La Resolución de 18 de marzo de 2020 (BOE de 26 de marzo de 2020) con vigencia durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y hasta el día 14 de noviembre de 2020, ambos incluidos, declara que:
La Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales (BOE de 25 de marzo), publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el de 27 de noviembre de 2008 para flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios de atención a la dependencia mientras persista la situación de crisis COVID-19.
La Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo (BOE de 25 de marzo), con entrada en vigor desde su publicación, declara la validez de autorizaciones de los transportistas, medios de transporte y contenedores, así como de los certificados de formación de los conductores o cuidadores expirados a partir del 1 de marzo de 2020, y de los cuadernos de a bordo u hojas de ruta aunque no hayan sido sellados por la autoridad competente.
Las medidas contenidas en la Orden SND/274/2020, de 22 de marzo (BOE de 24 de marzo y efectos inmediatos), van destinadas a garantizar el adecuado suministro de agua para consumo humano y el correcto saneamiento de las aguas residuales durante esta situación de crisis sanitaria.
El pasado 21 de marzo se dio cuenta en esta página de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptaban medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios ante el COVID-19.
Estas medidas se ven complementadas por las recogidas en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo (publicada y en vigor el 24 de marzo), que se exponen a continuación y que son de aplicación a todos los centros de servicios sociales de carácter residencial (centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de análoga naturaleza), públicos o privados.
La Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, establece la obligación para los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de los medicamentos considerados esenciales para la gestión de esta crisis sanitaria, con independencia de que estén actuando por sí mismos o a través de entidades de distribución por contrato, de suministrar información, asegurar el abastecimiento y priorizar su fabricación.
