridad Social
Académico Correspondiente de la

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

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La adaptación del modelo español de regulación de las migraciones laborales a los cambios económicos y sociales: una perspectiva evolutiva

Este trabajo analiza el modelo español de regulación de la inmigración por motivos laborales, para determinar en qué medida y, en su caso, de qué manera se adapta a los cambios económicos y sociales. Para ello adopta una perspectiva histórica, estudiando la evolución de las normas y prácticas judiciales y administrativas al hilo de las necesidades del mercado de trabajo.

En el texto se defiende que la influencia de la normativa de extranjería en la regulación de los flujos es limitada e indirecta. El cambio continuo y vertiginoso de las normas básicas de extranjería y la discrecionalidad administrativa parecen sugerir que todavía no existe en España un modelo migratorio determinado, pero en realidad ambos rasgos forman parte de un modelo firmemente asentado, que opera en perjuicio de la seguridad jurídica. El Derecho y la práctica se oponen formalmente y los distintos órdenes normativos se superponen entre sí de manera contradictoria, pero estas contradicciones son funcionales a un determinado modo de reclutamiento de la fuerza de trabajo extranjera, que, sin embargo, provoca graves disfunciones sociales.

 

Antonio Álvarez del Cuvillo
Profesor Contratado Doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Cádiz

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La lucha contra el fraude en el ingreso de recursos de la Seguridad Social

La prevención y la corrección del fraude a la Seguridad Social, en lo que respecta a la liquidación y pago de cuotas, exige la adopción de eficaces medidas para su control. Las Administraciones responsables de esta tarea han puesto en marcha diversas iniciativas para monitorizar y hacer un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de cotización y pago de cuotas por los sujetos obligados, algunas de ellas novedosas, como el Observatorio del Fraude, y los planes de ejecución conjunta, que se analizan en este trabajo.

Destacaremos la actividad desarrollada por la Tesorería General de la Seguridad Social, que ha desplegado interesantes actuaciones, apoyándose en las posibilidades de actuaciones que le ofrecen las normas y los progresos obtenidos mediante el desarrollo de su administración electrónica. Igualmente importante es la labor desplegada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del establecimiento de sus objetivos y de la colaboración con la Tesorería General.

Además, comentaremos otros resultados en la persecución del fraude, fruto de la cooperación de la Administración de la Seguridad Social con otras Administraciones, como las tributarias o la de la policía (Sección de Investigación de la Seguridad Social).

Por último, haremos referencia al innovador Plan Integral del Gobierno de lucha contra el fraude laboral, fiscal y a la Seguridad Social de 2010 y a la falta de programas sustanciales en este campo en el ámbito de la Unión Europea.

Palabras clave: fraude, Seguridad Social, planificación, prevención y control.

Javier Aibar Bernad
Funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social

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Estudio constitucional del derecho a una pensión de jubilación

El presente trabajo analiza el derecho constitucional de las personas mayores a pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Un análisis que se hace al hilo de la reforma de nuestro sistema de pensiones de jubilación producida en 2011. En particular, el artículo estudia la naturaleza constitucional del derecho a una pensión de jubilación, analizando si estamos ante un verdadero derecho subjetivo, así como su grado de eficacia jurídica.

Especial atención se presta a la delimitación del contenido constitucional del derecho, examinando el desarrollo legislativo del mismo mediante un sistema de pensiones contributivas y no contributivas. El artículo también estudia si, desde una perspectiva constitucional, cabe fijar una edad de jubilación forzosa, y la valoración que merece al respecto el incremento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en un periodo transitorio de 15 años que introduce la reforma de 2011.

También prestamos atención a cómo debe interpretarse el mandato constitucional de que las pensiones sean periódicamente actualizadas, analizando la doctrina del Tribunal Constitucional, de acuerdo con la cual, de la Constitución no se deduce la obligación de mantener todas y cada una de las pensiones iniciales en su cuantía prevista ni que todas y cada una de las ya causadas experimenten un incremento anual.

Por último, nos preguntamos si nuestro sistema de pensiones de jubilación constituye una conquista social irreversible, trayendo también a colación la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto.

Palabras clave: Seguridad Social, sistema de pensiones, jubilación y derechos constitucionales.

Juan Manuel Herreros López
Profesor de Derecho Constitucional. Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

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Ideas a tener en consideración ante la irrupción de un nuevo mecanismo de control empresarial: el GPS

El presente artículo estudia la viabilidad de establecer un control permanente de los movimientos y desplazamientos del trabajador; semejante cuestión es la que he venido a denominar «monitorización permanente». Los interrogantes que se han tenido en consideración refieren a aspectos tales como, por ejemplo, si es jurídicamente defendible que el empresario pueda tomar conocimiento de todos los lugares que visita el trabajador, dónde se encuentra este en un momento determinado, las pausas que realiza y el tiempo que destina a estar en cada uno de ellos, etc.

Sin perjuicio de la legítima vigilancia que corresponde al empresario respecto de las actividades profesionales encomendadas, la hipótesis inicial parte del siguiente interrogante: ¿constituiría ello un seguimiento indebido del trabajador?, ¿cabe establecer alguna limitación al respecto?

Y es que, un control tal del trabajador por parte del empresario podría derivar en un control total de las acciones y movimientos que lleva a cabo el trabajador, más allá de las propias responsabilidades laborales.

El GPS, ideado para fines militares, hoy en día es frecuentemente utilizado por la sociedad civil. El punto pasa entonces por determinar la procedencia de su incorporación como un mecanismo de control empresarial de las actividades de los trabajadores.

Palabras clave: GPS, facultad de control empresarial, derecho a la intimidad y derechos fundamentales de los trabajadores.

Jorge Arredondo Pacheco
Abogado de la Universidad Diego Portales (Santiago de Chile). Máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a través de la jurisprudencia. Universidad Rey Juan Carlos

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Factores comunes de influencia en el riesgo percibido entre grupos profesionales

El concepto de riesgo no es tan evidente como podría pensarse en un primer momento. La percepción de riesgo se construye desde la exposición individual a riesgos de naturaleza física y psicosocial. El presente artículo analiza, por un lado, cómo los factores psicosociales, de incidencia creciente, determinan la percepción de riesgo junto con otros elementos de naturaleza personal y laboral; y, por otro, evalúa si existen factores comunes entre dos grupos profesionales concretos: personal sanitario y docentes.

Los datos empleados en esta investigación se han obtenido de la I Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo, realizada por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales mediante entrevistas personales durante el periodo enero-abril de 2008. Se ha estudiado la percepción de riesgo en una submuestra de 448 individuos: 138 profesionales sanitarios y 310 profesionales de la enseñanza. Las asociaciones entre variables se estudiaron mediante pruebas de regresión logística. El total de individuos seleccionados muestra una alta homogeneidad sociodemográfica y de percepción del riesgo. El 56,3% percibe algún tipo de riesgo en su trabajo, aumentando entre el personal sanitario (60,2%) y reduciéndose entre los docentes (54,6%).

Las conclusiones del estudio ponen de manifiesto la posibilidad de agrupar colectivos profesionales diferentes con vistas al diseño de políticas públicas en materia de prevención, dada la existencia de dimensiones comunes de influencia acerca de la percepción de riesgo.

Palabras clave: riesgo percibido, seguridad y salud laboral, factores de riesgo y regresión logística.

José Antonio Ariza Montes
Rafael Ángel Araque Padilla
Mariano Carbonero Ruz
María José Montero Simó
Profesores de la ETEA, Institución Universitaria de la Compañía de Jesús. Universidad de Córdoba.

