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Cuando una empresa decide el despido de un trabajador este puede ser procedente, improcedente o nulo. Cada una de estas tres tipologías de calificación de un despido tiene diferentes consecuencias para la empresa y el trabajador que conviene conocer.

Una de las diferencias entre estas calificaciones que puede tener un despido es la relativa al coste que supone para la empresa. En este sentido, nos podemos encontrar con las siguientes situaciones:

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos; una norma que incorpora al ordenamiento jurídico español cuatro directivas de la Unión Europea a la vez.

A la hora de comunicar el despido de un trabajador algunas empresas están llamando la atención por sus formas rocambolescas de formalizar despidos. Algunas compañías están haciendo uso de inteligencias artificiales para decidir y comunicar despidos, otras despiden a trabajadores durante sus vacaciones y otros trabajadores se enteran de que han sido despedidos cuando reciben antes el ingreso del finiquito en su cuenta corriente que la notificación del despido.

El despido de un trabajador se debe comunicar siempre por escrito, tanto si se trata de un despido por causas objetivas, un despido colectivo o un despido disciplinario. En este último caso se deben de incluir los hechos que lo motivan y la fecha en la que tendrá efecto (art. 55. ET).

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Este nuevo baremo de valoración de la discapacidad sustituye al que estaba en vigor desde 1999 y se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con un enfoque de derechos humanos.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2022.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha admitido a trámite la reclamación interpuesta por UGT el pasado 24 de marzo contra el actual sistema español de despido, en la que el sindicato alega que la legislación española en materia de despidos individuales sin causa justificada (art. 56 Estatuto de los Trabajadores, art. 110 Ley reguladora de la jurisdicción social, y normas posteriores) incumple de manera manifiesta el artículo 24 de la Carta Social Europea y el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT, en la medida en que se establece un sistema de cálculo tasado que no permite modular la indemnización legalmente prevista para reflejar la totalidad del daño sufrido, ni garantiza su efecto disuasorio.

En una empresa de éxito que crece y genera beneficios sus empleados son su principal activo, mientras que en una empresa en crisis sus empleados pueden considerarse como un pasivo a tener en cuenta para liquidar o vender la compañía.

Cuando una empresa adquiere un inmovilizado, contablemente se registra en el activo del balance y se le suman todos los gastos directos e indirectos necesarios hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. Sin embargo, los costes necesarios para formar a un trabajador constituyen un gasto para la empresa, al igual que sus costes salariales.

Por lo tanto, si una empresa adquiere un robot, este será un activo a amortizar en varios años y su situación en el balance de la empresa incrementará su valor. Sin embargo, un trabajador que genere mayor valor a la empresa que el robot contablemente constituirá un gasto a detraer de los beneficios empresariales del ejercicio.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 que se remitirá al Congreso de los Diputados en esta semana. Unas cuentas públicas centradas en la justicia social y la eficiencia económica que permiten implementar unas políticas de protección para la sociedad española en un contexto de alza de los precios provocado por la invasión rusa de Ucrania.

Unos presupuestos que, además de ocuparse de lo urgente con medidas de refuerzo del Estado del Bienestar dedicando seis de cada 10 euros a gasto social, también continúan por la senda trazada desde el inicio de la legislatura para modernizar el tejido productivo, consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad.