Actualidad laboral sobre la crisis del Coronavirus AQUÍ

Legislación | Actividad Jurisdiccional | Noticias

Articulos General

El papel de la Sala IV del Tribunal Supremo contra la violencia de género: una de «cal», otra de «arena»

El papel de la Sala de lo Social del TS contra la violencia de género. Imagen de una mujer con la boca tapada

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén
Director de la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF

 

«La violencia [contra las mujeres] que actualmente aparece como una mancha negra de esta pandemia es un reflejo de nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad compartida, que se ven ahora amenazados. Nuestro empeño no debe consistir únicamente en sobrevivir al coronavirus. Debemos renacer de esta crisis con mujeres fuertes, que ocupen el centro […] de la recuperación»
(ONU-Mujeres, Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra, 2020)

Análisis de las Recomendaciones contenidas en el «Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo»

Tras casi 10 años desde la aprobación de la anterior reformulación del Pacto de Toledo, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con fecha 19 de noviembre de 2020, el «Informe de evaluación y reforma del Pacto Toledo»,a través del cual la Cámara legislativa vuelve a reafirmar su compromiso con el mantenimiento y defensa de un sistema de Seguridad Social y, dentro del mismo, con el sistema público de pensiones.

Aunque el nuevo Pacto de Toledo contiene 22 recomendaciones, que intentan abarcar todos los aspectos y ámbitos relacionados con la Seguridad Social, en su reformulación destacan dos cuestiones básicas: la vuelta al consenso respecto de la actualización periódica de las pensiones, para que, al menos, mantengan su poder adquisitivo y la consolidación de la separación de las fuentes de financiación, de manera que solo las prestaciones estrictamente contributivas mantengan su financiación básica a través de las cotizaciones sociales, al tiempo que las demás prestaciones y servicios encuentren su cobertura financiera a través de la imposición.

Además, y por su novedad, también han de subrayarse las recomendaciones dedicadas a la juventud, en la convicción de que la Seguridad Social española se asienta, entre otros principios, en un contrato generacional, señalando la necesidad de que el sistema de pensiones cuente con el respaldo de las personas jóvenes, y la relacionada con la incidencia de la digitalización de la economía y de la sociedad en el sistema de Seguridad Social.

De todo ello da cuenta D. José Antonio PANIZO ROBLES en el análisis que se ofrece aquí «en abierto».

El largo camino recorrido por y para la igualdad en el trabajo

El largo camino recorrido por y para la igualdad en el trabajo

Yolanda Rangel Lorente
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social

Hay cuestiones en las que la mayoría de la sociedad reclama cambios y avances, en la que los objetivos y retos están claros; hay cuestiones transversales que requieren una apuesta firme y decidida para remover los obstáculos actuales desde el ámbito educativo hasta el ámbito laboral o profesional; hay cuestiones transversales cuya promoción y mejora son merecedoras de esfuerzo. Una de estas cuestiones es la no discriminación proclamada en el artículo 14 de nuestra Constitución, o mejor sería hablar de uno de nuestros derechos superiores, la no discriminación por razón de género.

Y cualquier cambio significativo requiere conocer el largo camino recorrido para promover la igualdad desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, así como valorar los esfuerzos que se realizaron para conseguir la plena capacidad laboral. De esta forma podremos identificar con claridad las tareas todavía pendientes para promover la igualdad por razón de género.

Hacia una transición ecológica justa en el ámbito de las relaciones de trabajo y la inmigración

La declaración de la emergencia climática y ambiental puso en un primer plano de la agenda política de los Estados el problema del cambio climático. Es éste el gran reto del siglo XXI, cuya inmensa magnitud se explica por su alcance global y sus profundas consecuencias. A la enorme complejidad del problema se une la necesidad de que deba afrontarse desde la solidaridad interestatal, que en la actualidad no atraviesa precisamente su mejor momento. 