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Elevando el «umbral del dolor» de la mala gestión de la crisis: recortes travestidos de reforma sanitaria

Toda reforma sanitaria es un complejo proceso político-institucional en el que concurren diversos factores que presionan para que los cambios asuman una u otra dirección, ya más favorable a los intereses económicos implicados ya más propicia para la mejora de la calidad asistencial a favor de los ciudadanos. Por lo general, tales reformas buscan equilibrar unos y otros intereses. El Sistema Nacional de Salud está entre los mejores en calidad de prestaciones y más eficientes por su alto rendimiento con un coste relativamente menor que la media europea. No obstante, el reciente Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, imbuido de la misma política de ciega austeridad del resto de las políticas para intentar –fallidamente– salir de la crisis, adopta una única dirección de reforma: recortar el gasto sanitario, sobre todo el farmacéutico, en 3.000 millones de euros, reduciendo la aportación pública para su financiación, del lado de coste, y aumentado la aportación del usuario, mediante mayor «copago» o «repago», del lado de los ingresos. En suma, el Real Decreto-ley 16/2012, más que reformar en sentido estricto pretende (solo) convertir una parte de la deuda pública en sanidad en deuda privada, revelándose en cierto modo como una antítesis del Real Decreto-ley 18/2012, de saneamiento del sector financiero, que convierte en deuda pública buena parte de la deuda privada de las entidades financieras. Todo un mundo al revés.
Los autores dan cuenta en el estudio de este proceso de mutación de costes públicos en privados a través de un análisis detenido de las medidas que incorpora, a tal fin, el referido Real Decreto-ley 16/2012. Las principales claves de lectura de las mismas las sitúan los analistas de este artículo en la historia de tres retornos en cierto modo al pasado: a una concepción «aseguradora» de la protección, en detrimento del modelo «universal», a una mayor «re-mercantilización» de la asistencia sanitaria, que se tiene por un bien susceptible de mercado en detrimento de su financiación pública –que no «gratuita»–, y una importante «re-centralización» de la gestión del Sistema, que pone en cuestión los avances de la descentralización de nuestro modelo. Finalmente, terminan los autores con una valoración de conjunto del Real Decreto-ley 16/2012, en la que evidencian la tendencia a la creación de un «Estado de Bienestar mínimo», con la consiguiente quiebra del pacto constitucional en aras de una «gobernanza numérica» que socializa o generaliza el sufrimiento de las personas, según imperativos de una inicua lógica del mercado total.

Palabras clave: reforma sanitaria, personal sanitario, aseguramiento sanitario y prestación farmacéutica.

Encarnación Molina Navarrete
Enfermera-DUE. Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda
Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén

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La extinción del contrato de trabajo por absentismo del trabajador tras la reforma laboral de 2012

Tras la reducción efectuada por la Ley 35/2010 del índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo exigido para que operara la extinción del contrato por absentismo del trabajador, que pasó del 5 al 2,5 por 100, el Real Decreto-Ley 3/2012 ha procedido a eliminar totalmente esta exigencia. Nos encontramos, por tanto, ante una reforma que en lo esencial se ha limitado a facilitar la extinción del contrato de trabajo por esta causa mediante el «fácil» recurso de la eliminación del índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo que la misma requería hasta el momento. No en vano, de forma unánime se había considerado que esta exigencia había sido la responsable de la escasa operatividad práctica de esta causa de extinción del contrato. La reforma laboral de 2012, sin embargo, no aborda en profundidad el fundamento y el régimen jurídico del absentismo laboral como causa de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, ni las diferentes y complejas cuestiones que en la práctica se plantean al aplicarla, ni mucho menos las medidas que podrían adoptarse para mitigarlo sin tener que recurrir en todo caso a lo que debería ser la última y más traumática de las medidas, es decir, la extinción de la relación laboral. En definitiva, una vez más se apuesta por un tratamiento meramente punitivo del absentismo dejando de lado cualquier enfoque más preventivo del mismo.

Precisamente en este trabajo se pretende llevar a cabo un análisis del régimen jurídico de esta causa extintiva del contrato de trabajo en el que se tome en consideración no únicamente la reforma introducida por el Real Decreto-Ley 3/2012, sino también aquellos aspectos que no habiendo sido modificados plantean dificultades de comprensión y, por tanto, de aplicación de esta causa extintiva, que por impedir o, en cualquier caso, por limitar la eficacia de la misma en el cumplimiento de su finalidad básica, tal vez deberían haber merecido alguna atención por parte del legislador.

Palabras clave: absentismo laboral, despido, ausencias al trabajo y faltas de asistencias no cumputables.

Josep Moreno Gené
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Lleida

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RTSS. CEF. NÚM. 350 (mayo 2012)

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