La Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo (BOE de 9 de abril), publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021, del que se dio cuenta en esta página y a cuya lectura remitimos.
La Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (BOE de 9 de abril), establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019.
Se fijan criterios y prioridades que orientarán tanto la organización de estas actividades como el destino de los recursos económicos, dirigiéndose preferentemente a realizar en las pequeñas empresas y en las empresas y sectores con mayor siniestralidad acciones de asesoramiento, divulgación, sensibilización e investigación, desarrollo e innovación en materia de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En el BOE del día 1 de abril de 2019, y con entrada en vigor el día siguiente, se publica la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes para efectuar la acreditación e inscripción de entidades de formación que impartan, mediante las modalidades presencial y de teleformación, la formación referida a las especialidades de formación profesional para el empleo incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.
La Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo (BOE de 1 de abril), desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, en relación con la oferta de formación profesional para el empleo, y regula las bases que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones públicas destinadas a financiar dicha formación por las diferentes Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos de gestión, así como otros modelos de ejecución de la formación basados en la contratación pública o en la utilización de medios propios de las diferentes administraciones.
Por otra parte, incorpora una regulación de la realización de prácticas profesionales no laborales (art. 19 y Anexo II.3), la concesión de becas y ayudas que se conceden a los trabajadores desempleados que abarcan las relativas al transporte, manutención y alojamiento, así como las que permiten conciliar la asistencia a la formación con la vida familiar (arts. 20 a 23 y Anexo II).
En el BOE del 2 de abril se han publicado seis reales decretos a través de los cuales, y en los diferentes ámbitos, se aprueba la oferta de empleo público para 2019, la mayor de los últimos 11 años.
El Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo (BOE de 30 de marzo –en vigor el 31-03-2019–) procede al desarrollo normativo preciso para la aplicación efectiva en nuestro país del Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016 y de la Decisión de ejecución (UE) 2017/1255 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, regulando el sistema para la admisión de organizaciones como miembros y socios de EURES y el procedimiento para ello, para supervisar sus actividades y comprobar que respetan la legislación aplicable a la hora de aplicar el mencionado reglamento y, en caso de necesidad, revocar su admisión.
Con el objeto de consolidar el marco de liberalización del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías iniciado con el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, se publica en el BOE del 30 de marzo –y entra en vigor al día siguiente– el Real Decreto-Ley 9/2019, de 29 de marzo, (en adelante, RDL), que:
La Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (BOE de 25 de marzo), regula la creación, constitución, composición, organización y funcionamiento de la comisión paritaria para la resolución de las reclamaciones previas en materia de prestación por cese de actividad, a la que hace referencia el artículo 350.2 de la Ley General de la Seguridad Social (redactado por el RDL 28/2018), que habrá de informar con carácter vinculante las reclamaciones previas formuladas frente a las resoluciones denegatorias de las prestaciones por cese de actividad reguladas en el título V de la citada ley, dictadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