El cambio climático y sus consecuencias tienen una profunda imbricación económica y social. Así, en materia netamente laboral, entre otras cosas, exige la adaptación de condiciones de trabajo y plantea cambios en el empleo. En el plano social, reclama indagar una respuesta jurídica que solvente adecuadamente la situación de quienes han de abandonar sus hogares a consecuencia del cambio climático, cubriendo el vacío que existe en la actualidad. 

En este contexto, resulta sumamente interesante la Decisión del  Comité de Derechos Humanos de la ONU de 7 de enero de 2020, que es examinada con detalle por la profesora Margarita Miñarro Yanini en el editorial del número 451 (octubre 2020) de la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF que se ofrece «en abierto». Esta Decisión apunta a la apertura de vías de tutela hasta ahora inexploradas para dar protección a las personas que pierden sus hogares y no pueden regresar a sus Estados de origen a consecuencia de los efectos del cambio climático, activando a tal fin la protección del derecho a la vida ex artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que impide la deportación o extradición de la persona cuando ello implique que no pueda desarrollar su vida en condiciones de dignidad. Ante la falta de respuestas específicas y la gran rigidez con la que se interpreta la institución del asilo, la autora defiende con sólidos argumentos que el criterio que subyace en esta Decisión, si bien tiene algunos puntos débiles, es positivo e importante, pues a partir de él podría llegar a consolidarse el cauce de tutela de la «protección por razones climáticas».

¿Se pueden utilizar datos reservados o confidenciales para instrumentalizar la defensa en el proceso laboral?

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Málaga 515/2020, de 13 de mayo

Francisco Vila Tierno
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Málaga.
Of Counsel GVA & Atencia


La COVID-19 y el arte de lo (jurídicamente) posible: del estrés legislativo al colapso interpretativo

¿Dependen las medidas sociolaborales frente a la tragedia de la COVID-19 del estado de alarma? ¿El estado de alarma está provocando limitaciones de tal intensidad, también en derechos laborales, que puede haber mutado en estado de excepción encubierto? Estas y otras muchas cuestiones, que hoy copan la actualidad, son afrontadas en profundidad por el profesor Molina Navarrete en el editorial del número de mayo de la RTSS.CEF que ofrecemos EN ABIERTO y donde se dibuja un escenario inquietante para la era posCOVID-19.

¿Es suficiente este derecho excepcional «por aluviones» frente a la pandemia del COVID-19?

La respuesta a la situación de pandemia generada por la enfermedad COVID-19 ha requerido de un amplio conjunto de medidas jurídico-laborales. Para atender la compleja situación planteada para las empresas y las personas trabajadoras se han adoptado «en cascada» una serie de medidas excepcionales en relación con la reorganización de la actividad productiva (como el trabajo a distancia y la adaptación y/o reducción de jornada), se han diseñado ERTE extraordinarios por causas de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (acompañados también de una tutela extraordinaria en materia de desempleo), así como un conjunto de medidas sobre mantenimiento del empleo y tutela frente al despido.

En la medida que suponen una excepción a numerosas previsiones ordinarias para la gestión laboral empresarial, también son una fuente de posibles controversias tanto aplicativas como interpretativas que tratan de avanzarse en el análisis del profesor Fernández Avilés contenido en el editorial del número 445 de la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF que ofrecemos aquí EN ABIERTO.

EPI para Letrados de la Administración de Justicia; no y sí para el personal sanitario

Como era de esperar, el aluvión de justas reivindicaciones de medidas de protección de los diversos profesionales en primera línea de fuego contra el nuevo coronavirus, a fin de poner fin al drama específicamente español de la mayor incidencia de contagios en profesionales de todo el mundo, auguraba resoluciones judiciales dispares. Y así está sucediendo. No solo hay contradicciones entre diversos niveles judiciales de un mismo orden –social–, sino entre diversos órdenes judiciales –contencioso y social–, y para el mismo personal, e incluso para una misma empresa. En tiempo de máxima incertidumbre vital (sanitaria, social, económica, laboral, legal), la interpretación jurídica debe ofrecer las máximas certidumbres posibles.

Páginas