Legislación Estatal

La previsión contenida en el Real Decreto-ley 19/2026, analizada recientemente con motivo de la reforma de la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas, ya se ha materializado. La Orden PJC/683/2026, de 7 de julio (BOE de 8 de julio), publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se actualizan las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dando cumplimiento a la disposición adicional única de aquella norma.

La Orden TES/679/2026, de 29 de junio (BOE de 7 de julio), modifica la Orden TMS/368/2019 para adaptar el régimen de financiación de las subvenciones destinadas a la oferta formativa de las administraciones competentes a la reforma introducida por la Ley 3/2023 en la Ley 30/2015. El objetivo es reducir la carga financiera que soportan las entidades de formación y favorecer su participación en la impartición de acciones formativas.

A continuación se reseñan, al objeto de facilitar la acotación temporal de la normativa recientemente aprobada, las normas de interés sociolaboral publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 1 al 30 de junio de 2026, sombreando aquellas que ha sido objeto de análisis en esta página.

En el BOE de 30 de junio de 2026 se publica la Orden PJC/654/2026, de 29 de junio, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 2026 que aprueba la segunda prórroga del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor, activado inicialmente por Acuerdo de 23 de diciembre de 2024 al amparo del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.

El Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio (BOE de 30 de junio), que entra en vigor el 1 de julio de 2026, incorpora medidas urgentes dirigidas a facilitar la aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 11/2024. Asimismo, prevé la revisión de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal destinado en Illes Balears.

El Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio (BOE de 30 de junio; entrada en vigor el 1 de julio), prorroga y ajusta diversas medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la crisis en Oriente Medio. Aunque el contenido de la norma se centra principalmente en los ámbitos energético, tributario, agrario y del transporte, incorpora también varias previsiones de interés sociolaboral dirigidas a preservar el empleo y fomentar una movilidad al trabajo más sostenible.

La principal novedad laboral se encuentra en el capítulo V («Medidas de carácter social»), integrado por los artículos 31 y 32, donde se condiciona el acceso a las ayudas públicas al mantenimiento del empleo y al cumplimiento de determinadas obligaciones empresariales en materia de movilidad sostenible.

En el BOE del 24 de junio de 2026 (c/e BOE de 9 de julio) se publica el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, con el objetivo de fortalecer y consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La norma incrementa de forma significativa la financiación estatal destinada a la atención de las personas en situación de dependencia y actualiza las cuantías mínimas de protección garantizadas por la Administración General del Estado.

Se ha publicado en el BOE de 1 de junio de 2026 la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, por la que se modifica la Orden ISM/903/2020, reguladora de las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social. La norma entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2026 y amplía de forma significativa los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente con la Seguridad Social en materia de notificaciones.

La reforma se concentra fundamentalmente en la modificación de los artículos 4, 5 y 6 de la Orden ISM/903/2020, incorporando nuevos colectivos obligados a recibir notificaciones electrónicas y estableciendo medidas destinadas a evitar situaciones de indefensión derivadas de la brecha digital.