Con este título se ofrece aquí en abierto el artículo del profesor Cristóbal Molina Navarrete en el que sostiene una posición claramente crítica respecto del Dictamen 188/2026 del Consejo de Estado sobre el proyecto de reglamento de registro de jornada.
El Real Decreto 241/2026, de 25 de marzo, regula para el ejercicio 2026 la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas, la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado y la actualización de otras prestaciones sociales públicas.
La norma se dicta en desarrollo del Real Decreto-ley 3/2026 (convalidado por Resolución de 26 de febrero de 2026, del Congreso de los Diputados) y, además, deroga expresamente el Real Decreto 39/2026, que había sido aprobado en enero.
Desde un punto de vista práctico, el real decreto cumple una función de ordenación y cobertura reglamentaria del régimen de pensiones y prestaciones públicas de 2026, manteniendo las cuantías ya previstas para este ejercicio sobre la nueva base legal vigente.
El Real Decreto 240/2026, de 25 de marzo, modifica la regulación de la compatibilidad del ingreso mínimo vital (IMV) con los ingresos procedentes del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia (RD 789/2022) con la finalidad de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.
El Real Decreto 239/2026, de 25 de marzo (BOE de 26 de marzo), con entrada en vigor el 1 de julio de 2026, modifica el Real Decreto 1277/2003 para reforzar las garantías de seguridad del paciente en la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La reforma parte de la necesidad de asegurar que la asistencia sanitaria sea prestada por profesionales con la titulación oficial y las competencias adecuadas, e incorpora además una actualización de la clasificación y definición de varias unidades asistenciales.
El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio (BOE de 21 de marzo y en vigor el 22 de marzo), incorpora un bloque de contenido sociolaboral que se articula en tres grandes líneas: refuerzo de la protección social frente al encarecimiento energético, apoyo a autónomos y sectores especialmente expuestos, y medidas de mantenimiento del empleo vinculadas a las ayudas públicas.
Consulte la normativa autonómica más relevante y las convocatorias de ayudas y subvenciones, publicadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de marzo de 2026.
La Orden SND/208/2026, de 9 de marzo (BOE de 14 de marzo), en vigor el 15 de marzo de 2026, modifica el anexo II del Real Decreto 81/2014 para actualizar el listado de prestaciones sanitarias sometidas a autorización previa en el ámbito de la asistencia sanitaria transfronteriza dentro de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. La finalidad de la reforma es adaptar la regulación a la experiencia acumulada desde 2014 y a los avances científicos y técnicos producidos en estos años.
La norma recuerda que la asistencia sanitaria transfronteriza se enmarca en la Directiva 2011/24/UE, que reconoce el derecho de los pacientes a recibir atención en otro Estado miembro, con la idea de facilitar una asistencia segura y de calidad y reducir cargas burocráticas. No obstante, también admite que determinados tratamientos puedan quedar sujetos a autorización previa cuando concurran razones de planificación sanitaria, alto nivel de especialización o elevado coste.
El BOE de 12 de marzo de 2026 publica el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, una norma que desarrolla el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, estando en España, no tengan residencia legal.
La finalidad de este real decreto es evitar diferencias territoriales, reducir trabas burocráticas y facilitar un acceso efectivo a la sanidad pública a un colectivo que, pese a tener reconocido ese derecho en la ley, seguía encontrando obstáculos en la práctica.
La norma parte de la reforma introducida en 2018 para recuperar un enfoque de acceso universal al Sistema Nacional de Salud y del reconocimiento de que, desde entonces, han persistido problemas de aplicación desigual entre territorios y exigencias administrativas adicionales que dificultaban el reconocimiento del derecho.
