Articulos General

Contratos de duración determinada. Despido improcedente por nulidad del periodo de prueba. Los salarios de tramitación sólo alcanzan hasta el momento en que dicho contrato debió extinguirse por alguna de las causas legales o pactadas que válidamente producen su extinción. En los contratos temporales, cuya duración ya ha vencido en el momento de dictarse la sentencia, la obligación de optar se convierte en una obligación única de indemnizar.

La sentencia objeto de comentario une a la trascendencia de su contenido, su innegable oportunidad. En unos momentos de liberalización a ultranza e indiscriminada de la «prestación de servicios», so capa de un necesario incremento de la competencia en los sistemas de (economía de) mercado, la sentencia objeto de comentario «pone las cosas en su sitio», desmintiendo que una visión meramente economicista sea intrínsecamente deseable y no pueda producir efectos perversos y dañinos para la población, en general, y cada uno de los individuos que la componen, en particular. Se trata de una sentencia que, en otra perspectiva, acompasa al sino de los tiempos, que no es otro que el de una cada vez mayor complejidad científica y técnica, la cual se instala en todos los aspectos de la vida. En esa línea establece que los titulares de una farmacia que tienen la condición de licenciados o doctores en farmacia (farmacéuticos), si bien pretenden la obtención de beneficios, cuando explotan una farmacia, dada su condición de farmacéuticos de profesión no lo hacen simplemente por mero ánimo de lucro, sino que también atienden a un criterio profesional. Por lo tanto, su interés privado en la obtención de beneficios está mitigado por su formación, su experiencia profesional y la responsabilidad que les corresponde, ya que una eventual infracción de las normas legales o deontológicas no sólo pondría en peligro el valor de su inversión, sino también su propia existencia profesional. Por contra y a diferencia de los farmacéuticos, las personas que no tienen dicha condición carecen, por definición, de una formación, experiencia y responsabilidad equivalentes a las de los farmacéuticos y no ofrecen las mismas garantías que aquéllos. Por consiguiente, es razonable considerar que, a diferencia de las farmacias explotadas por farmacéuticos, la explotación de una farmacia por una persona que carezca de dicha condición puede suponer un riesgo para la salud pública, concretamente para la seguridad y la calidad de la distribución de medicamentos al por menor, dado que el ánimo de lucro en este tipo de explotaciones no dispone de referidos elementos mitigadores propios de los farmacéuticos.

La prohibición de discriminación por edad naturalmente abarca a la relación laboral, de tal manera que aquella no puede, por sí misma, justificar un trato peyorativo para un trabajador. Bajo la eufemística denominación de jubilación convencional, se ha producido un ataque frontal al derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores a partir de una determinada edad (generalmente la de jubilación establecida en los sistemas de Seguridad Social). La sentencia objeto de comentario reconduce el tratamiento deparado por la jurisprudencia comunitaria a semejante supuesto discriminatorio, y si bien permite nominalmente su pervivencia, las limitaciones y condicionamientos a los que lo somete prácticamente lo proscriben.

Los trabajadores desplazados de terceros Estados precisan además de cumplir la normativa laboral la obtención de una autorización de trabajo. La regulación que hace la ley y reglamento de extranjería es absolutamente insuficiente y debemos completarla con la normativa laboral, con los convenios internacionales de Seguridad Social de los que España forma parte y la jurisprudencia comunitaria.

Por primera vez se aborda un estudio conjunto de los Trabajadores Transnacionales de Terceros Estados (TTTE) de forma sistemática, reconstruyendo todos los escenarios posibles de transnacionalidad y la forma de resorlverlos desde el punto de vista de extranjería conjugando adecuadamente y en la medida de lo posible con la normativa fiscal y de Seguridad Social.

Concesión de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, por aplicación directa de dicha norma, cuando no se cumplan los presupuestos señalados en el artículo 45 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El presente trabajo desarrolla un supuesto práctico relativo a cómo se efectúa la cotización a la Seguridad Social, la valoración de las retribuciones en especie, el cálculo del tipo de retención y del ingreso a cuenta y la forma más idónea de confeccionar el recibo de salarios, todo ello en base a la aplicación de las normas de Seguridad Social y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tras el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, se produjo un cambio de tendencia en lo que había venido siendo el Programa de Fomento de Empleo de cada año (aprobado en las respectivas Leyes de Presupuestos), cuya aplicación se produce a partir de 1 de julio de 2006. Tras la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, que recoge y modifica algunos extremos del anterior Decreto-Ley se consolida esta tendencia, con bonificaciones generalmente fijas, y con una regulación que tiene la pretensión de ser permanente en el tiempo.

No obstante, que la Ley 43/2006 regule el Programa de Fomento del Empleo con vocación de permanencia en el tiempo, no significa que la regulación de los incentivos a la contratación no sufra ajustes puntuales contenidos, principalmente, en las sucesivas LPGE para cada año.

Todas estas medidas vigentes para el ejercicio 2009, tanto las reguladas en la Ley 43/2006, como las contempladas al margen de la misma, son las que a continuación se exponen.

El Real Decreto-Ley 4/2008, de 19 de septiembre (BOE del 20), y el Real Decreto 1800/2008, de 3 de noviembre (BOE del 11), regula la posibilidad de abono, de forma anticipada y acumulada, del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador extranjero y que esté pendiente de percibir, condicionando su percepción al retorno voluntario a su país de origen, a cambio de no regresar a España en un plazo de tres años. En el presente trabajo se analizan las circunstancias en las que se enmarca esta medida, explicando el procedimiento a seguir para todos aquellos que decidan acogerse a ella.