Legislación Estatal

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el 13 de mayo de 2026 el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, un instrumento internacional llamado a marcar el desarrollo futuro de la regulación de la inteligencia artificial (IA). Su importancia radica en que sitúa el uso de la IA en un terreno que va más allá de la innovación tecnológica o la competitividad económica: el de la protección de los derechos fundamentales, la calidad democrática y las garantías propias del Estado de Derecho.

El BOE de 8 de mayo de 2026 publica la Resolución de 31 de marzo de 2026, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por la que se actualizan los módulos económicos utilizados para calcular los costes financiables de la actividad formativa del ámbito laboral inherente al contrato de formación en alternancia. La medida responde al incremento acumulado del IPC desde 2013 y entrará en vigor el 1 de junio de 2026.

La resolución afecta directamente al sistema de bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social aplicable a este tipo de contratos formativos, regulado en el artículo 19 del Real Decreto 1065/2025 y conectado con el régimen de incentivos previsto en el Real Decreto-ley 1/2023.

Hasta ahora seguían vigentes los módulos económicos fijados en la Orden ESS/2518/2013, que establecía importes de 8 euros por participante y hora en modalidad presencial y 5 euros en teleformación. La nueva resolución incrementa dichas cuantías tras constatar que no habían sido actualizadas en más de una década.

A continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés sociolaboral publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 1 al 30 de abril de 2026, sombreando aquellas que han sido objeto de análisis en esta página.

El Real Decreto-ley 10/2026, de 28 de abril, publicado en el BOE de 29 de abril y en vigor el día siguiente, aprueba un conjunto de medidas urgentes de distinto alcance, pero con un objetivo común: reforzar la respuesta pública ante situaciones de emergencia y evitar que determinadas ayudas o compensaciones se vean reducidas por su tratamiento fiscal. Desde una perspectiva sociolaboral, la principal novedad se encuentra en la protección excepcional reconocida a las personas trabajadoras afectadas por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, a la que se suman medidas tributarias vinculadas a la DANA, incendios forestales, reparaciones a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y reglas financieras para administraciones territoriales afectadas por emergencias.

Protección excepcional de Seguridad Social para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

El contenido de mayor interés estrictamente sociolaboral se recoge en la disposición adicional primera, que refuerza la protección de las personas trabajadoras víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en:

• Adamuz (Córdoba), el 18 de enero de 2026, en la línea Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes-Sevilla-Santa Justa.
• Gelida (Barcelona), el 20 de enero de 2026, en la línea Sant Vicenç de Calders-L’Hospitalet de Llobregat.

La Resolución de 14 de abril de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, publicada en el BOE de 15 de abril, aprueba unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios del personal al servicio de la Administración General del Estado (AGE) y de sus organismos públicos. La norma deroga la Resolución de 28 de febrero de 2019 y reorganiza de forma completa esta materia, con una novedad destacada: la jornada general pasa a ser de 35 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual. Junto a ello, la resolución refuerza las medidas de conciliación, da cobertura expresa a la figura de la persona cuidadora, ordena el régimen de vacaciones y permisos y endurece las reglas de control horario y seguimiento del absentismo.

El Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, introduce una modificación relevante del vigente Reglamento de Extranjería aprobado por el Real Decreto 1155/2024. La reforma abre una vía extraordinaria de regularización para determinados extranjeros que ya se encuentran en España y ajusta varios puntos del reglamento para corregir rigideces prácticas detectadas en estos meses de aplicación. Su entrada en vigor se produce el 16 de abril de 2026, al día siguiente de su publicación en el BOE.

La exposición de motivos identifica con claridad la finalidad de la reforma: facilitar la plena integración de personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. El real decreto conecta esta opción con la reducción de la irregularidad, la prevención de situaciones de explotación laboral, el refuerzo de la Seguridad Social, la mejora de la recaudación tributaria y la transparencia del mercado de trabajo. Al mismo tiempo, presenta la reforma desde una perspectiva de derechos, con especial atención a la infancia y a la perspectiva de género como principios informadores del texto.

El Real Decreto 301/2026, de 8 de abril, publicado en el BOE del 11 de abril y en vigor el 12 de abril de 2026, modifica la regulación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) contenida en el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, con el objetivo de reactivarlo y adaptarlo al actual marco de la sostenibilidad empresarial. No se trata de una norma que imponga nuevas obligaciones directas a las empresas, sino ante una reforma de carácter institucional y competencial, orientada a reforzar el papel del consejo como órgano asesor y consultivo del Gobierno en materia de responsabilidad social empresarial.