Glòria Poyatos i Matas
Magistrada especialista Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas)
Margarita Miñarro Yanini
Secretaria de Redacción de la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF
Cristóbal Molina Navarrete
Director de la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF
«Atesoran relámpagos los montes.
La lluvia se lleva los reproches.
Beben las palmeras y se sacian.
Se abre el corazón […]»
J. Sánchez Adalid (Los Baños del pozo azul)
Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén
Director de la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF
«La violencia [contra las mujeres] que actualmente aparece como una mancha negra de esta pandemia es un reflejo de nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad compartida, que se ven ahora amenazados. Nuestro empeño no debe consistir únicamente en sobrevivir al coronavirus. Debemos renacer de esta crisis con mujeres fuertes, que ocupen el centro […] de la recuperación»
(ONU-Mujeres, Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra, 2020)
Tras casi 10 años desde la aprobación de la anterior reformulación del Pacto de Toledo, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con fecha 19 de noviembre de 2020, el «Informe de evaluación y reforma del Pacto Toledo»,a través del cual la Cámara legislativa vuelve a reafirmar su compromiso con el mantenimiento y defensa de un sistema de Seguridad Social y, dentro del mismo, con el sistema público de pensiones.
Aunque el nuevo Pacto de Toledo contiene 22 recomendaciones, que intentan abarcar todos los aspectos y ámbitos relacionados con la Seguridad Social, en su reformulación destacan dos cuestiones básicas: la vuelta al consenso respecto de la actualización periódica de las pensiones, para que, al menos, mantengan su poder adquisitivo y la consolidación de la separación de las fuentes de financiación, de manera que solo las prestaciones estrictamente contributivas mantengan su financiación básica a través de las cotizaciones sociales, al tiempo que las demás prestaciones y servicios encuentren su cobertura financiera a través de la imposición.
Además, y por su novedad, también han de subrayarse las recomendaciones dedicadas a la juventud, en la convicción de que la Seguridad Social española se asienta, entre otros principios, en un contrato generacional, señalando la necesidad de que el sistema de pensiones cuente con el respaldo de las personas jóvenes, y la relacionada con la incidencia de la digitalización de la economía y de la sociedad en el sistema de Seguridad Social.
De todo ello da cuenta D. José Antonio PANIZO ROBLES en el análisis que se ofrece aquí «en abierto».
Yolanda Rangel Lorente
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social
Hay cuestiones en las que la mayoría de la sociedad reclama cambios y avances, en la que los objetivos y retos están claros; hay cuestiones transversales que requieren una apuesta firme y decidida para remover los obstáculos actuales desde el ámbito educativo hasta el ámbito laboral o profesional; hay cuestiones transversales cuya promoción y mejora son merecedoras de esfuerzo. Una de estas cuestiones es la no discriminación proclamada en el artículo 14 de nuestra Constitución, o mejor sería hablar de uno de nuestros derechos superiores, la no discriminación por razón de género.
Y cualquier cambio significativo requiere conocer el largo camino recorrido para promover la igualdad desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, así como valorar los esfuerzos que se realizaron para conseguir la plena capacidad laboral. De esta forma podremos identificar con claridad las tareas todavía pendientes para promover la igualdad por razón de género.
La declaración de la emergencia climática y ambiental puso en un primer plano de la agenda política de los Estados el problema del cambio climático. Es éste el gran reto del siglo XXI, cuya inmensa magnitud se explica por su alcance global y sus profundas consecuencias. A la enorme complejidad del problema se une la necesidad de que deba afrontarse desde la solidaridad interestatal, que en la actualidad no atraviesa precisamente su mejor momento.
El cambio climático y sus consecuencias tienen una profunda imbricación económica y social. Así, en materia netamente laboral, entre otras cosas, exige la adaptación de condiciones de trabajo y plantea cambios en el empleo. En el plano social, reclama indagar una respuesta jurídica que solvente adecuadamente la situación de quienes han de abandonar sus hogares a consecuencia del cambio climático, cubriendo el vacío que existe en la actualidad.
En este contexto, resulta sumamente interesante la Decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 7 de enero de 2020, que es examinada con detalle por la profesora Margarita Miñarro Yanini en el editorial del número 451 (octubre 2020) de la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF que se ofrece «en abierto». Esta Decisión apunta a la apertura de vías de tutela hasta ahora inexploradas para dar protección a las personas que pierden sus hogares y no pueden regresar a sus Estados de origen a consecuencia de los efectos del cambio climático, activando a tal fin la protección del derecho a la vida ex artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que impide la deportación o extradición de la persona cuando ello implique que no pueda desarrollar su vida en condiciones de dignidad. Ante la falta de respuestas específicas y la gran rigidez con la que se interpreta la institución del asilo, la autora defiende con sólidos argumentos que el criterio que subyace en esta Decisión, si bien tiene algunos puntos débiles, es positivo e importante, pues a partir de él podría llegar a consolidarse el cauce de tutela de la «protección por razones climáticas».
Francisco Vila Tierno
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Málaga.
Of Counsel GVA & Atencia
